El Gobierno ‘sigue con preocupación’ situación política en Venezuela tras inhabilitación de Machado
El Gobierno argentino informó que «sigue con preocupación» la situación política en Venezuela y lamentó la decisión de la justicia de ese país de «inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas» a la principal líder de la oposición y ganadora de las primarias, María Corina Machado.
«La Argentina reafirma su compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y espera la pronta celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa», expresó la Cancillería en un comunicado.
Comunicado de prensa sobre la situación política en Venezuela
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 27, 2024
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó ayer la inhabilitación para ocupar cargos públicos de la exasambleista Machado, elegida candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de este año, lo que deja prácticamente en vía muerta al acuerdo del Ejecutivo con el antichavismo para encarrilar el proceso electoral.
«Está inhabilitada por quince (15) años por estar incurso (…) en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó», proclamado presidente interino hasta enero de 2023 en un intento por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el TSJ en la sentencia.
Para la corte, esa trama «propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos».
Machado, de 56 años, había sido sancionada por un año en 2015, en principio por asistir como «embajadora alterna» de Panamá a una reunión de la OEA, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40 muertos.
Pero en junio de 2023, la sanción fue extendida a 15 años bajo el argumento de que la Contraloría seguía investigándola.
