Reclaman que se investigue el rol de Fernández Garello en el crimen de Ana María Martínez
La militante política y delegada sindical Ana María Martínez fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas de la dictadura cívico militar en febrero de 1982, dos meses antes de la Guerra de Malvinas, por lo que es considerada una de las últimas víctimas del Terrorismo de Estado, y a 40 años. de su muerte una comisión de familiares y amigos reclama que se investigue el rol que pudo haber tenido en ese hecho el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
El funcionario judicial integraba por entonces la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) con el rol de oficial subinspector y su nombre figura en documentos del organismo que hoy son administrados por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
Según pudo establecer el personal de CPM, en esos materiales se consigna que el actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982.
Al momento de su secuestro, Ana María Martínez tenía 31 años. y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; estaba embarazada de tres meses y formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
El 4 de febrero de 1982, Ana María, marplatense de nacimiento, fue raptada en horas de la noche en la localidad de Villa de Mayo, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, luego de salir de su casa para hacer una compra.
La abordó por la calle un hombre corpulento y rubio que la subió a un Ford Falcon, según relataron vecinos que presenciaron el hecho.
Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo de la militante fue encontrado semienterrado por unos niños que jugaban cerca del canal Villanueva, en el Dique Luján, partido de Escobar.
En 2012, cuando los procesos de lesa humanidad estaban encaminados y en marcha, Carmen Metrovich, la cuñada de Ana María, formó una Comisión de Familiares y Amigos de la militante para iniciar una investigación judicial.
Según se estableció,. el actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982
Durante meses, Carmen y un grupo de compañeros llevaron a cabo una pesquisa por las calles de Villa de Mayo, donde hablaron con los vecinos y recabaron testimonios que les permitieron abrir una acción legal para que el hecho se investigara como delito de lesa humanidad.
Con el patrocinio del abogado Pablo Llonto, la comisión pudo establecer que en los archivos de la Dippba había informaciones sobre seguimientos de inteligencia a Ana María Martínez y a otros militantes del PST.
Tras un largo recorrido judicial, los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que operaban en Campo de Mayo, fueron condenados a prisión perpetua en diciembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín.
En ese fallo, que aún no está firme, los magistrados dejaron abierto el camino para que se investigara la participación en el secuestro de militantes que tuvieron los agentes de la Dippba, entre ellos Fernández Garello, quien a principios de los años. ’80 revistaba en la delegación San Martín de esa estructura.
Carmen, impulsora histórica de esta causa, murió el año pasado, pero sus compañeros continúan con el reclamo de Justicia para que se avance sobre los agentes de la dependencia policial bonaerense, disuelta en 1998.
«Fue una gran luchadora y comenzó este camino que nosotros tratamos de seguir. Queremos que se avance sobre la Dippba y se esclarezca la función que tuvo Fernández Garello», señaló a Télam Alfredo Caceres, de profesión docente, y también integrante de la Comisión Ana María Martínez.
En 2016, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia sobre el rol que ejerció Fernández Garello como agente de inteligencia en el caso de Ana María como también en el secuestro y tortura de tres militantes del Partido Comunista, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, victimizados en 1981.
Fernández Garello resultó procesado en la causa que se siguió por el cautiverio que sufrieron estos tres militantes y en agosto de 2020 la jueza federal de San Martín Alicia Vence cerró la instrucción por esos hechos y elevó el expediente a juicio oral y público.
En la causa también están imputados los exagentes Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de Investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, al igual que el exjefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa, condenado en otras causas de lesa humanidad.
Pero un mes después, y en función de una intervención extraordinaria, la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó el procesamiento del funcionario judicial y ordenó que la instrucción volviera a foja cero, una decisión que la Comisión Provincial de la Memoria apeló ante la Corte Suprema.
En paralelo, en el caso de Ana María Martínez, desde la querella y la fiscalía se solicitaron pedidos de detención e indagatorias sobre agentes de la Dippba, y en los requerimientos se menciona la participación de Fernández Garello en los hechos, pero hasta ahora no hubo avances significativos en el expediente a cargo de Vence.
«La pandemia de coronavirus y los fallos que hubo en la causa de los tres militantes hicieron que todo se demore en la causa de Ana María», confiaron a esta agencia fuentes allegadas al Poder Judicial.
En tanto, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el fiscal marplatense logró salir indemne de los pedidos de destitución que fueron presentados en el Jurado de Enjuiciamiento, al fracasar por falta de quórum la realización de las audiencias en las que se debían analizar los pedidos de juicio político.
Incluso el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, intervino en más de una oportunidad para favorecer a Fernández Garello.
El jefe de los fiscales de la provincia archivó en su momento un trámite disciplinario y presentó luego un dictamen ante el Jurado de Enjuiciamiento en el que cuestionaba las acusaciones que motivan el pedido de remoción.
«Estamos a la espera de que en los próximos días se sortee otro jurado para que se analice el caso. Creemos que con todas las acusaciones que existen, Fernández Garello no puede estar en la Justicia. Al menos debería ser suspendido», remarcó a Télam Federico Schmeigel, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria que impulsa el juicio político para el integrante del Ministerio Público bonaerense.
