Este martes las organizaciones de la UTEP volverán a exigir alimentos para los comedores comunitarios frente al ministerio de Capital Humano. “Nueve jueces ya fallaron a favor de nuestro reclamo, que Sandra Pettovello sigue desoyendo”, recordó la referente social Dina Sánchez sobre la crítica situación alimentaria, que lleva nueve meses sin ser resuelta. La protesta comenzará a las diez de la mañana, en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal.
Este martes las organizaciones de la UTEP volverán a exigir alimentos para los comedores comunitarios frente al ministerio de Capital Humano. “Nueve jueces ya fallaron a favor de nuestro reclamo, que Sandra Pettovello sigue desoyendo”, recordó la referente social Dina Sánchez sobre la crítica situación alimentaria, que lleva nueve meses sin ser resuelta. La protesta comenzará a las diez de la mañana, en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal.
Otra demanda, que nació por una medida de gobierno más reciente, se suma a la de alimentos. Es la de una cobertura de salud y jubilación accesibles para los trabajadores de la economía popular.
Por una decisión del ministerio de Economía, a partir de octubre quienes tienen monotributo social deberán empezar a pagar el 50 por ciento del costo de la obra social por sí mismos.
Esta categoría del monotributo es utilizada por los trabajadores independientes de menores ingresos, es decir por integrantes de cooperativas de la economía popular o emprendedores, así como por quienes perciben un programa social (del Volver al trabajo o Acompañamiento Social, que reemplazaron al Potenciar Trabajo).
Para poder seguir teniendo cobertura de salud, los monotributistas sociales deberán pagar 6.900 pesos por persona (en el caso de las madres y padres, ese monto se multiplica por la cantidad de hijos), una carga pesada para quienes tienen ingresos de subsistencia. En promedio, los monotributistas sociales tienen un familiar adherido a la obra social, lo que permite anticipar que habrá una importante cantidad de personas que no podrán sostener su cobertura de salud.
Por otra parte, Pettovello acaba de dar de baja al 10 por ciento del padrón de los monotributistas sociales, en una de sus “auditorías”. La ministra dispuso, además, que durante octubre quienes cobran planes sociales deberán reempadronarse para poder seguir dentro del monotributo social. Como estos trámites ya no se pueden realizar de manera conjunta (por ejemplo, con un referente social que tramite 20 o 30 reempadronamientos de su barrio) sino que cada uno debe hacerlo personalmente, son reempadronamientos en los que se desgranan más beneficiarios. Los alcances de la política social que le dio origen a este régimen se seguirán reduciendo.
“El monotributo social a costo cero permitía la formalidad, la cobertura de salud y la posibilidad de jubilarse a cientos de miles de trabajadores de nuestro sector”, señaló Sánchez.
Campaña por una ley alimentaria
Con el mismo reclamo para que Pettovello restituya el envío de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, las organizaciones que integran la Coordinadora por el Cambio Social comenzaron una campaña por la sanción de una ley alimentaria.
Su propuesta es que el Congreso ordene la creación de un Fondo para la Emergencia Alimentaria. Las organizaciones plantean que en momentos en que el 52 por ciento de la población está en la pobreza y la indigencia se acerca al 20 por ciento, dar o no asistencia alimentaria a los comedores populares no puede continuar atado al capricho de una ministra. Entre las fuentes de financianciamiento de este fondo, el proyecto propone destinar un porcentaje de las retenciones, del impuestos a las ganancias, la suspensión de las exenciones del régmimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para las empresas con alta facturación.
«Invitamos a movimientos, organizaciones de la sociedad civil, partidos, iglesias y especialistas a sumarse a esta campaña por la inmediata sanción de una Ley de Complemento Alimentario, que nos devuelve lo más esencial: los alimentos para nuestros pibes y pibas», plantea la iniciativa.