Del buitre Burford al negocio de las autopistas, los vínculos del nuevo procurador del Tesoro

Vas a asumir como Procurador del Tesoro, es decir, serás jefe/a de los abogados/as que representan los intereses del Estado Nacional, pero resulta que tu socio y padrino jurídico fue contratado como experto por un fondo buitre en el juicio de mayor envergadura contra tu país, la Argentina. ¿Podés actuar en forma independiente?, ¿A quién vas a defender?. Es más, el bufete que compartís con ese jurista, tiene como especialidad litigar contra el Estado. O sea, es también tu metier. Esa es la situación en la que se encuentra Santiago Castro Videla, el elegido por Javier Milei para reemplazar a Rodolfo Barra. Como informó Página/12 apenas se conoció la postulación, su mentor, el constitucionalista y administrativista Alberto Bianchi, es testigo experto del fondo Burford que reclama en Nueva York por supuestos millonarios perjuicios en la expropiación de YPF. Es el dato que generó más revuelo en estos días. Pero el panorama es aún más inquietante. Bianchi actuó como experto para grandes empresas contra del Estado argentino por lo menos en 15 pleitos internacionales. Uno de ellos, en pleno trámite, es impulsado por accionistas de Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario Oeste por la anulación (en 2022) de la renegociación de contratos de concesión que habían dolarizado los peajes durante el macrismo.
Vas a asumir como Procurador del Tesoro, es decir, serás jefe/a de los abogados/as que representan los intereses del Estado Nacional, pero resulta que tu socio y padrino jurídico fue contratado como experto por un fondo buitre en el juicio de mayor envergadura contra tu país, la Argentina. ¿Podés actuar en forma independiente?, ¿A quién vas a defender?. Es más, el bufete que compartís con ese jurista, tiene como especialidad litigar contra el Estado. O sea, es también tu metier. Esa es la situación en la que se encuentra Santiago Castro Videla, el elegido por Javier Milei para reemplazar a Rodolfo Barra. Como informó Página/12 apenas se conoció la postulación, su mentor, el constitucionalista y administrativista Alberto Bianchi, es testigo experto del fondo Burford que reclama en Nueva York por supuestos millonarios perjuicios en la expropiación de YPF. Es el dato que generó más revuelo en estos días. Pero el panorama es aún más inquietante. Bianchi actuó como experto para grandes empresas contra del Estado argentino por lo menos en 15 pleitos internacionales. Uno de ellos, en pleno trámite, es impulsado por accionistas de Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario Oeste por la anulación (en 2022) de la renegociación de contratos de concesión que habían dolarizado los peajes durante el macrismo.
El Cuerpo de Abogados del Estado, encabezado por el Procurador del Tesoro, fue creado por ley en 1947 (en la primera presidencia de Juan Domingo Perón) con la función de representar al Estado y sus reparticiones ante los tribunales, ya sea para ejercer su defensa o para iniciar demandas. Tiene la misma misión en tribunales extranjeros e instancias internacionales como el Ciadi, el Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Son pleitos en los que puede quedar comprometido el patrimonio estatal. La soberanía misma. Dentro de la perspectiva presidencial de destrucción del Estado tiene lógica, aunque sea de base un contrasentido, que Javier Milei haya elegido como procurador a un abogado más especializado en cuestionar al Estado, incluso en sus libros y publicaciones, que en defenderlo.
La designación de Barra al comienzo de la gestión libertaria fue parte de la pátina menemista que se quiso instalar. Había sido ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema. En el mundo jurídico, más allá de las diferencias ideológicas, es respetada su trayectoria y codiciada su llegada al fuero contencioso administrativo, donde se dirimen juicios en los que el Estado es parte. Castro Videla, de 43 años, no es tan conocido en ese ámbito tribunalicio como en el académico, pero sí Bianchi, que incluso fue conjuez.
El estudio jurídico que los une se llama «Bianchi, Galarce & Castro Videla». En su página web queda claro que son expertos en litigios «entre los particulares, el Estado Nacional, las provincias, los municipios y otros entes públicos». Lo suyo, se presenta el bufete, es también el «derecho empresarial y tributario» y en su cartera de clientes destaca a «empresas que llevan a cabo diferentes actividades vinculadas con la llamada regulación económica». Mencionan «prestadoras de servicios públicos (transporte, gas, telecomunicaciones), productoras de gas y petróleo, mineras, constructoras, empresas industriales y entidades financieras». Ofrece experiencia ante la Corte Suprema. Basta con rastrear casos ante ese tribunal para advertir que la mayoría son causas contra el Estado nacional, y a veces contra estados provinciales.
