DNU: ¿Cómo impactará en los tribunales el rechazo del Senado?

El rechazo en el Senado al DNU 70/2023 de Javier Milei, que desreguló la economía, derogó y modificó más de 70 leyes, generó ya el día después los primeros efectos en tribunales. El Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló en un recurso de queja ante la Corte Suprema que esa decisión parlamentaria agregaba un relevante argumento a la hora de fallar. A esta ONG le habían rechazado en la Cámara del fuero contencioso su pedido de inconstitucionalidad y nulidad del decreto con el argumento de que no planteaban «un caso» y que no estaban legitimados. Fue un argumento utilizado por muchos jueces y juezas para esquivar una decisión contundente. Justo ayer -como estaba previsto- la Asociación Americana de Juristas (rama argentina) expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas las razones de su reclamo para que intervenga ante los efectos del DNU y otras decisiones que generan «violaciones al sistema democrático, los derechos humanos y el derecho al desarrollo».

El Observatorio tramita su amparo junto con Claudio Lozano y la Comunidad Indígena Mapuche Rankel Rupu Antv. Fue el primero de todos los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia. Con los días serían decenas de acciones judiciales y pedidos de medidas cautelares. 

La sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo les había dicho que no advertía «gravedad institucional» y que no habían demostrado que su reclamo excediera un «interés individual», es decir, que afecte a la comunidad. Los desvinculó del proceso colectivo que había sido registrado. Luego les rechazó la apelación y por eso fueron ayer, cuando se vencía el plazo, directo a la Corte con un recurso de queja. Argumentaron que cualquier ciudadano/a puede presentarse como tal por tener «derecho a la Constitución y la Democracia, un derecho humano» reconocido internacionalmente. Es un caso paradigmático porque revela un derrotero repetido en otros amparos, con magistrados/as que buscaron atajos para eludir pronunciarse sobre un asunto que la inmensa mayoría define sin dudar como inconstitucional. Algunos concedieron cautelares en situaciones individuales. 

Señalaron también que la Cámara había sido arbitraria y que omitió otro eje de su presentación, que postulaba la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 26.122 sobre el tratamiento de los DNU. Esa norma establece que un DNU cae si votan en su contra la Cámara de Diputados y la de Senadores. En cambio, advirtieron, «le basta al Presidente con lograr que una de las Cámaras apruebe el DNU para imponer su voluntad sobre el Congreso». «El sistema bicameral determina que cualquier proyecto para que sea ley necesita la aprobación de ambas cámaras pero en el caso del DNU eso no sucede. Esto para nosotros es inconstitucional. Con el rechazo del jueves hay un ‘caso'», explicó el abogado Jonatan Valdivieso, del Observatorio.

La demanda original decía que para dictar el mega DNU el Poder Ejecutivo se arrogó funciones legislativas sin ninguna «circunstancia excepcional» que lo habilite -como prevé la Constitución, por ejemplo, si el Congreso no está funcionando- y sin necesidad y urgencia. Señalaba también que a través del decreto se impulsa «la modificación radical y estructural del modelo de desarrollo humano, de progreso económico con justicia social, de productividad de la economía nacional y de crecimiento económico del país sin esperar que el Congreso pueda evaluar la propuesta y el radical nuevo rumbo que se plantea». En la queja ante la Corte subrayaron: «No sólo es una violación flagrante del principio republicano de división de poderes sino también es una violación a las normas que regulan el sistema democrático». 

Infinidad de amparos

La cantidad de amparos y otras presentaciones esparcidos por distintos fueros y rincones del país es abrumadora, difícil de determinar. Hubo algunos jueces/zas que concedieron cautelares para suspender la aplicación del DNU ante los aumentos de empresas de medicina prepaga. Es el único rubro donde hay acciones colectivas, con efectos -de todos modos- acotados a jubilados y otras personas en diversas situaciones de vulnerabilidad. Esto ocurrió con la prepaga el Hospital Italiano y con Osde, aunque en el segundo caso la definición parece más amplia. La Cámara del Trabajo sí avanzó en suspender todo el capítulo laboral; un juez había dejado sin efecto la derogación de la Ley de Tierras durante la feria pero, al volver el titular del juzgado, dio marcha atrás. La Cámara Federal de San Martín confirmó la suspensión del tramo del DNU que permitía a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Con el DNU completo nadie se metió hasta el momento. Nadie se atrevió a declararlo nulo. 

El mensaje de la Corte Suprema fue que no hará nada a la espera de que actúe la política. Tiene en sus despachos una decena de planteos vinculados al DNU: los de la CGT y CTA, La Rioja, Misiones, la federación de viajantes, la competencia por un caso colectivo de prepagas, Jorge Rizzo -de Gente de Derecho-, La Fraternidad y el Observatorio. Algunos de ellos son pedidos de inconstitucionalidad y nulidad del DNU. Ahora la expectativa está puesta en lo que suceda en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el decreto sigue vigente y causa estragos en especial en la salud y los bolsillos de muchos ciudadanos/as. 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad le contestó a la Cámara que solo la cantidad de reclamos judiciales sobre la constitucionalidad del DNU demuestra que hay gravedad institucional. «Estos cuestionamientos tuvieron su traducción social en las constantes manifestaciones de la ciudadanía en el espacio público en rechazo», sostuvo la organización. 

En la ONU

La Asociación Americana de Juristas (AAA) que tiene representación ante la ONU, había denunciado ante el Comité de Derechos Humanos «la desintegración del Estado y la devastación económica implementadas por el gobierno de Milei». Ayer se presentó ante ese órgano para dar una explicación oral sobre su pedido de evaluación e intervención. Mostró cómo en tres meses de gobierno se tomaron «medidas que contradicen  los derechos fundamentales de la Constitución como también los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible». Cuestionó los medios utilizados por el Gobierno, como el protocolo antipiquetes, el DNU, «la coerción» a los legisladores y gobernadores, así como las medidas económicas que, señalaron, generaron «3,6 millones de nuevos pobres». Sobre el protocolo de Patricia Bullrich ya hubo recomendaciones de un grupo de relatores y advertencias sobre la violación a los derechos humanos.

En cuanto al DNU, la Asociación enumeró las leyes derogadas y modificadas que afectan «diversas áreas de la vida social» con medidas «siempre en un sentido de desregulación favorable a las empresas privadas». Mencionó la ley de góndolas, la de alquileres, el observatorio de precios, la derogación de la ley de tierras (que limitaba su venta a extranjeros), la desregulación de precios en la medicina prepaga, la habilitación de las privatizaciones, las medidas que suman poder al sector minero y los ruralistas, entre muchos otros. También hizo referencia a los efectos que podría provocar la Ley Bases, que Milei intenta imponer. Incluyó los despidos masivos, el retiro de programas de asistencia, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, el intento de cierre de la agencia Télam y la reconversión del INADI. «El mundo tiene que saber que, cuando dominan estos intereses, los pueblos son devastados», dijo a la AM 750 Claudia Rocca, presidenta de la rama argentina de la AAA.