Microcréditos,seguros y un botón de pánico: en qué consiste el proyecto bonaerense para regularizar las aplicaciones de reparto
El gobierno de Axel Kicillof formalizó el martes pasado el giro a la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley que exploración poner reglas a un sector que hasta ahora creció sin situación normativo específico: el de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios a través de aplicaciones digitales.
La iniciativa,que había sido anunciada por el representante durante la tolerancia de sesiones ordinarias en marzo,fue fabricado por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa y apunta a respaldar vigor,seguridad,transparencia salarial y mejores condiciones de trabajo.
En aquella oportunidad,Kicillof había planteado que la regulación bonaerense exploración ir en sentido contrario a la reforma profesional franquista impulsada por Javier Milei, que consagró a los trabajadores de aplicaciones como «independientes» y los dejó fuera de cualquier relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
«Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos,mínimo menos flamante que desproteger a quienes trabajan», había sostenido el representante delante la Legislatura,y subrayó que el proyecto se alinea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con regulaciones ya vigentes en países como Francia,España y Gran Bretaña,donde existen garantías sobre el calle salarial de estos trabajadores.
Según los datos que maneja la cartera profesional,a nivel franquista entre 600 mil y un millón de personas trabajan a través de aplicaciones,y en el AMBA se concentra buena parte de esa actividad: se estima que cerca de medio millón de repartidores se desempeñan bajo la deducción del operación,que asigna las tareas y fija el valía de cada delirio con criterios que no son transparentes para quien presta el servicio.A eso se suma la dificultad estructural de estos trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar condiciones,lo que profundiza la desigualdad frente a las empresas de plataformas.
Walter Correa,ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Qué aplicaciones quedarían alcanzadas
Aunque el proyecto bonaerense no menciona empresas puntuales -define de forma genérica a la «plataforma de trabajo» como cualquier forma organizativa que mediante sistemas digitales organice,promueva o facilite la prestación de un trabajo humano-, el universo de aplicaciones que operan hoy en la Argentina y que potencialmente caerían bajo este situación regulatorio incluye,en el segmento de transporte de pasajeros,a Uber,Cabify y DiDi, y en el de reparto y delivery,a Rappi,PedidosYa y Uber Eats, entre otras plataformas locales y regionales con modelos similares.
Se comercio de las mismas empresas que en quedaron alcanzadas por el Decreto 407/2026 del gobierno franquista,que las puso bajo la recorrido de la Secretaría de Transporte y las definió como prestadores independientes excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo,en sintonía con la reforma profesional impulsada por la distribución libertaria.Es precisamente ese esquema el que el proyecto bonaerense exploración contrarrestar a nivel provincial,al reconocerles a estos trabajadores un calle de derechos que la reglamento franquista no contempla.
«El gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la código profesional,dejándolos sin un situación de derecho», planteó Correa al presentar la iniciativa,y agregó que la provincia «viene participando de este debate universal en la OIT y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto».
Qué establece el proyecto
El texto enviado por el Poder Ejecutivo crea el «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales» y alcanza a toda persona que trabaje,bajo cualquier figura contractual o asociativa,en un servicio organizado o incompleto por una plataforma interiormente del paraje bonaerense.
Entre sus ejes centrales figuran: un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,de inscripción obligatoria para las empresas; y el deber de informar.Así,las plataformas deberán poner a disposición de las autoridades y de los representantes de los trabajadores datos sobre cantidad de personas activas,condiciones contractuales,duración media de la actividad,horas trabajadas e ingresos promedio.
También,se propone un seguro de accidentes personales obligatorio y a cargo exclusivo de las empresas,que cubra homicidio accidental,invalidez total o parcial y presencia médica y farmacéutica de emergencia.La cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión,e incluye los trayectos en torno a y desde los centros de operación y el trayecto in itinere entre el domicilio y el zona de trabajo.
En simultáneo,se contempla una aplicación móvil oficial con botón de pánico para emergencias de seguridad y botón de emergencia en vigor, que permitirá dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o al sistema de vigor delante un montaña o una situación de aventura.
El proyecto se apoya igualmente en un antecedente sumarial: el denominado «decreto Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense
Paradores obligatorios en los centros de operación,depósitos y locales desde donde se organiza el reparto,con sanitarios,espacios de alivio,resguardo de pertenencias,agua potable y estacionamiento para los vehículos de trabajo,son otros de los puntos que la distribución de Kicillof exploración implementar.
