realizaron la audiencia preliminar del juicio a un excomisario
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 4 de San Martín realizó este martes la audiencia preliminar del juicio en el que se acusa al excomisario de la Policía Federal del partido bonaerense de San Martín y agente de inteligencia, Roberto Álvarez, por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
Durante la audiencia, que se hizo vía Zoom, se determinó que las próximas indagatorias se realizarán los miércoles por la tarde y, si bien no se fijó una fecha exacta de inicio del juicio, se estima que comenzará entre fines de marzo y principios de abril de este año, informaron fuentes judiciales.
Este proceso oral y público tiene previsto juzgar a Álvarez, quien se encuentra acusado de haber «trasladado, una de las noches del 29 o 30 de agosto de 1980 a Edith Aixa Bona, quien se encontraba privada ilegítimamente de su libertad».
El traslado, según la causa, se hizo «desde uno de los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo hasta la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, de la que era su jefe», en donde «quedó alojada en condiciones inhumanas de detención, por el lapso de una semana aproximadamente hasta que fue llevada a la Unidad Carcelaria de Devoto».
El Tribunal está integrado por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, con la intervención del fiscal general Marcelo García Berro y de la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.
Esta causa se desprende del juicio «Contraofensiva I», donde Bona reconoció a uno de sus captores (Álvarez) cuando brindaba testimonio en calidad de testigo.
«Este proceso oral y público tiene previsto juzgar a Álvarez, quien se encuentra acusado de haber «trasladado, una de las noches del 29 o 30 de agosto de 1980 a Edith Aixa Bona, quien se encontraba privada ilegítimamente de su libertad»
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Los delitos que se abordan en esta causa se produjeron en el marco del plan criminal desplegado por la inteligencia castrense para la captura y desaparición de miembros de la organización Montoneros que se encontraban en el exilio y que, entre 1979 y 1980, retornaron al país para luchar contra la última dictadura.
Al respecto, la fiscal Sosti consideró -en declaraciones a Télam- que «el interés de esta causa es demostrar una vez más la función que tenían las distintas policías en el aparato represivo y fuerzas que estaban bajo el mando operacional del Ejército».
Sosti remarcó, además, el perfil del acusado en el momento de los hechos: «La particularidad de (Roberto) Álvarez es que venía de la Superintendencia de Seguridad Federal y había estado en la Dirección General de Inteligencia, o sea, un tipo de inteligencia dentro de la policía y a cargo de una comisaría».
«Causas como esta nos permiten hacer foco en esta función de intercambio que se sucedía dentro de un contexto que se llamaba ‘comunidad informativa’ integrada por todos los miembros que pertenecían a la inteligencia de las distintas fuerzas», señaló la fiscal.
