Amnistía Internacional solicitó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los candidatos presidenciales incorporar derechos fundamentales vinculados a temas como la «seguridad, crisis climática, femicidios e incluso la deuda con el Fondo Monetario Internacional» en los debates que se realizarán el próximo 1 y 8 de octubre, de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre.
Así lo transmitió la organización de derechos humanos en una carta enviada a la CNE, en la que enumeró una serie de preguntas para que sean respondidas por los candidatos Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) en el marco de los debates.
El texto surge en sintonía con el plazo que vence este sábado a la medianoche dispuesto por la CNE para que la ciudadanía elija temas de su interés para incluir en los debates a partir de un formulario online.
Los cinco temas que ya se encuentran seleccionados por la CNE son economía, educación, seguridad y trabajo y producción.
En la encuesta, los ciudadanos podrán elegir para incluir un eje entre las siguientes opciones: federalismo y desarrollo regional,; desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente; justicia, instituciones y transparencia; defensa, salud, relaciones de Argentina con el mundo y derechos humanos y convivencia democrática.
Sugerencias de preguntas a incorporar
Amnistía Internacional propuso incorporar las siguientes preguntas a los candidatos:
• ¿Cuál es su propuesta para hacer frente a las exigencias de reducción del gasto público establecidas por el FMI cumpliendo, a su vez, con las obligaciones del Estado de satisfacer el acceso a derechos básicos tales como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, de las personas con recursos más bajos?
• ¿Cuál es su propuesta para garantizar una política de seguridad que incluya la adopción de medidas urgentes, integrales y de largo plazo abordando las causas de la marginalidad y la exclusión social?
• ¿Cuál es su propuesta para diseñar políticas fiscales y tributarias, que garanticen el acceso a niveles básicos de derechos a la población?
• ¿Está de acuerdo con la necesidad de adoptar acciones efectivas para desalentar el uso abusivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad? ¿Cuáles son sus propuestas al respecto?
• ¿Qué medidas propone para prevenir y combatir los femicidios? ¿Qué medidas propone para reducir las tasas de mortalidad materna prevenible?
• ¿Qué medidas proponen los candidatos para fortalecer la implementación de la educación sexual integral en miras a prevenir y reducir del abuso sexual infantil?
• ¿Cuáles son sus propuestas para combatir la crisis climática en un marco de políticas sustentables que garanticen las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras?
• ¿Cuál es su propuesta para garantizar que la explotación del litio no vulnere los derechos humanos y el ambiente, ante la posibilidad de daños irreversibles en los recursos hídricos sin la información suficiente y adecuada?
En un comunicado, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, celebró «la importancia de que el debate se realice con un formato de preguntas que contribuya a que los candidatos tomen posición y fundamenten cómo llevaran a cabo sus propuestas, garantizando la protección y promoción de derechos humanos».
Belski sumó la importancia del debate «en una época en la que preocupa el aumento de la violencia verbal y la circulación de noticias falsas», por lo que añadió que «la ciudadanía debe poder elegir sobre su futuro en base a datos genuinos, honestos y transparentes”.
Mariela Belski celebró el debate «en una época en la que preocupa el aumento de la violencia verbal y la circulación de noticias falsas»
A fines de julio, Amnistía Internacional había enviado una carta a los candidatos y precandidatos con las prioridades de derechos humanos que deben guiar las políticas públicas.
En la misiva se mencionó la importancia de «un debate plural, transparente, riguroso y no violento, de garantizar que la política económica esté en línea con la máxima satisfacción de derechos, que las políticas de seguridad sean respetuosas de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de reunión, en el contexto de las manifestaciones sociales».
También se incluyó la necesidad de «priorizar la rendición de cuentas, garantizar políticas igualitarias y de acceso a derechos para personas migrantes y refugiadas» y de sumar «políticas para combatir la crisis climática, el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, y el cumplimiento con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia».