A la vez,se impulsa la regulación de las «tiendas invisibles», los locales que operan a puertas cerradas y despachan pedidos exclusivamente a través de plataformas,que deberán respaldar esas mismas condiciones mínimas a quienes retiran la mercadería y se pretende alcanzar una articulación con el Banco Provincia para entregar microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de motos,bicicletas,cascos y demás herramientas de trabajo.
La propuesta adicionalmente apunta a la creación de una Mesa de Coordinación de Trabajo mediante Plataformas, presidida por el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación,con funciones que incluyen desde la planificación de políticas para el sector hasta la creación de canales de atención prioritaria en áreas de tránsito,espacios de estacionamiento exclusivos y convenios de colaboración con otras jurisdicciones.
El antecedente del «decreto Rappi»
El proyecto se apoya igualmente en un antecedente sumarial: el denominado «decreto Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense,que convalidó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de primacía de la ingenuidad para determinar si existe o no una relación profesional,por encima de cómo la empresa la denomine en sus contratos.
En los considerandos enviados a la Legislatura,el Ejecutivo bonaerense invoca adicionalmente el artículo 39 de la Constitución provincial,que reconoce el poder de policía en materia profesional,y el artículo 42 de la Ley 10.149,que habilita a la autoridad profesional a requerir información a las empresas para respaldar transparencia y control en las relaciones de trabajo interiormente de su facultad.También se cita el artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal para el Empleo,la Producción y el Crecimiento,que compromete a las provincias a coordinar políticas de fiscalización profesional.
Según la provincia de Buenos Aires el proyecto tendría impacto sobre 500 mil personas solo en el AMBA.
El situación internacional
El mensaje de elevación destaca que la iniciativa recoge los lineamientos surgidos de la 113ª (junio de 2025) y la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT,esta última realizada en junio de este año,que adoptó en forma tripartita un Convenio sobre trabajo moderado en plataformas digitales calificado como un acontecimiento de «enorme trascendencia» para el mundo del trabajo.
Ese utensilio internacional establece principios que obligan a los Estados a respaldar una adecuada determinación de la relación de trabajo, transparencia en los sistemas algorítmicos de gobierno,mecanismos de revisión de decisiones automatizadas,protección de datos personales y comunicación a la protección social y la permiso sindical.El proyecto igualmente toma como narración experiencias regulatorias ya aplicadas en España y México.
Incumplimientos y sanciones
La errata de cumplimiento de las obligaciones de registro,información y disposición de paradores quedará tipificada como infracción importante a la reglamento profesional en materia de vigor,seguridad e higiene, y se calificará como infracción muy importante cuando derive en aventura importante e inminente para la vigor de los trabajadores.La fiscalización y legitimación quedará a cargo del Ministerio de Trabajo,conforme la Ley 10.149 y el Pacto Federal del Trabajo.
El proyecto invita adicionalmente a los municipios bonaerenses a adherir a la norma una vez sancionada,y garantiza el derecho a la protección de los datos personales de los trabajadores de acuerdo a la Ley provincial 14.214.
El por qué de la ley
Durante una entrevista radial,Kicillof advirtió contra la simplificación de presentar a los empleos de plataformas solamente como una opción “de libertad” para trabajar pocas horas mientras se estudia o durante ratos libres. «Hay diferentes situaciones: a veces tiene que ver con la voluntad o con intercalar actividades,pero otras tienen que ver con el desempleo, con que no hay posibilidades de conseguir laburos que te garanticen algún tipo de continuidad y formalidad«, planteó.
El mandatario bonaerense explicó que para quienes generan la totalidad de su ingreso a través de una plataforma,los montos variables que define el operación pueden no alcanzar ni un salario reducido pese a cargas horarias muy extensas, y puso de relieve que delante un montaña «resulta difícil certificar algún vínculo profesional».
En ese situación,apuntó contra el presidente Milei por presentarse como representante de los trabajadores de Rappi,PedidosYa y Uber al mismo tiempo que,según el representante,su gobierno generó despidos en otras ramas de la producción como la textil y la metalúrgica. «Con todo el desempleo que generó Milei en otras ramas (…) a veces utilizan estas modalidades de trabajo,entonces hay más propuesta de trabajadores con lo cual han bajado lo que se les paga,así que están peor que cuando llegó Milei», sostuvo,y remarcó que fue en ese contexto que la provincia presentó su proyecto.
