jueves, 13 de junio de 2024

Ministerio de la crueldad y el abandono

 

En estos días se asiste a una campaña de descalificación de la labor de los comedores comunitarios. El gobierno de Javier Milei a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su plan de profundizar la urgencia social, interrumpe desde diciembre la entrega de alimentos destinados a complementar la red de asistencia para la población más pobre. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno lleva en 5 meses acumulado el 106 por ciento de inflación. Sabemos que la inflación en alimentos es la que más impacta en los sectores populares, ya que para los pobres ese gasto representa la mayor parte de sus magros e inestables ingresos.

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En estos días se asiste a una campaña de descalificación de la labor de los comedores comunitarios. El gobierno de Javier Milei a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su plan de profundizar la urgencia social, interrumpe desde diciembre la entrega de alimentos destinados a complementar la red de asistencia para la población más pobre. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno lleva en 5 meses acumulado el 106 por ciento de inflación. Sabemos que la inflación en alimentos es la que más impacta en los sectores populares, ya que para los pobres ese gasto representa la mayor parte de sus magros e inestables ingresos.

Interrumpir a nivel nacional esa asistencia solo puede leerse como una oportunidad para atacar la red solidaria que día a día sostiene la demanda urgente de alimentos y cuidado comunitario. Si bien el universo de comedores y merenderos es sumamente heterogéneo, la regularidad que detectan todos los estudios sobre el sector confirma la función social de estos espacios, así como la capacidad de hacer “milagros” con lo poco que reciben. Una vez más se justifica el abandono de cuestiones sociales urgentes responsabilizando a quienes padecen los problemas y, en este caso, a los que se organizan en torno a brindar alguna respuesta.

Por su localización en barrios populares, los comedores y merenderos son lugares que recepcionan la demanda más urgente y a la vez pueden actuar como puente entre las familias más pobres y el Estado en todos sus niveles y áreas de competencia (salud, educación, seguridad, etc). Hasta el 2015 la política del exMinisterio de Desarrollo Social fue trabajar intensamente para reconvertir los comedores que habían sobrevivido a la crisis del 2001 en espacios de cuidado comunitario orientados a la educación, recreación y reactivación de la economía popular. Esa política de institucionalización de la redes de cuidado comunitario se interrumpió, no solo por el cambio de enfoque del macrismo, que fomentaba la apertura de nuevos comedores sin importar su precariedad, sino también por la pandemia y el sostenido empeoramiento de la situación económica.

El Ministerio de Capital Humano en su cruzada contra las organizaciones sociales viene realizando desde febrero un relevamiento cuyo objetivo es auditar la existencia o no de los comedores comunitarios. Esta auditoría según expresan las autoridades, se realiza sobre la base del Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM), un registro desactualizado que contiene defectos propios de su contexto de surgimiento. Este instrumento fue creado en el peor momento de la crisis del COVID-19, entre julio y septiembre de 2020. En él se pre-inscribieron tanto comedores que estaban brindando asistencia alimentaria, como aquellos que aspiraban a hacerlo en ese momento crítico, de ahí que no es una sorpresa encontrar deficiencias en ese registro. .El actual Ministerio de Capital Humano no aclara si la auditoría se basa en el registro espacios validados por la gestión saliente o sí, por el contrario, están tomando el ReNaCOM en su versión primera y artesanal.

El informe final de gestión presentado por la Secretaria de Inclusión Social del ex MDSN consigna que el ReNaCOM llegó a tener 102.608 pre inscripciones. . Sin embargo, el grupo de comedores validado que venía recibiendo alimentos bajo la órbita de esa Secretaria hasta diciembre 2023 era de 4.500 comedores y merenderos. La difusión del informe que, según trascendidos periodísticos, sustenta la presentación judicial de Pettovello habla de un 50 por ciento de comedores que no funcionan y un 25% con dirección desconocida, a su vez sabemos que hasta el momento se relevaron 3.350 direcciones en el AMBA. Entonces, ¿a qué 50 por ciento se refiere la ministra? ¿se trata de una muestra del total o solo de la PBA? ¿Qué delito puede significar que un comedor barrial no esté funcionando, si por 5 meses no se han realizado transferencias ni en especies, ni en dinero? La intencionalidad de dañar la credibilidad de las redes barriales queda expresada en las inconsistencias de los trascendidos periodísticos de las últimas semanas. Los que seguimos de cerca el tema de asistencia alimentaria sabemos que en los últimos años, por el crecimiento exponencial de la demanda, no ha sido fácil sostener una política de fortalecimiento y certificación de la calidad nutricional de los alimentos que llegan por la vía de comedores barriales a niños, adolescentes y adultos mayores. En una gran mayoría de los casos los comedores son parte de una dinámica muy precaria, sostenida por vecinos igual de pobres que las personas a las que atienden. Se trata de una red que, como ya se dijo, es muy heterogénea, pero en la que el trabajo solidario y el entendimiento de la política como servicio son dominantes. Obviamente en la comprensión de los dirigentes de La Libertad Avanza esta lógica socializante es incompatible con su proyecto individualizante de sociedad. Todo lo que produzca comunidad debe ser desarticulado, descalificado y luego clausurado. Para este gobierno, la seguridad alimentaria no es responsabilidad del Estado Nacional, tampoco prevé apoyar la intervención de otros niveles de gobierno (provincial y municipal) que con sus disímiles recursos se articulan con organizaciones sociales para garantizar mayor cobertura y proximidad territorial con las familias. ¿Será que para este gobierno las redes políticas y sociales que actúan en los barrios bajo la premisa del bien común, deben ser reemplazadas por redes paraestatales que financien las demandas urgentes a la vez que imponen un nuevo orden centrado en el miedo y el ejercicio de las violencias? Esta transición con foco en la política del abandono y la crueldad, más que un interrogante empieza a ser una dramática certeza.

* Dra. en Ciencias Sociales (FCSs/UBA)  

Fuente: Pagina12

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