Córdoba: ocho desaparecidos localizados en La Perla, elevando a 38 el total de nombres recuperados

En reiteradas ocasiones, los Tribunales Federales de Córdoba se convirtieron en el escenario donde descendientes de desaparecidos se sentaron en la primera fila, portando fotografías monocromas contra el pecho, mientras un magistrado pronunciaba nombres que durante medio siglo habían permanecido en el vacío.
El viernes 23 de octubre, el titular del Juzgado Federal N.º 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, reveló la identidad de ocho personas desaparecidas bajo la última dictadura cuyas reliquias óseas fueron halladas en Loma del Torito, zona colindante al terreno donde operó La Perla, dentro de la Guarnición Militar La Calera.
En la mesa estuvieron presentes la investigadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Silvana Turner, responsable de las labores en Córdoba; la genetista Laura Catelli; la jefa del Servicio de Antropología de la Justicia cordobesa, Anahí Ginarte; y el geólogo Guillermo Sagripanti, consultor del equipo.
Con esta comunicación, el número de víctimas identificadas desde que el EAAF inició sus trabajos en la zona, en septiembre de 2025, alcanzó los 38 casos. Las familias fueron informadas de forma confidencial antes de que los nombres se hicieran públicos. Vaca Narvaja recordó que los primeros restos aparecieron el 22 de septiembre del año anterior y que todo lo que hoy se procesa en los laboratorios proviene de esa recolección inicial, que inicialmente permitió identificar doce nombres, luego diecisiete y, finalmente, uno más. A ello se suma el material extraído en la campaña de excavación de este año, que aún aguarda su análisis genético.
El magistrado explicó que cada identificación posee una repercusión jurídica concreta, pues constituye el cierre de un delito que la normativa considera permanente mientras la persona siga sin aparecer. En esos supuestos, la desaparición deja de ser una categoría indefinida.
La identificación de ocho desaparecidos hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla se anunció en una rueda de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba. Con estas nuevas determinaciones, la cifra total asciende a 38 personas… pic.twitter.com/45iC2f6Xq4
El dato más relevante de la investigación reciente es que las ocho personas no guardan vínculo entre sí, pues fueron capturadas en distintos momentos de 1976, en lugares diversos de la provincia y en operativos no interconectados. Para los peritos, esa dispersión corrobora la hipótesis de que los restos fueron trasladados mediante maquinaria pesada a comienzos de 1979, cuando el régimen se preparaba para recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que arribó al país en septiembre de ese año.
El objetivo era eliminar la prueba más contundente de los crímenes que el gobierno negaba. Vaca Narvaja describió la frustración de aquel plan: “Los militares pensaron que con excavadoras y camiones podían ocultar los crímenes, pero la genética aplicada a fragmentos diminutos desarmó la maniobra”. El juez añadió que el expediente sigue abierto para determinar el destino de dichos camiones, y que ya existen indicios y testimonios que apuntan a posibles rutas.
La remoción dejó miles de fragmentos óseos diminutos, mezclados y deteriorados, que la antropología y la genética van reconstruyendo paulatinamente, con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Archivo Provincial de la Memoria. El magistrado recordó también que, en rondas anteriores, se identificaron personas desaparecidas ya en 1975, antes del golpe de Estado formal, y del 24 de marzo de 1967.
La labor de los investigadores del EAAF en el Laboratorio de Genética ubicado en Córdoba.
Identidades de los fallecidos
Durante la misma rueda, el juez rememoró a Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, cuya identificación se confirmó en agosto. Tenía 22 años, cursaba Psicología, trabajaba en IKA‑Renault, militaba en el PRT y era padre de una niña pequeña. Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en el barrio Alberdi.
Testimonios de los familiares
Al tomar la palabra, los familiares modificaron el tono de la conferencia. Algunas voces se interrumpieron a mitad de frase y se sucedieron largos silencios antes de proseguir. Sebastián Soulier, el bebé de cinco meses, habló tanto como hijo como querellante. Declaró que, después de medio siglo, la tierra empezó a devolver lo que guardaba, y que detrás de cada uno de los 38 nombres hay una familia que finalmente recibe una respuesta. “Hallarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”, concluyó.
La hermana de Néstor Acosta atribuyó la identificación a décadas de perseverancia de las familias y de los organismos de derechos humanos, que nunca dejaron de exigir justicia. Agradeció a los antropólogos, a los genetistas y a los tribunales, y se comprometió a seguir buscando a los que aún faltan, porque, según ella, “los desaparecidos nos faltan a todos”.
