Organismos de DDHH y gremios reclamaron justicia por el ataque a Tiempo Argentino
Referentes de organizaciones sociales, sindicales y del movimiento cooperativo manifestaron su apoyo al reclamo por el esclarecimiento y castigo a los responsables del ataque al edificio en el que funcionaban la redacción del diario Tiempo Argentino y los estudios de Radio América, del que este lunes se cumplen seis años.
En la madrugada del 4 de julio de 2016, una patota irrumpió violentamente en el inmueble de Amenábar 23 del barrio porteño de Colegiales, por entonces sede de Tiempo Argentino y Radio América, donde provocó graves destrozos en el mobiliario y herramientas de trabajo que afectaban el funcionamiento de ambos medios.
«Seis años sin justicia. El 4 de julio de 2016, una patota atacó la redacción de Tiempo Argentino. Fue uno de los episodios más graves contra la libertad de expresión. No puede quedar silenciado», manifestaron este lunes desde la cuenta de Twitter del diario y portal cooperativo, y reclamaron por «juicio y castigo a los responsables» a la vez que agradecieron el apoyo de todos aquellos que los «mantienen con fuerza para esclarecer el ataque».
Además, en el video se pronunciaron referentes de organizaciones sociales y sindicales para expresar su solidaridad con el reclamo.
«El ataque a la redacción de Tiempo, otra deuda de la justicia que queda impune. Desde Abuelas de Plaza de Mayo queremos que se vaya a fondo esclareciendo uno de los ataques más graves contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión», expresó la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa.
También Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, envió «un abrazo muy fuerte en este día» a los trabajadores y recordó «los ataques que sufrieron cuando recuperaron el diario con mucho esfuerzo», un episodio al que describió como «un ataque vandálico y fascista» que buscaba -estimó- «impedir la organización de las y los trabajadores».
Desde el arco sindical, el secretario de la CGT, Pablo Moyano, mencionó los 6 años del ataque y repudió la «brutal represión del Gobierno del macrismo, de la derecha» para luego reivindicar «la lucha» llevada adelante por los integrantes de la cooperativa periodística para tener «un salario y condiciones laborales dignas».
Por su parte, el secretario general de la ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, reiteró el «apoyo y respaldo solidario a los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino» así como «en su justo reclamo para que la Justicia active la causa y condene a los responsables».
Desde el gremio de Canillitas, el secretario general Omar Plaini recordó que el «4 de julio de 2016 una patota irrumpía en las oficinas de Tiempo Argentino» mientras «empresarios inescrupulosos como (Sergio) Szpolski y (Matías) Garfunkel dejaban librados a su suerte a los compañeros y sin trabajo».
Y sobre las implicancias políticas del ataque, planteó que a las pocas horas «el entonces presidente Mauricio Macri justificaba desde Europa el ingreso de esta patota que atacaba a los compañeros» y llamó a «no olvidar» y «mantener la memoria».
Para la referente de Correpi María del Carmen Verdú, esa madrugada «empezó también una pelea por juicio y castigo que llevó años pero logramos el procesamiento de Mariano Martínez Rojas y su patota por el violento ataque a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América».
«Más difícil nos resulta avanzar sobre el comisario (Jorge) Azzolina, el que recomendó al especialista en seguridad Juan Carlos Blander a (Mariano) Martínez Rojas y dirigió sus patrulleros para simular una apertura judicial ante el cerrajero», sostuvo Verdú.
En el video difundido por Tiempo Argentino, se recuerda que desde ese medio denunciaron en varias oportunidades que «sin la intervención de los agentes de la excomisaría 31» los atacantes «al mando del empresario de seguridad privada Juan Carlos Blander» y «coordinados por el falso comprador del diario Mariano Martínez Rojas» no podrían haber ingresado al predio de Amenábar 23, que por entonces estaba «custodiado por los trabajadores bajo la orden del Ministerio de Trabajo».
Hace dos semanas, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al comisario Azzolina, que estaba procesado por los delitos de «usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo», pero mantuvo la imputación sobre el empresario Martínez Rojas, Blander y los trece integrantes de la patota.
🗣 @CarlaGaudensi, @abuelasdifusion, @LaNegraVerdu, @omarplaini53, Nora Cortiñas @CachorroGodoy, @VascoMurua y @cgt_camioneros suman su pedido de justicia, a seis años del ataque de la patota. pic.twitter.com/qc7ZjRPXzs
— Tiempo Argentino (@tiempoarg) July 4, 2022
Asimismo, la cooperativa que edita Tiempo Argentino y que publica el portal del mismo nombre recibió mensajes de apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), entre otros.
El titular de Conarcoop, Ramiro Martínez, calificó el episodio del 4 de julio de 2016 como «uno de los ataques más duros hacia un movimiento cooperativo y hacia la libre expresión de la comunicación» y exigió «urgentemente el esclarecimiento de las responsabilidades que atañen a ese ataque».
A seis años del ataque a la redacción de @tiempoarg y Radio América por una patota con la complicidad de la policía y el gobierno de Macri, exigimos una investigación que condene a los responsables.
Un ataque contra la libertad de expresión y la democracia no puede quedar impune pic.twitter.com/uDr7W4xzth
— FATPREN (@PrensaFATPREN) July 4, 2022
En tanto, la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi, reconoció la lucha de los trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo «en defensa de la libertad de expresión» y «para que no se silencie un medio de comunicación imprescindible en el mapa de medios».
La gremialista reclamó también «que se se esclarezca cuál es la participación de la policía en ese hecho».
Finalmente, el director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo «Vasco» Murúa, resaltó la importancia de esclarecer y penar este ataque porque eso permitiría -dijo- «evitar que sigan ocurriendo» hechos similares y al mismo tiempo desalentaría «la complicidad de las fuerzas policiales y las fuerzas judiciales que se prestan a las maniobras de las patronales, buscando evitar la continuidad de las empresas en manos de los trabajadores».
