En el crimen de Rafael Nahuel ‘no hay tiradores por fuera de las fuerzas’ de seguridad
Una perito de parte que declaró este miércoles en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, el joven asesinado de un balazo en 2017 durante un desalojo de tierras cerca de Bariloche, y en el cual están acusados integrantes de la Prefectura, afirmó que «no hay tiradores por fuera de las fuerzas» de seguridad, según los resultados de los análisis de las armas secuestradas.
En la audiencia comenzó a debatirse la posible transferencia de partículas compatibles con pólvora entre los Albatros (grupo de elite de la Prefectura) y las víctimas del ataque que concluyó con la muerte del joven mapuche.
Cuatro profesionales que participaron en las pericias balísticas declararon como testigos, con lo cual al debate sobre el resultado de esos estudios que arrojaron resultados contradictorios, se sumó el análisis sobre la posible transferencia de partículas compatibles con pólvora, que será clave en el desarrollo del proceso para determinar si existió un enfrentamiento con armas de fuego entre los Albatros y los integrantes de la comunidad mapuche, o si, como sostienen las querellas, sólo dispararon los uniformados.
Esta última hipótesis fue sostenida por Silvia Bufalini, quien participó como perito de parte en representación de la familia de Nahuel, de la inspección ocular realizada el 12 de diciembre de 2017 en el territorio en disputa entre la comunidad mapuche y Parques Nacionales, y también integró el equipo que realizó la primera pericia balística.
Bufalini dijo que «no hay tiradores por fuera de las fuerzas armadas«, según el peritaje de las armas, en relación a las 31 vainas de munición 9 milímetros encontradas en el terreno durante la inspección ocular, a lo que se suma el faltante de 130 proyectiles de los cargadores secuestrados a los Albatros.
«La dispersión de las vainas 9 milímetros daba la sensación que se dispararon en desplazamiento, no en solo lugar», agregó, reforzando la idea de la existencia de una persecución por parte de los uniformados.
La licenciada en criminalística participó en enero de 2018 de la primera pericia balística que comparó el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel (denominado «dubitado») con los «proyectiles testigos» obtenidos de disparos efectuados con las 24 armas secuestradas a los Albatros.
Al igual que lo hicieron los peritos Roberto Nigris y Karina Uribe el martes, Bufalini defendió ante el Tribunal Oral Federal el trabajo realizado en esa diligencia.
Dijo que «muchos ojos» miraron por el visor del microscopio utilizado para certificar las coincidencias en las marcas dejadas en el proyectil, y que «no existieron dudas» al certificar que la munición coincidía en estrías y microestrías con una adjudicado a un arma identificada con la letra B.
Esa arma era un subfusil MP5 que con posterioridad se determinó que durante el operativo había sido entregada al cabo primero Francisco Javier Pintos.
«Hubo coincidencia de todos los peritos. No hubo necesidad de llamar más testigos, estábamos todos de acuerdo. No dudamos del resultado«, reafirmó la licenciada en criminalística.
Tras esa primera pericia, el juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó una segunda pericia que solicitó al gabinete de criminalística de Gendarmería Nacional.
Este miércoles también testificaron tres peritos que participaron de esa segunda diligencia, y, al revés de lo planteado por Bufalini, defendieron el resultado de su conclusión: que el proyectil no fue disparado por el MP5 identificado con la letra B.
El oficial Martín Moreno -jefe de la división de Criminalística de Gendarmería- y Silvina Lastretti (ambos licenciados en criminalística) insistieron en que cumplieron con los protocolos de estudio de los proyectiles, y argumentaron que las diferencias entre ambos estudios pueden deberse a la «experiencia del perito».
Lastretti puntualmente dijo que «el entrenamiento de quien mira» es clave para determinar si existen o no coincidencias entre las municiones analizadas.
Durante esa segunda pericia no hubo participación de peritos de las querellas. En cambio sí formó parte del equipo el perito de parte de la Prefectura, Jorge Delgado, quien suscribió el resultado del estudio.
La elevación a juicio de la causa incluye el delito de «homicidio agravado» con el atenuante de «legítima defensa» ya que, al cerrarse la instrucción, la justicia de primera instancia dijo que existió un enfrentamiento con armas de fuego que justifica en parte la reacción de los Albatros, quienes dispararon casi 130 veces con munición de plomo.
Sin embargo, las querellas insisten en que no existen elementos de prueba que certifiquen que la tarde del sábado del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi hubo otros disparos que no hayan sido los efectuados por los uniformados.
En este punto, tratan de demostrar que la posible presencia de partículas compatibles con pólvora en las manos del propio Nahuel y de los jóvenes Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes bajaron a la víctima en una camilla improvisada, se explica por la transferencia o contaminación.
Sostienen que la cantidad de disparos efectuados por los Albatros contaminaron todo el ambiente; que Nahuel recibió un balazo y de haberse tocado la zona afectada pudo haber provocado una transferencia de partículas; y que los jóvenes detenidos tras bajar el cuerpo fueron esposados por los mismos uniformados que efectuaron los disparos.
Sobre esta cuestión, Bufalini planteó que «existe una contaminación por transferencia» de residuos de disparos, que, incluso, «el ambiente puede contaminar». Enumeró en ese sentido que las esposas policiales, los chalecos y los móviles que utilizan las fuerzas de seguridad están contaminados con partículas que reúnen los tres elementos que conforman la pólvora (plomo, bario y antimonio).
Explicó que la «lectura de contexto» sobre lo sucedido y del escenario de los hechos, es clave para determinar si, más allá de la presencia de alguna partícula, las personas involucradas dispararon o no.
El tema volverá a ser analizado la próxima semana cuando declare la testigo Adriana Serquis, quien al momento del asesinato de Rafael Nahuel tenía a su cargo el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. En 2021 Serquis fue designada Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