En algunas aparece la firma del mismo Castro Videla, en representación, por ejemplo, de Pampa Energía, o Transportadora Gas del Norte, entre otras. Barrick Gold, Minas Argentinas, Nidera (agropecuaria), Termoandes (central térmica de Salta), el Jockey Club, Petrobras, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, Alliance One Tobacco, son algunos otros clientes en la misma línea, para los que firma Bianchi.
Buitres y grandes empresas
«¿Juega para los argentinos?», se preguntó la diputada de Unión por la Patria Julia Strada en su cuenta en la red social «X», al recordar que el caso de YPF es el «el más importante que enfrenta la Argentina», que ya fue condenada por 16.000 millones de dólares en Nueva York, por lo que el pleito «requiere una firme estrategia de defensa» ya que ahora está en la Corte de Apelaciones. «¿El nuevo procurador del Tesoro designado por Milei, Castro Videla, va a poder desempeñar la tarea de defensa de los intereses de la Argentina?», insistió la legisladora, que además dirige el Centro de Economía Política (CEPA). También resaltó que su socio Bianchi «no es un desconocido en materia de juicios internacionales» pero es «un experto en litigar CONTRA nuestro país». «Cuando hay gente de los dos lados del mostrador ya sabemos como termina», advirtió.
El jurista Sebastián Soler, integrante del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), experto en causas y arbitrajes internacionales, ya había planteado en un posteo el posible «conflicto de intereses» en puerta en el caso de YPF, a lo que sumó luego: «Nombrar un procurador que debe excusarse de intervenir» «en juicios en el extranjero y en arbitrajes» «porque su exsocio actúa como ‘testigo experto’ contra Argentina en esos casos, nos perjudica».
La experiencia indica, además, que a veces las excusaciones pueden ser un camuflaje. En el mismo juicio por YPF, Barra se había excusado ya que había sido consultor jurídico de Petersen Energía (de la familia Eskenazi), que luego le vendió los derechos del juicio a Burford Capital. Entonces la defensa estatal quedó a cargo del subprocurador Andrés de la Cruz, pero resulta que también había integrado un estudio jurídico que representaba a Petersen, lo que fue denunciado por diputados de la Coalición Cívica. La designación de De la Cruz habría sido impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo.
Por si quedan dudas, en una declaración jurada en los tribunales neoyorquinos a la que accedió este diario, el abogado Bianchi asegura que todo lo que diga en esos estrados en este juicio está relacionado con la posición de la demandante, inicialmente Petersen. En el mismo documento el abogado adjunta un currículum con una lista de los juicios y arbitrajes internacionales de empresas contra la Argentina en los que intervino como experto, contratado por los privados, en expedientes de 2005 en adelante.
La nómina de esas empresas incluye a Impregilo (multinacional del rubro de construcción e ingeniería), Urbaser (empresa de residuos) y Aguas de Bilbao Bizcaia, la petrolera Mobil, Siemens, la Compañía General de Electricidad, Azurix (servicio de agua potable), El Paso Energy, Aguas de Aconquija, la distribuidora de Gas Camuzzi y la energética Enron, entre otras. También había una demanda de un grupo de tenedores de bonos por los que actuó. Y sigue en trámite una de Casinos Austria, que reclamó por la revocatoria de la licencia para explotar juegos de azar en Salta.
El caso Autopistas
La situación escandalosa con la renovación de contratos de concesión de peajes y autopistas que había implementado el gobierno de Mauricio Macri ganó notoriedad cuando el expresidente Alberto Fernández los declaró nulos. Esto llevó a que la española Abertis y el grupo malayo IJM iniciaran demandas ante la CCI y el CIADI contra el estado argentino. ¿A quién tienen cómo experto? A Bianchi. En esta ocasión, según pudo saber este diario, interviene a través de la contratación de otro conocido estudio: Marval, O’Farrell, Mairal. Héctor Mairal es otro de los padrinos de Castro Videla, igual que Manuel García Mansilla, uno de los candidatos del gobierno a la Corte, director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y exdecano de Derecho de la Universidad Austral, donde Castro Videla se graduó y es profesor.
