San Luis aprueba reforma constitucional que elimina la reelección ilimitada y suprime los comicios de mitad de mandato
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó de forma definitiva el proyecto de reforma constitucional promovido por el gobernador Claudio Poggi, y la provincia procederá a elegir a 52 convencionales para revisar la Carta Magna. El cese de la reelección ilimitada constituye uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa.
La moción obtuvo 30 votos favorables y 13 contrarios, convirtiéndose en ley tras recibir la autorización del Senado. La sanción legislativa no implica una reforma inmediata de la Constitución, sino la proclamación de la necesidad y conveniencia de llevarla a cabo y la definición de los asuntos que la Convención Constituyente podrá abordar.
Modificaciones previstas por la reforma en San Luis
El proyecto aprobado plantea la revisión de 23 artículos de la Carta Magna, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos adicionales; la Convención que los estudie estará compuesta por 52 convencionales elegidos por la ciudadanía en la próxima elección provincial general.
Entre los cambios más destacados se encuentra la reforma del artículo 147, que instaurará la prohibición total de la reelección después de dos mandatos consecutivos o alternados para quien ocupe la Gobernación. Asimismo, el mandato constitucional 2023‑2027 será considerado como el primer período a efectos de dicha limitación.
La reforma también propone ajustar el funcionamiento y el calendario electoral del Poder Legislativo. Las sesiones ordinarias se prolongarían del 15 de marzo al 31 de diciembre, y ambas cámaras, Diputados y Senadores, se renovarían en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador.
Para la puesta en marcha del nuevo esquema, se incluye una cláusula transitoria que extiende hasta 2031 los mandatos de los legisladores electos en 2025, cuyo término estaba previsto para 2029. A partir de las elecciones de 2031, las dos cámaras se renovarían íntegramente cada cuatro años.
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El mismo principio se aplicará a los Concejos Deliberantes, cuya renovación total coincidirá con la de las autoridades provinciales.
La unificación del calendario permitirá, además, eliminar las elecciones legislativas de medio término, disminuir los costos vinculados a la celebración de comicios cada dos años y evitar que la gestión pública se vea constantemente interrumpida por procesos electorales. Asimismo, favorecerá la planificación de políticas a largo plazo y reducirá la fatiga electoral que genera convocar a la ciudadanía a votar con tanta frecuencia.
Otro de los pilares centrales es la reforma del sistema judicial. El proyecto persigue garantizar la independencia del Ministerio Público, separándolo del Poder Judicial y creando una estructura de doble dirección compuesta por una Defensoría General y una Procuración General.
Se contempla también la constitución de un Consejo del Ministerio Público, que participará en la selección de los funcionarios de menor rango del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, así como la creación de un Jurado de Destitución propio.
La reforma habilita, además, cambios en la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, incorporando representantes del ámbito académico y del Senado. El organismo deberá elaborar un orden de mérito basado en concursos de antecedentes, y la terna que remita al Poder Ejecutivo será vinculante, solo podrá ser modificada por motivos fundados.
Asimismo, se establece una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público como condición para acceder a nuevas funciones, y se eleva de tres a cinco años la exigencia de ejercicio profesional o desempeño en determinadas funciones judiciales para acceder a la magistratura.
La iniciativa también fija un límite de 75 años para los integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. Al alcanzar esa edad, su continuidad podrá evaluarse mediante una nueva designación, con acuerdo del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes consiste en la incorporación de una cláusula federal que reafirme la autonomía provincial en consonancia con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. La propuesta contempla el ejercicio pleno de los poderes y competencias no delegados al Gobierno federal, la facultad de policía y tributaria de la Provincia sobre establecimientos de alcance nacional ubicados en su territorio, y la participación de San Luis en estudios, planes y decisiones de la administración federal, así como el debate de un nuevo régimen de coparticipación.
La Cámara de Diputados de San Luis.
Se habilita, además, la incorporación de un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, que contemple la capacidad provincial para celebrar convenios de inversión y cooperación directa y establezca principios generales para las relaciones con otros niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.
Por último, el proyecto propone modificar el plazo constitucional para la presentación del Presupuesto provincial. La fecha, actualmente fijada antes del 31 de agosto, se trasladará al 30 de septiembre inclusive.
Fuente: Ambito.com
