martes, 25 de junio de 2024
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Una gestión deficitaria

 

Luego de extensas negociaciones, el gobierno logró en el Senado los dictámenes del plenario de comisiones para los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, aunque muchos senadores y senadoras firmaron con disidencias parciales. A ambos proyectos les queda por delante un largo camino: si son aprobados en la Cámara alta tienen que volver a Diputados, específicamente al plenario de comisiones, donde deben obtener dictamen, para luego ser discutidos en el recinto.

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Luego de extensas negociaciones, el gobierno logró en el Senado los dictámenes del plenario de comisiones para los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, aunque muchos senadores y senadoras firmaron con disidencias parciales. A ambos proyectos les queda por delante un largo camino: si son aprobados en la Cámara alta tienen que volver a Diputados, específicamente al plenario de comisiones, donde deben obtener dictamen, para luego ser discutidos en el recinto.

Por más que se los modifique, los proyectos continúan siendo malos porque su concepción es mala. Los retoques que les van introduciendo en las negociaciones responden a intereses provinciales o sectoriales pero, en ningún caso, los mejoran significativamente. Lo central de las iniciativas se mantiene: súper poderes con los que el Presidente puede actuar de manera discrecional salteando al Parlamento; concesiones nunca vistas que favorecen a grandes inversores externos e internos; flexibilización laboral; blanqueo de capitales escandaloso, entre otros puntos.

Además, los legisladores y las legisladoras no votan en un país donde no pasa nada. Los conflictos provinciales y sectoriales que se reproducen en muchos lugares de la Argentina por la intensificación del ajuste, achican los márgenes de la oposición amigable o dialoguista para votar las iniciativas del oficialismo. Mientras, tanto en Diputados como en Senadores los bloques de Unión por la Patria votan unidos en contra de estos proyectos de modo integral.

El nuestro es un país donde suceden fenómenos difíciles de explicar desde una racionalidad mínima. Según algunas estimaciones, con la paralización de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, la actual administración “se ahorró” unos 40 millones de dólares, la inversión que requería la planta que permitiría comprimir el gas y aumentar su traslado. Pero por la falta de terminación de esas obras la Argentina tendrá que importar gas por un monto de alrededor de 500 millones de dólares, impactando en el frente de las divisas. Es una gestión, por lo menos, deficitaria.

Hay, también, una gran dosis de insensibilidad social, tal como lo refleja la falta de entrega a comedores comunitarios de miles de toneladas de alimentos almacenados por el gobierno en diversos depósitos. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo con relación al hecho: “luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo (equivalentes a casi 10 millones de litros), de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio. Comedores comunitarios que por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía. Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos. Mirá vos lo que son las consecuencias prácticas de las ideas de la ‘revolución liberal libertaria’”.

Las discusiones de fondo son siempre las mismas. Estamos quienes creemos en la necesidad de un Estado presente que regule y que ponga límites a los poderosos y están los que sostienen que el mercado es el que tiene que resolver todos los desequilibrios y conflictos. El sistema capitalista sin regulaciones, como propone el Presidente, conduce siempre a la constitución de grandes monopolios y al aumento de la disparidad entre los dueños del capital concentrado y la inmensa mayoría de la población. Para el gobierno, según sus propias declaraciones, los monopolios representan una forma virtuosa de organización de la economía, porque “aumentan la eficiencia y bajan los costos”. Para esa perspectiva, el enemigo es el Estado, al que llaman “organización criminal”, y la salida consiste en reducirlo a su mínima expresión. En ese marco, el empleado de una empresa multinacional y sus dueños son equiparados como partes que deben negociar en supuesta igualdad de condiciones, aunque resulte evidente la disparidad de fuerzas entre ambos y, por ello, la necesidad de que intervenga el Estado como representante del interés general.

En el mismo sentido, está la discusión entre quienes creemos en la organización de los trabajadores y trabajadoras y en el llamado a convenios colectivos por ramas de actividad, y quienes quieren a los trabajadores y trabajadoras desorganizados y con convenios colectivos por empresa o directamente sin convenios. La disputa también está planteada entre los que creen que los contrabandistas y evasores son héroes, y quienes estamos convencidos de que los héroes son los que trabajan todos los días y se comprometen con la construcción de una sociedad más justa. Estos son algunos de los debates de fondo en la actualidad no sólo en la Argentina sino en el mundo entero.

Mientras tanto, según el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la actividad económica registró bajas interanuales del 6,3% en el primer cuatrimestre del año y del 3,1% en abril. Este descenso sucede en un escenario en el que los precios, producto de la desaceleración de la inflación, aumentan menos pero siguen subiendo. En la medida que los ingresos de la población continúan incrementándose por debajo de la suba decreciente de los precios, esos ingresos siguen perdiendo poder de compra.

El gobierno ha dicho que el objetivo de su política económica es cambiar los precios relativos de la economía. Pero, ¿relativos a qué? Al valor del salario, las jubilaciones y las pensiones. Es decir: de lo que se trata es de cuántos bienes y servicios puede pagar un trabajador, un jubilado o pensionado con sus ingresos.

En este contexto se explican la extensión de las negociaciones y las dificultades del gobierno para aprobar sus proyectos de ley. El deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población y los conflictos que se multiplican hacen que muchos legisladores y legisladoras teman, con razón, que su voto favorable a las iniciativas gubernamentales socave su representatividad política y electoral.

Esta semana falleció Nora Cortiñas, militante incansable por la democracia y los Derechos Humanos en nuestro país. Más allá de la tristeza que nos embarga, nos deja su ejemplo de compromiso persistente por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

* Diputado nacional por Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario

Fuente: Pagina12

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