La Corte Suprema analiza la legalidad de la orden de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema analizará este miércoles la constitucionalidad de la medida que escudriñamiento poner fin a la ciudadanía por nacimiento, una audiencia a la que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca ratificó su presencia en la sesión, la cual iniciará a las 10:00, hora regional (14:00 GMT).
Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario republicano suscribió una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía cibernética para hijos de padres indocumentados o con visados temporales. La medida establece que el nacimiento en suelo estadounidense ya no garantiza el status de ciudadano en estos casos.
Diversas instancias judiciales de beocio función frenaron la iniciativa al considerarla contraria a la Constitución, sosteniendo que la gran mayoría de los individuos nacidos en suelo estadounidense adquieren la ciudadanía de forma cibernética. Esta norma constitucional excluye exclusivamente a quienes no se encuentran bajo la facultad de los EEUU, como es el caso de los representantes diplomáticos extranjeros y las comunidades de tribus nativas que poseen soberanía propia.
El presidente Donald Trump confirmó a los periodistas su intención de asistir a la audiencia del mayor tribunal este miércoles: «Voy a ir».
Este hecho marcaría un hito extraordinario en la historia de los EEUU, puesto que sería la primera vez que un presidente en gimnasia acude a escuchar los alegatos de un caso que su distribución impulsa y defiende directamente delante los magistrados.
EEUU podría dejar avalar el status de ciudadano
La osadía del mayor tribunal llega 128 abriles a posteriori del precedente esencia en Estados Unidos, cuando la Corte determinó que “la ciudadanía por nacimiento se extendía a todos los nacidos en el país, salvo excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros, enemigos en ocupación o miembros de tribus nativas americanas”.
Como reacción, la ordenamiento de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) y otras entidades legales presentaron una demanda colectiva en nombre de tres familias cuyos hijos podrían estar excluidos de la ciudadanía, alegando que la orden de Trump viola tanto la Constitución como la ley federal. Si perfectamente el gobierno sostiene que la orden solo afectaría futuros casos, la ACLU advierte que este criterio “no alivia la incertidumbre de quienes ya son ciudadanos y podrían ver sus derechos cuestionados por la nueva interpretación”.
El impacto de un defecto a gracia del Gobierno no solo alteraría los precedentes constitucionales, sino que cambiaría la efectividad operativa de la ley de inmigración. Si la orden de Trump prevalece, la protección procesal de los hijos de padres indocumentados se vería amenazada, dejando en el melodía su status franquista y restringiendo su comunicación a garantías fundamentales
