Tribunal de EE. UU. detiene la obra del salón de baile destinado a Donald Trump en la Casa Blanca y exige respaldo del Congreso
El Poder Judicial de EE. UU. ha impuesto nuevamente una limitación a una de las iniciativas más ambiciosas de Donald Trump en la residencia oficial: la edificación de un amplio salón destinado a recepciones y cenas de Estado, cuyo presupuesto asciende a unos 200 millones de dólares. Un tribunal de apelaciones determinó este jueves que la ejecución de la obra requiere la autorización del Congreso, al considerar que el mandatario no puede autorizar unilateralmente alteraciones permanentes en la Casa Blanca.
Esta resolución ratifica una orden emitida en abril por un juez federal, la cual había suspendido la mayor parte de los trabajos hasta que el legislativo otorgue su aprobación formal al proyecto, impulsado por la administración republicana como una de las remodelaciones más significativas del complejo presidencial en décadas.
“Todo presidente es un ocupante transitorio, no el propietario, de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva”, expresaron los magistrados Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia en su fallo.
La medida quedará en suspenso durante catorce días, plazo que permitirá a la Casa Blanca interponer un recurso ante la Corte Suprema. En consecuencia, la paralización de las obras no será inmediata.
Trump dio a conocer el plan a principios de año con la intención de crear un amplio salón de banquetes y eventos dentro del recinto presidencial. Según sus argumentos, la Casa Blanca carece de un espacio adecuado para albergar actos oficiales de gran magnitud y cenas de Estado.
Una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares
El proyecto, valorado en cerca de 200 millones de dólares, prevé la construcción de una edificación de alrededor de 8.300 metros cuadrados, con capacidad para aproximadamente 650 asistentes. Esta dimensión supera notablemente al East Room, actualmente el salón más grande de la residencia, que solo acoge a unas 200 personas.
La Casa Blanca ha asegurado que la obra será financiada mediante aportes privados, incluidos recursos del propio Trump y de otros benefactores, sin recurrir a fondos fiscales. No obstante, entidades dedicadas a la conservación del patrimonio histórico demandaron a la administración, argumentando que una intervención de tal envergadura requiere la autorización del Congreso y el cumplimiento de diversas normativas federales de protección patrimonial.
El caso vuelve a colocar en el debate la cuestión de hasta qué punto pueden ejercer los presidentes cambios estructurales permanentes en uno de los edificios más emblemáticos de los Estados Unidos. Si bien la gestión de la Casa Blanca corresponde al Poder Ejecutivo, su conservación está sujeta a leyes federales y a la supervisión de varias agencias y del propio Congreso.
Fuente: Ambito.com
