El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma previsional de Rogelio Frigerio con votos peronistas
El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el autoridad Rogelio Frigerio,en un plenario traumatizado por la tensión política,las protestas callejeras y solo unas horas del partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra. El esquema de ley de «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional» obtuvo la media legitimación por 10 votos afirmativos contra 7 negativos,tras un debate que se extendió por varias horas en medio de un clima enrarecido pro protestas.
La aprobación fue posible por el apoyo de dos senadoras del peronismo que rompieron filas con la competición para escoltar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El voto nominativo replicó el mismo resultado: 10 a 7 en cada caso,lo que consolidó una conquista legislativa que el oficialismo festejó como un paso esencia para certificar la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial,se argumentó.
Las legisladoras que votaron a beneficio fueron Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y defendieron públicamente su posición en el debate. Domínguez advirtió sobre los costos de no encarar la reforma,al aseverar que «el cierto peligro es mirar para otro banda mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener». Y agregó: «La peor injusticia sería no hacer nulo porque no hacer nulo incluso es tomar una osadía.Es permitir que el endeudamiento siga creciendo,que la Caja se debilite y colapse».
Aclaró que su respaldo no fue al esquema llamativo,sino a una traducción modificada tras el debate parlamentario. «Si este esquema hubiera llegado al perímetro tal como fue presentado originalmente,yo no lo hubiese acompañado», señaló.Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del acaecer original de 20 a 15 abriles,el mantenimiento de la perduración jubilatoria diferencial de 65 abriles para varones y 60 para mujeres,la asesinato de la retiro a los 68 abriles para nuevos ingresantes al Estado,y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan endeudamiento y 3% para los que sí.
Miranda no solo confirmó su voto a beneficio,sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó a su conducción.Responsabilizó al peronismo por no acaecer resuelto el endeudamiento previsional cuando tenía todas las herramientas a su valor. «Teníamos gobierno doméstico,gobierno provincial y mayoría en ambas Cámaras», recordó,cuestionando por qué durante esos abriles no se avanzó en una opción.
Aunque consideró la reforma como «un eclosión» insuficiente,la legisladora defendió que «cierto se tiene que animar» a tomar decisiones difíciles.El momento más crítico fue cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma.Denunció una doble vara: en 2017,dos peronistas votaron a beneficio de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. «Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad pero cuando el ideal toma otra osadía es traición», planteó.
Su dictamen sobre el justicialismo entrerriano fue cincelador: lo describió como «un partido decapitado» durante los últimos ocho abriles. «Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar», disparó,en área de escoltar a quienes trabajan en demarcación.
El PJ activa el Tribunal de Disciplina
El peronismo entrerriano no perdonó a las senadoras y el liga de diputados de Más para Entre Ríos repudió y activó el Tribunal de Disciplina del PJ para evaluar sanciones contra ambas. La osadía fue calificada por sus propios compañeros de liga como un voto «a título personal», desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa.
Con su voto afirmativo,Miranda y Domínguez,desconocieron el mandato del Congreso Provincial y avalaron una reforma que carga el peso del endeudamiento sobre quienes sostienen y sostuvieron el sistema jubilatorio entrerriano.
Documento completo: https://t.co/nROEL2emOu pic.twitter.com/P3vFkOwP0A
El comunicado del liga fue directo: «Cada senador o legisladora deberá aceptar la responsabilidad política e institucional de la osadía que tomó.Porque detrás de cada voto hay miles de docentes,trabajadores de la salubridad,policías,empleados públicos,jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma». El PJ aclaró que nunca se negó al debate y que presentó un esquema variable que proponía certificar la sustentabilidad de la Caja sin tocar derechos adquiridos.
Las sanciones posibles van desde un indicación hasta la expulsión del partido,según la Carta Orgánica del PJ. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras,sino incluso el nivel positivo de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.
Protestas en la calle
Mientras los legisladores debatieron en el perímetro,sindicatos y organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma.Las movilizaciones multisectoriales denunciaron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores y jubilados, aunque el gobierno provincial sostiene que es indispensable para evitar el colapso de la caja previsional.
Fuerte incentivo de la Multisectorial contra la reforma jubilatoria que votan los senadores. pic.twitter.com/7eKdWd4sCr
Con la media legitimación en el Senado,el esquema será enviado en los próximos días a la Cámara de Diputados,en donde se prevé una votación reñida.El oficialismo deberá negociar voto a voto para reforzar los apoyos necesarios,ya que la competición peronista adelantó que buscará sanciones internas contra legisladores que apoyen la reforma.La incertidumbre sobre el resultado final mantiene en vilo a los sectores involucrados.
El paralelo con Santa Fe
El atmósfera entrerriano contrasta con el de la vecina provincia de Santa Fe,en donde la reforma previsional aprobada en 2024 enfrenta un capítulo jurídico central,fruto de cuestionamientos a varios artículos.El gobierno de Maximiliano Pullaro elevó un apelación de queja frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, a quienes acusa de tener un interés directo o indirecto en el dictamen que resolverán en las próximas semanas.
Pullaro argumentó que «en la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos endeudamiento fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado». El autoridad sostuvo que la reforma investigación «terminar con todos los privilegios,principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita,que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia». Según sus propias palabras, «no está acertadamente que cierto gane 32 veces más que la mínima,no es correcto y no es adaptado para un sistema que tiene que ser solidario y sensato».
Pullaro enfatizó que «el que más apetencia,más va a respaldar» y que «a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado,fundamentalmente los que menos ganan,no tienen casi ninguna modificación con este esquema de ley». La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un endeudamiento estructural histórico que supera los $800 mil millones acumulados,una de las cajas que no fueron transferidas a las AFJP y a las que el Estado doméstico debe compensar.
La recusación se fundamenta en que varios jueces del mayor tribunal santafesino se encuentran alcanzados -de modo contemporáneo o inminente- por el régimen previsional que está bajo investigación. Entre ellos se mencionan Rubén Weder,que ya estaba retirado cuando fue designado y deberá retornar a ese régimen,y Roberto Falistocco,Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez,que tienen iniciados sus trámites de retiro y se retirarán a fin de año.
El gobierno santafesino advirtió que,si la Corte provincial defecto con magistrados que no debían intervenir,el resultado podría encontrarse cuestionado.La mayoría de las causas que judicializaron la ley fueron presentadas por exmagistrados y camaristas que solicitan la inconstitucionalidad de la cuota solidaria y el tope de jubilaciones,fijado en 20 haberes mínimos (unos $12.600.000).
