La administración provincial de Buenos Aires iniciará una investigación sobre las billeteras virtuales por presuntas prácticas abusivas al conceder créditos
Axel Kicillof encabezó este jueves una rueda de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, acompañado por el ministro de Producción provincial Augusto Costa. En el acto presentaron nuevas iniciativas relacionadas con la contratación de créditos por parte de los hogares mediante billeteras digitales, entidades financieras no bancarias y otros prestamistas.
Kicillof inició su intervención describiendo la magnitud del fenómeno. “Resulta de dominio público, aunque no se cuantifique con precisión, el impacto que el sobreendeudamiento y la morosidad tienen en la vida de las personas y en la economía, una situación que ha alcanzado niveles sin precedentes. Según los datos oficiales, el 60 % de los adultos del país posee alguna deuda, lo que equivale a 21 millones de individuos; de ese conjunto, uno de cada cinco, alrededor de 6 millones, se encuentra en mora”. El gobernador subrayó que la facilidad para contraer deudas no es nueva, pero en los últimos dos años y medio la morosidad se disparó “de forma explosiva”.
En el sector bancario, la tasa de morosidad se quintuplicó durante la gestión de Javier Milei, pasando del 2,5 % al 12,8 %; la morosidad de quienes recurren a billeteras digitales se cuadruplicó, y la de los usuarios de financieras no bancarias aumentó del 17,5 % al 43 %.
“Este incumplimiento no es una cuestión entre particulares ni el resultado de decisiones aisladas”, afirmó Kicillof, atribuyendo el problema a la política económica del Gobierno nacional. Explicó que la imposibilidad de pago se origina en una macroeconomía deliberadamente desfavorable, con salarios y jubilaciones bajos, dificultades de rentabilidad y cierres masivos de pymes: desde la asunción de Milei se perdieron 30 mil empresas y 330 mil empleos formales. Además, señaló la política de “paritarias cero” y la falta de homologación de acuerdos salariales que superen ciertos límites, dentro de un esquema de estabilización antiinflacionaria que, según él, persigue mantener los salarios deprimidos.
El endeudamiento, indicó, es la consecuencia de que millones de hogares deben recurrir a la deuda para mantener su consumo o, en casos extremos, su subsistencia, debido a ingresos insuficientes. Primero agotan sus ahorros y postergan gastos, y luego solicitan créditos en un entorno donde las tasas de interés superan a la inflación, generando una dinámica de morosidad generalizada.
El mandatario cuestionó los argumentos del Ejecutivo nacional para eludir la responsabilidad. “Milei recurre a este recurso: sostiene que nadie fue obligado a contraer deuda y que se trata de un problema privado. Sin embargo, son millones los que se endeudan para pagar alimentos, medicamentos, alquiler o tratamientos médicos; no es un asunto de particulares, sino el resultado de decisiones gubernamentales, no de la gente”. En ese contexto, Kicillof puntualizó que, aunque la contratación de deuda es una decisión voluntaria, no equivale a cualquier contrato, dada la asimetría informativa entre el prestatario y el otorgante, y reiteró que el Estado debe regular este tipo de consumos, al igual que lo hace con los juegos de azar o el tabaco.
En relación a las billeteras digitales, el gobernador explicó que combinan la función de medio de pago con la de proveedoras de crédito y de canalización de recursos financieros, actividades que históricamente correspondían a los bancos, pero con una regulación mucho más laxa. Comparó la situación con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que desencadenó una recesión financiera mundial y obligó a las autoridades a regular esos créditos. Citó datos de los balances de Mercado Libre y Mercado Pago: mientras que en Brasil y México el negocio financiero representa entre un tercio y el 40 % de sus ingresos (el resto proviene del comercio), en Argentina la proporción se invierte, siendo el sector financiero el componente dominante.
Posteriormente, el ministro Costa describió las medidas concretas que la Provincia impulsa desde la Dirección de Defensa del Consumidor. Recordó que a principios de año se abrió una investigación de oficio tras denuncias contra Mercado Libre y Mercado Pago por los términos y condiciones que aceptan los usuarios al registrarse, los cuales no describían con claridad los costos ni las consecuencias de un eventual incumplimiento.
Según el funcionario, esas cláusulas trasladaban al usuario la responsabilidad por fallas de la plataforma, permitían a la empresa rescindir préstamos unilateralmente y obligaban a los usuarios a litigar en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires ante cualquier reclamo. “En agosto la empresa modificó su normativa, eliminando dichas cláusulas. Hoy, todos los usuarios del país disponen de mayores derechos gracias a las directrices de Axel, que buscan proteger a los consumidores de prácticas abusivas y cláusulas desleales”, afirmó el ministro, calificando el resultado como “virtuoso”.
En ese marco, Costa anunció que la Provincia intensificará las acciones de control sobre el sector, dentro de lo que describió como un aumento del endeudamiento impulsado tanto por políticas del Gobierno nacional como por prácticas de las empresas crediticias. Señaló campañas publicitarias que incitan a trasladar ahorros del sistema bancario a plataformas fintech con menor regulación, y advirtió sobre la proliferación de préstamos otorgados en pocos clics, con condiciones poco transparentes, tasas de interés que oscilan entre el 700 % y el 1 000 % según el prestatario, sin “botón de arrepentimiento” y con ofertas de productos financieros presentadas como si fueran de comercio electrónico.
Asimismo, destacó que, una vez que una familia entra en mora, se registran denuncias de acoso y hostigamiento por parte de los acreedores o de agencias de cobranza tercerizadas, que incluyen llamadas a familiares, al lugar de trabajo y amenazas de embargo.
En ese sentido, el ministro informó que la Provincia ya ha recibido 2 240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja, Ualá y Cencosud por incumplimientos, acoso y hostigamiento. Añadió que la Dirección de Defensa del Consumidor abrió un expediente de investigación con imputaciones de oficio por la falta de información en los préstamos y la ausencia de un botón de arrepentimiento, y solicitó informes a las empresas para que detallen los criterios con los que fijan las tasas de interés para cada cliente. Costa precisó que las sanciones, de confirmarse las infracciones, podrían alcanzar los 1 883 millones de pesos, además de la obligación de revertir las prácticas cuestionadas.
Kicillof concluyó la conferencia enfatizando que “la solución estructural al problema del sobreendeudamiento debe provenir del gobierno de Milei”, puesto que la autoridad reguladora del sistema financiero corresponde al Estado nacional. “Es un asunto grave, no es individual, no es una disputa entre privados y no se resuelve alegando que nadie te apuntó con una pistola al cuello. El gobierno nacional no está tomando medidas. Desde la Provincia, con los instrumentos a nuestro alcance, adoptaremos decisiones en los ámbitos limitados donde podemos actuar”, sostuvo.
Buenos Aires no es la única jurisdicción que decide intervenir ante los niveles récord de morosidad. Horas antes del anuncio bonaerense, el gobernador de La Ríoja, Ricardo Quintela, comunicó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, con el objetivo de avanzar contra los créditos abusivos en esa provincia.
Fuente: Ambito.com
