Río Grande lleva a juicio a las compañías petroleras que operan en Malvinas
El Gobierno municipal de Río Grande compareció ante la Justicia Federal con el objetivo de participar en el proceso judicial que persigue detener la extracción de hidrocarburos prevista en las aguas del Atlántico Sur, frente a las Islas Malvinas. La actuación fue llevada a cabo por el representante legal del municipio, Sebastián Tesei, y comunicada por el alcalde Martín Pérez.
“Río Grande no puede permanecer pasivo ante la explotación ilícita de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, declaró Pérez mediante su cuenta en X.
El titular del municipio subrayó que la intervención se efectúa en defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y de la soberanía nacional, y recordó que la Carta Orgánica municipal contempla expresamente esa responsabilidad. “Proteger a Malvinas es también una acción de deber. Río Grande estará siempre presente cuando sea necesario para salvaguardar los intereses y la soberanía de los argentinos”, afirmó.
Esta medida municipal se incorpora a la iniciativa promovida por el Centro de Ex‑Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), vinculadas al proyecto petrolero denominado “León Marino”.
La competencia de la Justicia Federal ya había sido confirmada
La participación de Río Grande se produce tras la resolución de la jueza federal Mariel Borruto, quien determinó que el juzgado federal de la ciudad posee la competencia para conocer la demanda.
La magistrada adoptó el criterio del Ministerio Público Fiscal y concluyó que existe jurisdicción federal “por razón de la materia y del territorio”, reconociendo asimismo la autoridad de los tribunales argentinos sobre las empresas demandadas, cuya sede se encuentra en el exterior.
Río Grande compareció ante la Justicia contra las petroleras que operan sin autorización en Malvinas.
Hoy, a través de la Asesoría Jurídica del Municipio, nos presentamos como parte interesada ante el Juzgado Federal de Río Grande en la causa impulsada por el CECIM La Plata y… pic.twitter.com/acTP1Vs7Cz
No obstante, el eje central de la resolución radica en que el litigio trasciende una mera cuestión medioambiental o de extracción petrolera. Para la magistrada Borruto, la demanda también aborda un aspecto directamente relacionado con la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.
“En ella subyace la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que constituye, por excelencia, un interés federal”, sostuvo la jueza.
Repercusiones medioambientales y la zona marítima del Atlántico Sur
La decisión también resaltó el posible daño ecológico que podría acarrear el proyecto. La magistrada indicó que la iniciativa está prevista en aguas del Atlántico Sur y que los recursos en juego poseen carácter interjurisdiccional debido a las particularidades oceanográficas y ecosistémicas de la región.
El fallo menciona las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, advirtiendo que una eventual degradación ambiental podría impactar bienes que trascienden cualquier límite territorial específico.
Objetivo de la acción judicial contra las compañías petroleras
La demanda busca que Rockhopper y Navitas se abstengan de iniciar o proseguir las obras, perforaciones, instalaciones y demás actividades vinculadas al proyecto “León Marino” hasta que la autoridad ambiental nacional competente realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente.
La magistrada también consideró que se trata de una acción de naturaleza colectiva, puesto que la pretensión tiene como fin proteger un bien de carácter colectivo.
Lo describió como un bien de “titularidad indistinta y afectación común, inaplicable a la apropiación individual o a la fragmentación del reclamo”.
No obstante, Borruto aclaró que aún no ha decidido la admisibilidad formal de la acción colectiva. Primero debe verificarse si existe otro proceso colectivo registrado con características sustancialmente similares.
Para ello, ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos y también requirió a los demandantes que, bajo declaración jurada y en un plazo de cinco días, informen si han impulsado acciones similares.
Con la incorporación del Municipio de Río Grande, la contienda judicial cuenta ahora con un ente institucional directamente vinculado al territorio fueguino, que pretende intervenir en una causa donde la Justicia ya ha señalado que la controversia supera la cuestión petrolera: abarca medio ambiente, recursos naturales, jurisdicción marítima y la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.
Fuente: Ambito.com