La rueda de prensa del juez federal Vaca Narvaja junto a los familiares de los ocho identificados.
Rosa Miriam Ludueña, sobrina de Pascual, sostuvo que la verdad, después de tanto tiempo oculta, comienza a circular sin restricciones, acercando la paz y la justicia. Solicitó que estos hallazgos sirvan para sacudir a quienes continúan indiferentes y para sostener el principio de Nunca Más.
María Mercedes, hermana de Mara Salto, relató la alegría de recuperar, aunque sea una mínima porción de su hermana, y de poder repatriarla a Cipolletti, la ciudad natal.
El testimonio más conmovedor provino de Graciela, hermana de Cecilia Pessina. La noticia la sorprendió la semana anterior, pues estaba convencida de que Cecilia había sido enterrada en otro sitio, ya que ningún superviviente recordaba haberla visto en La Perla. Entre la tierra removida apareció un metacarpo de su mano derecha. “Lo llamo ‘el huesito que habla’”, explicó. Ese fragmento confirma lo que nadie había podido probar: que Cecilia estuvo allí, que fue secuestrada y que fue asesinada. Su caso también evidencia que el campo ocultó a personas sin que quedara ningún testimonio.
La Perla, el campo de la Ruta 20
La Perla operó a la vera de la Ruta Nacional 20, en el trayecto entre la capital cordobesa y la turística Carlos Paz, sobre terrenos del Ejército. Dependía del Tercer Cuerpo, bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, y era gestionada por el Destacamento de Inteligencia 141. Funcionó entre 1976 y 1978 y, según estimaciones, entre 2 200 y 2 500 personas pasaron por allí. La mayoría sigue desaparecida.
Era un nodo central del exterminio en Córdoba, pues allí se interrogaba, se torturaba y se decidía el destino de los secuestrados, a quienes los represores denominaban “trasladados”, eufemismo que aludía al fusilamiento y al entierro clandestino en los campos circundantes. Los sobrevivientes describieron una sala con colchonetas en el suelo, prisioneros vendados durante meses y cámaras de tortura a escasos metros.
Los hechos se juzgaron en la megacausa La Perla–La Ribera, el proceso judicial más extenso de la historia de Córdoba, que culminó en 2016 con 28 condenas a cadena perpetua, entre ellas la de Menéndez. Desde 2009, el edificio funciona como Espacio para la Memoria.
No obstante, los juicios dejaron pendiente la cuestión del paradero de los cuerpos. Esa interrogante se está respondiendo hoy, hueso a hueso, gracias al trabajo en Loma del Torito. Graciela Geuna, promotora de la querella que impulsa la búsqueda en los terrenos del Tercer Cuerpo, sostiene que una democracia no puede sostenerse sobre cadáveres sin sepultura. Entre los restos que aún se buscan está el de su esposo, Jorge Omar Cazorla, cuya medalla ya emergió entre la tierra removida.
Los peritos realizan la labor manualmente en las áreas delimitadas para evitar dañar los restos.
El listado acumulado
Los ocho nombres anunciados este viernes se suman a los que Loma del Torito ya había devuelto. En marzo, la primera tanda permitió identificar a Ramiro Sergio Bustillo Rubio, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto D’Ambra Villares, Alejandro Jorge Monjeau López, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Óscar Omar Reyes de Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera Pizzi. En esa misma tanda aparecieron restos de una de las hermanas Carranza Gamberale, Adriana María o Cecilia María. Eran mellizas y la genética no pudo distinguir a cuál correspondía.
En mayo se anunciaron otros 17 nombres: Gilberto Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Silvia del Rosario Felipe, Luis Carlos Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Óscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.
En agosto se sumó Alejandro Jerez Bodereau. Entre los identificados se encuentran matrimonios que el régimen arrebató conjuntamente y que la tierra devolvió de la misma forma, como los Goyochea y los Cruspeire. Son 38 historias que durante medio siglo fueron un expediente sin cuerpo.
Para que la investigación siga generando más nombres, se requiere algo que no depende exclusivamente de los laboratorios; por eso Vaca Narvaja convocó a quienes tengan familiares desaparecidos a depositar una muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin una referencia con la cual comparar, explicó, muchos de los restos ya recuperados no podrán ser individualizados. A cincuenta años del golpe, ocho familias más cuentan ahora con un lugar donde llorar a sus seres queridos.
Fuente: Ambito.com





