Legisladores de Juntos por Jujuy denunciaron «irregularidades» en el reciente desafuero y suspensión de una diputada de ese espacio, medida que calificaron como un «avance de la persecución y violencia política» impulsada por el Gobernador Gerardo Morales para «disciplinar a la oposición» en esa provincia.
«Este es un hecho de gravedad institucional. Se trata de una suspensión absolutamente arbitraria plasmada de irregularidades», sostuvo el diputado Juan Cardozo, al iniciar una conferencia de prensa, convocada para repudiar la exclusión de la legisladora, Débora Juárez Orieta (Juntos por Jujuy) de la legislatura local, a partir de lo que -denunció- como una «causa armada» en su contra.
El desafuero se produjo el pasado miércoles durante la segunda sesión extraordinaria del cuerpo legislativo jujeño, en la cual se dio ingreso a un pedido remitido el día anterior por el Juzgado de Control Nº 6 de la provincia y que fue tratado al momento por moción del bloque que responde al gobernador radical Gerardo Morales.
Al respecto, Cardozo cuestionó que en un plazo de 24 horas se trató el desafuero peticionado y «sin siquiera estar firme el pedido, ya que, como toda resolución judicial, podía ser recurrida y no se dio esa oportunidad».
En relación a las presuntas irregularidades en el proceso de desafuero y suspensión de Juárez Orieta, Cardozo detalló que «el desafuero no estaba fundado porque la diputada siempre estuvo a derecho» y que «nunca hubo una denuncia de entorpecimiento por parte de la justicia».
Sin embargo, dijo, a pesar de ello «el oficialismo votó no solo el desafuero, sino que avanzó en la suspensión».
«Todo esto está enmarcado en el calendario electoral en marcha, de persecución a dirigentes políticos como la diputada Juárez Orieta», analizó Cardozo, quien denunció además recientes «detenciones arbitrarias de exfuncionarios y empresarios».
Para el diputado opositor, el «Poder Judicial de Jujuy funciona con brazo ejecutor del intento de disciplinar a la oposición y a los referentes políticos de la provincia desde el año 2015″, pero advirtió que el peronismo provincial «no bajará los brazos».
Por su parte, la diputada Mariela Ferreyra enmarcó el apartamiento de Juárez Orieta como parte de «una arremetida muy grande contra las mujeres que hacemos política y somos oposición».
«La diputada Juárez Orieta no es la primera mujer en la Cámara que lo sufre», denunció al recordar otros hechos vinculados a ella misma y el caso de su compañera de banca Alejandra Cejas.
En la misma línea, el legislador Emanuel Martín Palmieri criticó que «hay una clara voluntad política de reducir a todo aquel que piensa distinto y tiene el coraje de decirlo» y, en ese sentido, también apuntó contra el diputado y presidente del Partido Justicialista local, Rubén Rivarola, por el «nivel de connivencia con Gerardo Morales», ello vinculado a que el bloque que le responde también votó a favor del desafuero.
Sobre la investigación en contra de Juárez Orieta, su abogado, Juan Giusti, sostuvo que se trata de una «causa inventada» que data de 2012 y donde «las denunciantes son militantes radicales».
Tras hacer serios cuestionamientos al proceso, expuso que incluso había un «recurso de queja pendiente que se presentó dos días antes que la jueza pida el desafuero» y que «habiendo actividad recursiva, igual avanzaron en el desafuero».
