Provincia de Buenos Aires presentó la octava demanda contra Nación ante la Corte Suprema
La provincia de Buenos Aires formalizó ante la Corte Suprema una nueva demanda contra el Estado doméstico por supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio suscripto en 2023, con un aliciente que asciende a $1,13 billones, más modernización e intereses.La presentación fue girada este lunes,en la antesala de una audiencia vinculada a la causa por los fondos de Anses.
Se alcahuetería del octavo planteo procesal impulsado en menos de tres abriles por la despacho de Axel Kicillof.El mandatario había anticipado el avance de esta bono la semana pasada,durante un armonía con intendentes,y finalmente se concretó en el inicio de la semana.
De acuerdo con lo actuado por el Fiscal de Estado,Hernán Gómez,con intervención del asesor General de Gobierno,Santiago Pérez Teruel, la Provincia solicitó adicionalmente una medida cautelar para que el Gobierno doméstico restituya el mecanismo de modernización previsto originalmente y evite la engendramiento de perjuicios en dirección a delante.
El aliciente de la provincia de Buenos Aires
El aliciente incluye diferencias correspondientes al período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano -objeto de litigios previos-, así como el saldo irresoluto del convenio firmado en 2023.A ese monto se adicionan los ajustes e intereses derivados.
El Consenso Fiscal 2017,firmado entre Nación y provincias, establecía pautas de coordinación tributaria y de coparticipación,incluyendo la reducción escalonado de impuestos como Ingresos Brutos,la adecuación de regímenes previsionales y la cobertura de déficits en cajas jubilatorias no transferidas.
Desde la Provincia sostienen que el Estado doméstico modificó de modo personal el criterio de modernización,reemplazando el índice de inflación efectiva por estimaciones presupuestarias,lo que -según argumentan- derivó en una merma significativa de bienes.
La presentación se apoya en informes de la Comisión Federal de Impuestos y en la legislatura válido que regula los mecanismos de cálculo,bajo el principio de misión de los acuerdos fiscales en el situación del derecho intrafederal.
El jefe de la provincia de Buenos Aires,Axel Kicillof.
En paralelo,la Provincia mantiene otros siete reclamos ante la Corte vinculados a recortaduras en distintos fondos y transferencias.Entre ellos se encuentran el Fondo de Seguridad,el Fondo Compensador al Transporte,el boleto integrado,el FONID,el financiamiento para bosques nativos,la potestad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas y los fondos de Anses destinados al IPS.
Este extremo expediente es el único que registró avances recientes: a mediados de mes se realizó una audiencia convocada por la Secretaría de Juicios Originarios,en la que participaron funcionarios provinciales y representantes de Anses,y se habilitó una instancia de intercambio de información hasta el 21 de abril.
Según detalla la demanda,las acreencias reclamadas incluyen anticipos adeudados por la Nación,diferencias en la modernización de los anticipos 2023 (calculados sobre almohadilla 2018), fondos correspondientes a 2024 con almohadilla 2020 y desfasajes entre el compromiso de cajas no transferidas y anticipos sin refrescar de ejercicios previos.
En el escrito,la Provincia todavía remarca la competencia originaria de la Corte Suprema en este tipo de controversias,en camino con historial recientes en causas vinculadas a coparticipación que involucraron a distintas jurisdicciones.
Asimismo,solicita al tribunal una consideración particular respecto de la obligación del Estado doméstico de financiar los déficits previsionales de cajas provinciales no transferidas,conforme a legislatura válido desde 1999,al tiempo que subraya que la Provincia no se encuentra obligada a coordinar su sistema previsional con el régimen doméstico,aunque sí debe remitir información a Anses para la estimación del compromiso.
Por extremo,el planteo cuestiona el Decreto de Necesidad y Urgencia 280,firmado en marzo del año pasado,que instrumentó recortaduras en dichas transferencias,y cuya constitucionalidad es objetada por la despacho porteño.
