Axel Kicillof vuelve a la Corte Suprema por una deuda de $2,2 billones de ANSES
Axel Kicillof llegará este martes a la Corte Suprema de Justicia con la certeza de que el tiempo juega a su merced.El regidor encabezará personalmente la segunda audiencia en el atractivo por los fondos previsionales que ANSES adeuda a la Provincia,una deuda que -según la última estimación oficial- ya trepó a los $2,2 billones.La presencia del mandatario conexo al equipo de abogados,técnicos y funcionarios porteño es,en sí misma,una señal sobre el calibre de las expectativas con que La Plata llega a la cita.
El conflicto tiene plazo de origen precisa: marzo de 2024,cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a rodar mensualmente a las provincias que,como Buenos Aires,no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado franquista.Desde entonces, la Provincia no recibió un peso por ese concepto. En abril de ese año,Kicillof formalizó la primera demanda en presencia de el mayor tribunal exigiendo la restitución de esos fondos,que la Provincia considera reconocidos por ley.El atractivo acumulado,a títulos actualizados,asciende a más de dos millones de millones de pesos.
La primera audiencia
La primera audiencia,celebrada el 17 de marzo pasado,dejó una señal que en La Plata leen como alentadora.Por la Provincia concurrieron los mismos funcionarios que irán en la próxima etapa: el ministro de Economía, Pablo López; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y la titular del IPS, Marina Moretti; mientras que en representación de ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.
Cuando el organismo previsional argumentó que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas,la Corte rechazó ese argumento como alegato válida y le dio 30 días para revisar si en realidad le faltaba información o si la Provincia ya se la había remitido.
Para los técnicos bonaerenses,la excusa de la ANSES resulta «inconsistente»: señalan que el organismo pudo procesar y validar las deudas de otras nueve jurisdicciones en tiempo récord durante el posterior semestre, mientras que mantiene en el «halo técnico» el atractivo de Buenos Aires,que representa casi el 50% del obligación previsional total de las provincias no transferidas.
La carga de la prueba quedó del costado de Nación.Al día posterior de esa audiencia,el gobierno dispuso un cambio en la conducción del organismo previsional: Fernando Bearzi, por entonces director ejecutor de ANSES,presentó su renuncia. «No sé si habrá tenido que ver su presencia», dijo el propio Kicillof días posteriormente en conferencia de prensa.
El fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires,Hernán Gómez.
Durante el mes que transcurrió entre ambas audiencias,representantes de la Provincia y de ANSES mantuvieron conversaciones técnicas. Fuentes del equipo sumarial porteño señalaron a Ámbito que ese intercambio fortaleció la postura provincial. La posición de La Plata es categórica: «Independientemente de las alegaciones de Nación,ellos suspendieron de forma intempestiva los anticipos», afirmó un funcionario con conocimiento directo del expediente.Y sobre el argumento de la desliz de información que ANSES esgrimió en la primera audiencia,la misma fuente fue convincente: «Eso es impostor.Nosotros nos pusimos a disposición para darles más información,complementar o aclarar lo que hiciera desliz y,posteriormente de varios intercambios,quedó claro que no era necesario,que tenían todo. Acá hay una intrepidez política de Milei de suspender toda transferencia al Estado provincial«.
El mecanismo bajo discusión es técnicamente complicado pero,para el equipo sumarial porteño,no admite lecturas ambiguas: ANSES debe calcular cuánto le hubiera correspondido percibir a un retirado porteño si el sistema previsional se hubiera transferido a Nación,y rodar esa diferencia a la Provincia.Ese flujo se cortó por decreto en 2024 -a través del DNU 280, cuya constitucionalidad impugna la Provincia- y la distribución porteño lo reclama íntegramente actualizado.
La puja política detrás del expediente jurídico
Los acuerdos que el gobierno de Milei cerró en las últimas semanas con otras provincias son leídos en el equipo sumarial porteño como movidas estrictamente políticas,que el Ejecutivo franquista adoptó en presencia de la presión acumulada en los territorios.Antes de la audiencia de en la próxima etapa,la Casa Rosada ya cerró entendimientos por sus cajas jubilatorias con Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Neuquén, Misiones, Chubut, Santa Fe y Corrientes.
Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos.Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se principio a saldar lo que le corresponde a los santafesinos.Se comienza a enriquecer en cuotas,los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones.… pic.twitter.com/zYuWl0xk3S
La organización con esos distritos consistió en la firma de convenios de «suscripción a cuenta» tras auditorías exprés,que en casos como el de Córdoba ya se tradujeron en giros mensuales actualizados de $10.000 millones.Para La Plata,este «desbloqueo selectivo» deja en evidencia que los fondos existen -de hecho,el Presupuesto 2026 contempla una partida de $2,5 billones para este fin- pero que se utilizan como moneda de cambio política.
En ese contexto,Buenos Aires decidió no pedir ser incluida en los adelantos de coparticipación que Nación habilitó semanas detrás para doce distritos.Nadie se lo ofreció,siquiera,confirmaron desde el gobierno provincial.Y el canal de diálogo directo con la Casa Rosada,por ahora,no existe. «Nosotros no tenemos diálogo con Nación,con lo cual vamos a intentar servirse» la instancia jurídico,admitió la fuente consultada.
Ocho demandas,un único frente con horizonte
La audiencia de en la próxima etapa a las 11 es la más avanzadilla de las ocho demandas que la Provincia abrió contra la Nación en menos de tres abriles de papeleo.El ministro de Economía porteño, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones y que desde la aceptación de Milei la pérdida de bienes -entre deuda directa,obras paralizadas y caída de la recaudación- llega a $22,2 billones.
Las ocho causas abarcan un perico amplio de conflictos fiscales con la Nación.Además de la deuda previsional de ANSES,la Provincia reclama fondos del Fondo de Seguridad, del Fondo Compensador al Transporte y del boleto integrado, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del financiamiento para bosques nativos y de la potestad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas. La octava y más nuevo demanda,presentada este lunes en presencia de la víspera de la audiencia del 21,reclama $1,13 billones por el supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.
El Fiscal de Estado,con intervención del asesor General de Gobierno,solicitó adicionalmente una medida cautelar para que Nación restituya el mecanismo de aggiornamento diferente -basado en inflación efectiva y no en estimaciones presupuestarias- y así evite la vivientes de nuevos perjuicios en torno a delante.
El asesor General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,Santiago Pérez Teruel.
De todas esas causas,sin requisa,solo la previsional tiene plazo concreta en el calendario jurídico.Las otras siete no registran señales de avance.
Qué puede suceder posteriormente
La expectativa en el equipo porteño de cara a la audiencia es positiva,aunque acotada. «La Corte fue muy enfática en la preparatorio audiencia pidiendo que Nación haga una propuesta», señaló el dirigente consultado,que sin requisa prefirió no ir en cabeza escenarios.En los pasillos de la Gobernación no descartan que,en presencia de la desliz de voluntad de diálogo de la Casa Rosada,el mayor tribunal opte por dictar una medida cautelar que obligue a Nación a retomar los giros mínimos de subsistencia,tal como ocurrió en precedentes históricos de conflictos por coparticipación.
Javier Milei y Axel Kicillof trasladan su disputa la Corte Suprema.
Más allá del resultado inmediato,el proceso jurídico tiene sus propios tiempos y pasos: una vez que la Corte define su competencia -instancia en la que interviene la Procuración General-, corre traslado de la demanda y Nación dispone de entre 60 y 90 días para objetar.Luego,el tribunal supremo puede convocar a una audiencia bajo el artículo 360,en la que se ponen en claro los hechos controvertidos y el rumbo del debate.
Pero hay un hábitat que el equipo porteño pondera con particular atención: «La Corte tiene en claro que este tema tiene un componente político muy robusto y,en casos de este tipo,suele instar a las partes a conseguir a un acuerdo político», explican cerca de Kicillof.Con el canal de diálogo directo con la Casa Rosada cerrado,la Provincia desafío a que sea precisamente esa presión del mayor tribunal la que fuerce la negociación que hasta ahora no fue posible por las vías políticas habituales.
