Boluarte evitó tres intentos de juicio político en Perú
El Congreso peruano rechazó este viernes tres nuevas iniciativas para destituir a la presidenta Dina Boluarte, asediada por críticas de la oposición en medio de investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Y en una decisión judicial al final del día una jueza de la corte superior revocó la detención del hermano y de uno de los abogados de la presidenta Boluarte, y ordenó la libertad de ambos mientras la fiscalía debe continuar con sus pesquisas.
El hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda, fueron detenidos hace una semana de forma preliminar, en un operativo en la que se allanó sus viviendas y se incautó material en busca de pruebas.
La jueza Sonia Torres, en la lectura de su fallo, afirmó que la detención era «desproporcionada» y que la fiscalía no había justificado bien los riesgos de fuga o de obstaculización a las pesquisas por parte de las personas investigadas.
La decisión más temprano del Congreso, cuya aprobación a su gestión está por debajo del 10 por ciento, al igual que Boluarte, tiene como antecedente el rechazo en abril de otras dos mociones para expulsar a la jefa de Estado por anteriores denuncias.
Ninguna de las tres nuevas iniciativas presentadas por legisladores principalmente de izquierda alcanzaron el mínimo de 46 votos o 40 por ciento de los representantes asistentes requeridos para iniciar el proceso de una vacancia de Boluarte.
En caso de aprobarse una iniciativa para un juicio político, para echar a la presidenta se iban a necesitar 87 votos en otra sesión, un escenario poco probable porque la mayoría de legisladores conservadores o de derecha han dado señales de apoyo a la presidenta, que no tiene bancada en el Congreso.
La fiscalía inició hace una semana investigaciones contra Boluarte y su ministro del Interior, por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad tras desarmar a un equipo policial que apoya a los fiscales que investigan casos de corrupción.
La mandataria enfrenta también una investigación fiscal por un supuesto enriquecimiento ilícito vinculado al uso de costosos relojes Rolex; mientras que desde el año pasado encara una denuncia por presuntamente ser cómplice de decenas de muertes en las protestas de fines de 2022 y comienzos del 2023.
La presidenta, que asumió funciones a fines de 2022, ha rechazado las investigaciones y el martes descartó renunciar y afirmó que se mantendrá en el poder hasta el fin de su mandato, en 2026.
