Meta enfrenta nuevamente un proceso judicial en EE. UU. por presunta programación adictiva de Instagram y Facebook
por la influencia de Instagram y Facebook en menores vuelve a ser objeto de un proceso judicial en los Estados Unidos, inserto en una serie de demandas que ponen en entredicho la función de las redes sociales en la vida de los menores. En esta ocasión, la acusación ha sido interpuesta por los procuradores generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Las autoridades afirman que la empresa configuró sus servicios con características orientadas a fomentar la dependencia.
Este miércoles se llevará a cabo la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, próximo a San Francisco, mientras que las audiencias comenzarán el 18 de agosto y se prolongarán alrededor de seis semanas. Se prevé que el fallo sea emitido a principios de octubre.
Meta y una nueva acción legal contra sus plataformas por supuesta creación de dependencia
Los fiscales generales exigen limitaciones al uso de Instagram y Facebook por parte de menores y contemplan sanciones que podrían ascender a US$1,4 billones, cifra comparable al valor de mercado de Meta. Mark Zuckerberg figura entre los principales testigos convocados por la acusación y deberá declarar antes de finales de septiembre.
Zuckerberg comparecerá como testigo.
Esta será la segunda comparecencia de Zuckerberg ante un tribunal en menos de medio año, tras el juicio en Los Ángeles, donde su testimonio resultó poco persuasivo para el jurado.
El origen de la causa se remonta a una investigación iniciada a finales de 2021, cuando una ex‑empleada de Meta, Frances Haugen, difundió miles de documentos internos denominados “Archivos de Facebook”. Dichos archivos revelaron que la compañía había analizado el efecto de Instagram sobre la salud mental de los adolescentes aunque públicamente proclamaba la seguridad de la plataforma.
El proceso en Oakland será el primero de su tipo ante un juzgado federal. Un eventual revés para Meta podría abrir la posibilidad de negociar un acuerdo con los estados demandantes, en una magnitud semejante a la que la industria del tabaco alcanzó en el pasado.
La posición de los Estados demandantes
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de violar la normativa de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil (COPPA). La acusación se centra en el diseño de las aplicaciones, en particular en funciones que alientan el uso prolongado, como el scroll infinito, las notificaciones intrusivas o nocturnas y los indicadores de “me gusta”.
La estrategia legal pretende eludir la inmunidad que disfrutan las plataformas estadounidenses respecto al contenido generado por sus usuarios. En este caso, los estados no ponen en tela de juicio el contenido publicado en Instagram y Facebook, sino la arquitectura misma de las aplicaciones.
El monto de US$1,4 billones se calcula considerando a cada menor afectado como una infracción separada, con sanciones de varios miles de dólares por caso, según la fiscalía.
El jurado ejercerá una función consultiva. La jueza Yvonne González Rogers será la responsable de fijar las multas y las medidas correctivas. La magistrada ya había encabezado el litigio entre Apple y Epic Games y la controversia judicial entre Elon Musk y los creadores de ChatGPT.
Padres de adolescentes impactados por las redes sociales podrían ser citados nuevamente a declarar durante el proceso, tal como ocurrió en Los Ángeles. Además, el juicio podrá transmitirse en tiempo real a través de YouTube.
Meta y un año marcado por litigios
El presente año ha estado plagado de denuncias contra las grandes corporaciones tecnológicas propietarias de redes sociales. Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, es una de las entidades más afectadas y sus aplicaciones continúan bajo escrutinio público debido al nivel de dependencia que generan en los jóvenes, hecho ya demostrado. La compañía ha recibido dos sentencias condenatorias en lo que va del año.
En marzo, un jurado de Los Ángeles responsabilizó a Meta y YouTube por la adicción de una adolescente californiana y ordenó una indemnización de US$6 millones. Posteriormente, en Nuevo México, la empresa fue condenada a pagar cerca de US$1.000 millones en multas e indemnizaciones, además de implementar restricciones sin precedentes en las cuentas de menores. Meta anunció que apelará ambas resoluciones.
La compañía manifestó tener confianza en su trayectoria de protección de los adolescentes en línea. En su defensa, sostiene que la salud mental de los jóvenes no puede atribuirse a una única aplicación y argumentará que algunas de las funciones impugnadas están amparadas por las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad de expresión.
Fuente: Ambito.com
