Una jueza del fuero criminal rechazó resolver un amparo contra el protocolo de seguridad
El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Santiago Carrillo, rechazó resolver el amparo derivado por la justicia criminal contra el protocolo de orden público por entender que el tema no corresponde al derecho administrativo y tiene un componente penal.
Carrillo declaró su incompetencia basado en los argumentos del fiscal del fuero, Rodrigo Cuesta, y derivó lo actuado a la justicia criminal para que allí se resolviera pero la titular del Juzgado 51, Graciela Sarada Angulo, declaró su incompetencia y el amparo volvió a Carrillo.
Sarada Angulo razonó que el amparo «invoca garantías constitucionales como la libertad de ambular, manifestarse, de trabajo, entre otras; y en un segundo plano cuestiona el encuadre penal que es citado por la resolución ministerial».
El amparo fue presentado el martes último por el abogado Daniel Valmaggia, quien cuestionó el denominado «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación» publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.
Valmaggia señaló como razón central para pedir el amparo que «la finalidad (del Ministerio de Justicia) es criminalizar las protestas y acallar las voces de quienes piensan diferente».
Ante la declaración de incompetencia de la jueza Sarada Angulo y de Carrillo, será entonces la Cámara en la Contencioso Administrativo federal quien decidirá cuál de los magistrados debe intervenir en la cuestión de fondo y otorgar, o no, el amparo de Valmaggia.
