Perú: la corrupción hunde a la gestión de Boluarte

Desde Lima 

El gobierno de Dina Boluarte se hunde en una crisis que se agrava aceleradamente. Una crisis de corrupción, de gestión y de representatividad. Un alto rechazo ciudadano a la presidenta -tiene una aprobación de apenas siete por ciento-, recesión económica, incremento de la pobreza, aumento de la delincuencia y graves acusaciones por corrupción contra la mandataria y su entorno más cercano, complican seriamente a un gobierno que se inauguró en diciembre de 2022 con una brutal represión a las protestas contra la llegada de Boluarte a la presidencia en reemplazo del destituido Pedro Castillo, represión que dejó 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Las detenciones este viernes del hermano y del abogado de Boluarte, acusados de integrar una organización criminal, y las crecientes evidencias en las investigaciones fiscales por corrupción en su contra, debilitan más a una mandataria cuya continuidad en la presidencia se pone en duda.

Relojes y sobornos

Los casos de corrupción que tocan a Boluarte han trascendido el asunto de sus Rolex y costosas joyas, cuyo origen no ha podido explicar satisfactoriamente. Por este caso y por un desbalance patrimonial de más de 400 mil dólares es investigada en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y posible cobro de sobornos. Después de la detención de su hermano este viernes, la Fiscalía le ha iniciado una nueva investigación por obstrucción a la justicia por ordenar la desactivación del equipo especial de la policía que ha venido apoyando a la Fiscalía en las investigaciones en casos de corrupción relacionada al poder político, como las que involucran a la mandataria y su hermano. Esta desactivación fue ordenada la noche anterior a la detención del hermano de la presidenta.

Boluarte no está como investigada en el caso de la organización criminal que integrarían su hermano y su abogado, señalada de vender nombramientos en el sector público a cambio de pagos, negociar contratos con el Estado y maniobrar para obstruir las investigaciones fiscales, pero eso podría cambiar. Boluarte también aparece involucrada en otras investigaciones de acciones para obstaculizar el trabajo anticorrupción de la Fiscalía. A esto se suma la denuncia en su contra por las muertes en las protestas sociales. Un escenario legal cada vez más complicado para la presidenta.

Evidencias

Para el sociólogo Carlos Reyna, profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Marcos, Boluarte no tiene salida en las investigaciones por corrupción. «Pretender detener la investigación fiscal sobre ella y su hermano como ha hecho desactivando el equipo policial encargado de esas investigaciones es gravísimo, es una clarísima obstrucción a la justicia que la compromete seriamente, pero sigue haciendo este tipo de cosas que la van hundiendo cada vez más porque sabe que si la siguen investigando van a seguir creciendo las evidencias en su contra. Por eso digo que no tiene salida”, le señaló a Página/12.

Este oscuro escenario para la presidenta parece haber llegado a un punto de no retorno. Se agudiza el aceleramiento del deterioro de un gobierno débil y muy desacreditado. Se vuelve a escuchar en el Congreso la posibilidad de una nuevo pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral. Pero Boluarte tiene el respaldo de la derecha y extrema derecha que controla el Congreso, con la que tiene un pacto conservador y autoritario. Ese respaldo la salva, por ahora. Un apoyo que la hace dependiente de esa derecha.

Pero la derecha parlamentaria que la apoya, con el fujimorismo en papel central, tiene su propios intereses y mantendrá ese respaldo solamente mientras convenga a esos intereses. Nada le asegura a Boluarte que ese apoyo se sostenga hasta el final de su mandato en 2026.

“Con lo ocurrido con su hermano y su abogado -indica Carlos Reyna- Boluarte queda peor de lo mal que ya estaba. Va quedando claro que va a ser muy difícil que termine su gobierno, porque la derecha que la ha venido sosteniendo está considerando que ese respaldo va a ser un peso muy grande en las próximas elecciones de 2026. Ya se escuchan voces en la derecha sobre el acortamiento de su mandato. Esa extrema derecha que la sostiene está en un dilema. Para ellos es costoso seguir respaldando a Boluarte, pero también es costoso para sus intereses quitarle ahora ese apoyo y dejarla caer”.

Costo político

Si Boluarte cae ahora se deben adelantar las elecciones programadas para 2026. La derecha quiere evitar eso para mantener su manejo del Congreso, que le permite avanzar en una serie de acciones para tomar el control de los sistemas de justicia y electoral para asegurarse impunidad y el manejo del proceso electoral para ganar las elecciones, apunta el analista.

“Ahora necesitan sostener a Boluarte para ellos seguir en el Congreso que controlan. Creo que van a decidir sacarla en julio de 2025 cuando falte un año para el fin del gobierno, porque en ese momento la pueden sacar sin que se adelanten las elecciones y sin acortar el mandato del Congreso. Cada vez es más difícil y costoso sostenerla, pero la derecha no quiere perder el control del Congreso”, dice Reyna. Agrega que además del apoyo del Congreso, Boluarte tiene el respaldo del Tribunal Constitucional y de los mandos militares que están comprometidos en las masacres durante la represión a las movilizaciones sociales. “Estamos en una dictadura asolapada, difusa, en la que no hay un tirano único, sino una coalición de distintos actores. Tienen el control absoluto de todo el Estado, excepto de la Fiscalía, y de algunos sectores del Poder Judicial”.

Al inicio del gobierno las protestas tomaron las calles, especialmente en las zonas andinas, exigiendo la salida de Boluarte, el cese del Congreso y el adelanto de las elecciones. Ahora hay un alto rechazo a la presidenta y al Congreso, que supera el 90 por ciento, pero también inacción ciudadana.

El sociólogo Reyna explica las razones de esa pasividad: “La brutalidad de la represión a las protestas del inicio del gobierno, que fue de una crueldad muy grande, murieron niños, deja una marca en la población. Otro factor para esta desmovilización ciudadana es la desubicación de la oposición democrática, que es una oposición vaciada de contenido social, que deja de lado temas críticos y dramáticos para la población, como la desatención en la salud y la educación públicas, las carencias en los servicios básicos, la carestía en los alimentos, y solamente levanta temas institucionales, como la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia destituidos por el Congreso y de las autoridades electorales, que son muy importantes pero no movilizadores. Un factor de mediano plazo es que tenemos un régimen económico que ha propiciado una informalidad muy extensa, del 80 por ciento, en la que impera el individualismo, se han debilitado mucho las organizaciones sociales, cada uno se tiene que salvar solo, como pueda, se ha destruido el sentido comunitario de la población, especialmente en las ciudades. Las protestas anteriores fueron fundamentalmente en las zonas andinas, con poco respaldo en Lima”.

Sin embargo, Reyna estima que las protestas sociales se pueden volver a encender: “Hay un potencial muy grande de protesta, que se puede activar en cualquier momento. Una reactivación de las protestas aceleraría la caída de Boluarte”.