Abertis tiene participación en Autopistas del Sol (Ausol), a la que se le adjudicaron los peajes del Acceso Norte, e IJM tiene una parte del Grupo Concesionario Oeste (GCO), con control en el Acceso Oeste. El Grupo Socma de la familia Macri tuvo parte de Ausol hasta 2017, pero se desprendió de las acciones después de cosechar el aumento de 400% los peajes con los tarifazos. En 2018 la administración Cambiemos les renovó los contratos hasta 2030 sin tener facultades porque la delegación del Congreso para esas negociaciones había caducado; los acuerdos permitieron dolarizar las tarifas, pese a la vigencia de la ley que disponía pesificarlas y como frutilla del postre se le reconoció cerca de 500 millones de dólares a Ausol y 300 millones a GCO sin respaldo técnico, económico y financiero alguno que lo explicara, como confirmó en 2023 la Auditoría General de la Nación. Fernández y el exministro de obras públicas Gabriel Katopodis denunciaron el «daño económico para el Estado» y para los usuarios.
Aunque la suma en juego no es comparable a la del litigio por YPF, no deja de ser considerable y se trata de una disputa en pleno trámite contra Argentina. En la justicia local, salpicó al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, al de Economía Nicolás Dujovne, al extitular de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador Bernardo Saravia Frías. Ahora están con falta de mérito. Dietrich (que había firmado los decretos) mantiene una situación tensa con el gobierno de Milei por negociados también de interés para Macri.
Paradojas
En la biografía de Castro Videla que figura en la página del estudio jurídico dice que desde 2009 es profesor adjunto de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, es decir, la de Procuración del Tesoro de la Nación. Toda una paradoja, ya que allí se enseña a defender los intereses estatales en distintas instancias judiciales y administrativas, algo poco abordado en la currícula de las facultades de Derecho del país. Bianchi también daba clases allí pero cuando Angelina Abbona era Procuradora del Tesoro, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo reconoció en medio de un arbitraje en el CIADI colaborando con la estrategia de los privados contra el Estado, y tuvo que renunciar. Volvió a esa actividad docente con el gobierno de Macri, pero cuando terminó aquella gestión se fue.
«Si la tarea docente de uno y del otro lado del mostrador ya marcaba un problema y generaba dudas respecto de qué principios y qué herramientas para la defensa del Estado podía enseñar un abogado que se dedicaba a acusarlo y demandarlo, la pregunta ahora es qué tipo de principios y prioridades orbitarán en Castro Videla, qué tipo de confidencialidad podrá guardar respecto de sus (¿ex?) socios del bufete, a quién defenderá», plantea Victoria Anadon, especialista en derecho administrativo. «La duda es si la designación de un abogado con este perfil no es un paso más hacia el desmantelamiento del Estado que viene llevando a cabo Javier Milei, ahora también respecto de la doctrina administrativa, que no es ni más ni menos que la infraestructura jurídica sobre la que se basan las acciones del Estado», añade. Los dictámenes de la Procuración del Tesoro, recuerda la experta, son de cumplimiento obligatorio para todos los abogados y abogadas del Estado Nacional.
«Habría que repensar si es necesario un abogado del Estado en el marco de un gobierno que explicita que viene a cerrar el Estado o es el topo para destruirlo. Porque ahí hay una contradicción», cuestiona la abogada investigadora del CONICET y profesora de la UBA Marisa Herrera. «Si sos procurador y no cumplís con la obligación de defender al Estado, por ejemplo no apelás decisiones que lo perjudican ¿No estás incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¡Qué incómodo aceptar ese cargo en este gobierno! O imaginemos que un procurador saca un dictamen en defensa expresa del Estado y para hacer cumplir la ley ¿Peligra su cargo?», propone pensar. «Entonces –dice Herrera– este reemplazo (de Castro Videla por Barra), asociado a otros nombres que no defienden los intereses del Estado, plantea algo más complejo y perverso. Hay una incompatibilidad ideológica/institucional. Pone en crisis la institucionalidad de la Procuración del Tesoro».