San Luis: tensiones entre el PJ y Claudio Poggi tras la detención de una exdiputada provincial
El Partido Justicialista de la provincia de San Luis y el mandatario Claudio Poggi se vieron envueltos en una disputa a raíz de la detención preventiva de la exdiputada provincial Anabela Lucero, quien enfrenta una causa por presunta malversación.
Se imputa a Lucero la supresión del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música en Villa Mercedes, durante la administración de Alberto Rodríguez Saá. Según la Fiscalía, la trama comprende gestión fraudulenta, asociación ilícita y apropiación indebida de fondos, con una posible pérdida de $900 millones para el erario.
A partir de este lunes, por resolución del juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, la acusada cumplirá 60 días de prisión preventiva, al igual que su hermano Enzo Lucero y Exequiel Scarel. La defendida, sin embargo, sostiene ser víctima de una «persecución política» y dirige sus críticas contra el gobernador Poggi.
Choques entre el peronismo y el gobernador Claudio Poggi en San Luis
Tras la captura, el PJ de la provincia difundió un contundente comunicado bajo el encabezado «No existe justicia ni democracia cuando se vulneran las garantías constitucionales». En él, califican los hechos como «un uso desmesurado y excesivo del poder cautelar y un grave precedente institucional para San Luis».
Según el texto, «los tres afiliados privados de su libertad no poseen antecedentes penales y mantienen fuertes lazos familiares. No se obstaculiza la investigación ni existe riesgo de fuga. No obstante, el magistrado Ortiz rechazó las propuestas defensivas y ordenó su reclusión durante 60 días en el Servicio Penitenciario, medida que ya está bajo revisión».
Al mismo tiempo, denuncian la “preocupante complicidad entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que resultan favorables al poder político provincial”. Añaden: «La Justicia no debe convertirse en instrumento para castigar a opositores, perseguir a dirigentes o ciudadanos que piensen de manera distinta».
Concluyen que «en San Luis debe imperar la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley para todos, sin privilegios para los allegados al poder y sin persecución para quienes discrepan».
Por su parte, el gobernador Claudio Poggi se abstuvo de comentar el proceso judicial en curso, aunque respondió al comunicado del peronismo señalando que su predecesor, Alberto Rodríguez Saá, había “ordenado el despojo del Estado” antes de su llegada al cargo.
El jefe del Poder Ejecutivo provincial recordó que, al asumir en 2023, presentó las denuncias correspondientes. “Recuperamos parte de los bienes y otros están sujetos a procesos judiciales; todo ello es consecuencia del vaciamiento del Estado ordenado por el exgobernador”, afirmó, calificando a Rodríguez Saá de “pícaro” por supuestamente haber instruido a otros a firmar.
Actualmente, Poggi ejerce su segunda gestión no consecutiva al frente de San Luis, tras haber gobernado entre 2011 y 2015 bajo la tutela de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá. En 2023 renovó su alianza con Adolfo y se impuso dentro del Justicialismo.
Recientemente, se ha distanciado de Adolfo, quien está intentando forjar una alternativa propia de cara a 2027.
Fuente: Ambito.com
