La Corte de Justicia concede amparo contra la retención gubernamental del impuesto a los combustibles
El Poder Judicial aceptó formalmente la acción de amparo interpuesta por los diputados nacionales entrerrianos del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra la actuación del Estado, al retener los recursos originados por el impuesto a los combustibles destinados a la conservación de la red vial.
El magistrado federal de la Cámara de Victoria, Federico Martín, dispuso que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad entreguen, en un plazo de tres días, un informe detallado sobre la utilización de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Dicha notificación se efectuó la semana pasada, iniciándose así el término para responder en el expediente «Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986» (N° 12957/2026).
Los legisladores sostienen que la recaudación proveniente del impuesto a los combustibles posee una destinación legal concreta y, por ende, debe canalizarse exclusivamente al sector vial. Según sus argumentos, encaminar esos recursos a instrumentos financieros con el fin de equilibrar las cuentas públicas desvirtúa la finalidad para la cual fueron creados.
Con base en ese diagnóstico, Bahl, Michel y Marclay solicitan la reactivación de las obras y labores de mantenimiento de la carretera nacional en Entre Ríos, poniendo especial énfasis en las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.
Controversia sobre la condición de las carreteras
Uno de los pilares del amparo es la cuantía de los recursos que ingresaron al sistema y que, según la investigación presentada por los parlamentarios, no fueron destinados a la ejecución de obras viales.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SISVIAL recibió a nivel nacional más de $1,5 billones. No obstante, durante ese intervalo únicamente se asignaron aproximadamente $394.406 millones a proyectos de infraestructura vial. En términos simples, tres de cada cuatro pesos recaudados no se tradujeron en inversión para la red de carreteras.
El informe también indica que, al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía invertido en bonos soberanos y plazos fijos. Conforme al planteamiento judicial, el propio Ejecutivo admitió que dichos montos se contabilizan para sustentar el equilibrio fiscal.
La acción judicial se produce simultáneamente al avance del modelo de concesiones viales promovido por la administración de Javier Milei. El pasado 7 de octubre, la Nación concedió, por veinte años, la gestión de 276 kilómetros de rutas entrerrianas.
La medida incluye el tramo de la ruta nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el segmento de la ruta nacional 12 entre Crespo y Paraná.
Para los diputados, esa resolución no responde a la cuestión esencial del amparo: el destino de los fondos recaudados en los últimos dos años y la razón por la que no se aplicaron al mantenimiento de la red vial. Además, advierten que la concesión de esos corredores no soluciona el deterioro de las demás rutas nacionales que atraviesan la provincia.
La respuesta que deberán presentar el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional ante la Justicia constituirá el próximo paso en una controversia que pone bajo escrutinio la asignación de los recursos del impuesto a los combustibles y la política de infraestructura vial del Gobierno federal.
Fuente: Ambito.com
