El proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores.
Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fueron citados para la reunión prevista desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Los senadores tendrán a la vista dos expedientes presentados la semana anterior y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará.
Se trata de los proyectos de Ley 535 y 536 de 2022. El primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador«, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.
Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
Desde la oposición, y a través de un comunicado de prensa, se anticipó la decisión de rechazar el proyecto.
Según Juntos por el Cambio, el proyecto «tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos».
«Esta iniciativa que impulsa el oficialismo es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas», señalaron los opositores.
