El exauditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, aseguró que las supuestas irregularidades y hechos de corrupción sobre las obras públicas de Santa Cruz «no se correspondían con la realidad» y sostuvo que «no entiende el razonamiento» por el cual el informe técnico que elaboró junto a otros especialistas pudo nutrir la causa judicial en la que la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acusada.
«Con el informe buscaban realizar una comprobación sobre lo que ya estaba instalado mediáticamente en la sociedad: que se habían pagado cientos de obras que no se habían hecho, que se pagó con sobreprecios y que había rutas que iban al medio de la nada. Lo cierto es que nada de eso encontramos ni se correspondía con la realidad», aseguró el ingeniero en declaraciones a Radio Am 750.
El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, ordenó en 2016 la realización de un informe técnico sobre 41 obras viales en las Rutas Nacionales 3, 40, 281 y 288 de Santa Cruz.
«Fue una auditoria exprés. Lo habitual es que se extienda por siete meses hasta llegar al informe definitivo. Realizábamos jornadas de 16 horas en una provincia que es enorme en su extensión»
«Esto fue un hecho inusual para nosotros porque nunca antes un administrador de Vialidad nos había pedido por resolución la realización de una auditoría siendo que tenemos nuestro plan anual que es aprobado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen)», expresó Romero.
Además, sostuvo que tuvo «la particularidad» de ser solo en uno de los distritos y señaló que el encargo fue para «realizarlo en 15 días».
«Fue una auditoria exprés. Lo habitual es que se extienda por siete meses hasta llegar al informe definitivo. Realizábamos jornadas de 16 horas en una provincia que es enorme en su extensión», apuntó.
Romero, que también es testigo en la causa, precisó que de las 41 obras auditadas «13 correspondían a la empresa Austral» -propiedad del empresario Lázaro Báez- a pesar de las versiones periodísticas que «hablaban de un total de 83 obras de las cuales decían que 51 les correspondían a ese grupo».
En el informe, el ingeniero precisó que «los precios se ajustaban a los precios internacionales y a los estándares de vialidad nacional en otras provincias» y las obras «se apreciaban de buena calidad constructiva».
«Durante la gestión de Iguacel hubo muchísimas causas y sumarios internos que derivaron en despidos y persecuciones con todo lo que te puedas imaginar que implica en la vida familiar y de relación cuando alguien es acusado de corrupto»
«En la obra vial de Santa Cruz no encontramos desvíos significativos, han sido irrelevantes. Han sido el 0,006%, algo absolutamente despreciable», subrayó.
En ese sentido, explicó que las irregularidades halladas fueron «errores habituales y humanos» que no tiene que ver «con la mala fe o el dolo».
«En la autovía Comodoro Rivadavia de la Ruta Nacional 3 encontramos unas barandas New Jersey que no estaban colocadas. En la especificación del ítem decía que tenían que estar provistas y colocadas», ejemplificó.
Y agregó que en la Ruta Nacional 40 se detectaron «dos deficiencias» ya que el inspector «había certificado 900 metros más de carpeta asfáltica y se había olvidado de certificar 200 metros cúbicos de terraplén»:
«He recibido devoluciones de otros funcionarios de carrera alineados con la administración de ese entonces que me han recriminado que estuvimos un mes en Santa Cruz y lo único que encontramos eran unas barandas que faltaban. No puedo inventar lo que no hay», apuntó.
«Con el informe buscaban realizar una comprobación sobre lo que ya estaba instalado mediáticamente en la sociedad: que se habían pagado cientos de obras que no se habían hecho, que se pagó con sobreprecios y que había rutas que iban al medio de la nada. Lo cierto es que nada de eso encontramos ni se correspondía con la realidad»
Asimismo, sostuvo que «las rutas que mostraban como iban a la nada, eran en realidad rutas con un sentido estratégico».
Una de ellas, ubicada en la localidad Puerto Deseado, en realidad era «el acceso a un parque industrial» que nunca se construyó.
«Fue una imagen muy impactante y hubo mucha deshonestidad en mostrar el cartel de ´fin de camino´ y no el que estaba al lado de ´aquí se construye el parque industrial Puerto Deseado´», dijo.
En tanto, la obra ubicada en la ruta provincial 47 «vincula la mina de extracción de oro con el puerto de Puerto Deseado» y se trata de «una vía de tránsito pesado para el traslado de productos»:
«No entiendo el razonamiento de Iguacel para nutrir una causa judicial a partir de nuestro informe», aseveró.
Y recordó que el escrito fue emitido el 15 de marzo y al día siguiente ya «entró otra denuncia por Formosa y no paramos por cuatro meses».
«Durante la gestión de Iguacel hubo muchísimas causas y sumarios internos que derivaron en despidos y persecuciones con todo lo que te puedas imaginar que implica en la vida familiar y de relación cuando alguien es acusado de corrupto», recordó.
Y continuó: «Significó tener que sacar a sus hijos de la escuela, separaciones, familias que se han roto, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que ha enfermado gravemente y fallecido, gente que se ha quitado la vida» y manifestó que «es gravísimo. La sociedad no sabe el horror de cuatro años que hemos vivido en Vialidad Nacional».
