Axel Kicillof delegó en la Suprema Corte las obras de los edificios judiciales de Mar del Plata
El gobernante Axel Kicillof autorizó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el estudio,ejecución y fiscalización de obras en propiedades del Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo hizo a través del decreto 700/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial del distrito,donde se reconoció que en la hogaño «se observa un gran menoscabo» en esas propiedades y que,dada su relevancia arquitectónica y patrimonial,resulta necesaria una intervención urgente.
El texto advierte adicionalmente que «la situación crítica desde el punto de sagacidad edilicio y contractual» en que se encuentran los inmuebles donde funcionan órganos judiciales torna impostergable la realización de los trabajos.Entre los fundamentos se señala que las obras exceden el periferia contractual por el cual puede contratar directamente la Suprema Corte,de ahí la indigencia de la delegación prevista en la Ley 6021 y su decreto reglamentario.
El antecedente inmediato de esta valentía es un proceso de adquisición de inmuebles que la Corte provincial viene encarando desde hace primaveras en distintos departamentos judiciales para resolver la emergencia edilicia.En Mar del Plata,en 2023 se concretó la operación de dos propiedades patrimoniales -Villa Devoto y Villa de Bary- ubicadas a unos 100 metros de la sede central de Tribunales,en una inversión cercana a los dos millones de dólares,y actualmente se realizaban tareas de restauración.Paralelamente,se avanzó en la operación de otro inmueble en Entre Ríos 2262,un antiguo hotel situado a pocos metros de Tribunales.
La crisis del edificio jurídico marplatense se inscribe en un problema más amplio y persistente.La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) viene denunciando una crisis edilicia en numerosos edificios del Poder Judicial porteño,y advirtió que el inicio de 2026 encuentra a muchas dependencias en un estado inquietante,con un menoscabo sostenido de la infraestructura que «no solo afecta el natural funcionamiento de las oficinas,sino que en muchos casos pone en serio peligro la lozanía de los trabajadores judiciales».
El situación normativo que habilita la delegación se remonta a la beneplácito de la Ley 13.795, que declaró el estado de emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial porteño,y a la posterior aprobación de un Plan de Infraestructura por la Ley 14.190.El mecanismo de delegar el manejo de ciertas obras en la Corte – en extensión de gestionarlas directamente desde el Ministerio de Infraestructura – ya había sido utilizado en 2015 mediante el Decreto 1798,cuando incluso se invocó la indigencia de dar respuesta a situaciones apremiantes.
