el Gobierno va por la nacionalización

El Gobierno apuró el paso y busca aprobar un marco de nacionalización del litio antes de que concluya el mandato de Alberto Fernández. La iniciativa legal propone el protagonismo de Nación en la recaudación derivada de la explotación del mineral y, también, una injerencia de peso de la Casa Rosada en el destino comercial del metal. En Argentina la actividad minera opera a partir de un paquete de leyes votadas durante el menemismo que, entre otros aspectos, establecen que las provincias son dueñas de sus subsuelos y es esa condición la que hoy enciende el rechazo a la nacionalización que exhiben Jujuy, Catamarca, Salta y La Rioja, los distritos con yacimientos de litio activos o en desarrollo.

La decisión del oficialismo de acelerar para abrochar la nacionalización antes de diciembre fue expuesta por Mercedes Marcó del Pont, actual secretaria de Asuntos Estratégicos, quien habló de promover un tipo de industrialización a nivel doméstico aunque, vale destacarlo, hasta el momento las mineras y las automotrices que compran litio argentino no han dado una sola señal en esa dirección.

Hoy por hoy, el mercado local exporta carbonato de litio casi en su totalidad. Este último es uno de los productos primarios de la cadena de generación del material y su producción afecta notablemente la supervivencia de los ecosistemas de la Puna en tanto demanda un uso ampliado del recurso hídrico.

El «valor agregado» que no tiene el litio

Si bien en los últimos años se ha publicitado largamente aquello del «valor agregado» en la extracción de litio, lo cierto es que Argentina es exportador de la versión más «básica» del mineral. Según Marcó del Pont, esto es lo que se buscaría cambiar, también, con la nacionalización en carpeta.

«(Se) requiere plantear y discutir reglas de juego para que la participación de nuestro país sea a través de la generación de soberanía tecnológica y empleos de calidad que impulsen el agregado de valor en todos los eslabones de la cadena», declaró.

«La forma de pararnos frente a esta situación no son más que dos: extractivismo o industrialización, esos son los dos proyectos que están en discusión en nuestro país. Es necesario fomentar el desarrollo industrial aguas abajo, promoviendo la creación de empleo de calidad y el desarrollo territorial armónico», agregó.

Marcó del Pont sostuvo que si Argentina deja pasar esta oportunidad «se corre el riesgo certero de desindustrializarse, empezando por el sector automotriz«.

Advirtió, también, que si la Argentina no logra el desarrollo de baterías «no hay forma de poder sostener una industria automotriz competitiva y con integración nacional». El proyecto oficial contemplaría la disponibilidad de una cuota de litio para su industrialización en el país, según la funcionaria.

Las provincias de litio, en la vereda de enfrente

Catamarca, Salta y Jujuy, las provincias con mayor peso en el negocio del litio en la Argentina, cierran filas y se oponen a cualquier intento por nacionalizar la explotación del mineral o la integración con Chile y Bolivia, los países vecinos que también acumulan reservas del mismo metal.

Así lo dejaron en claro los gobernadores de los tres distritos en el marco de la última edición de la feria ArMinera, espacio que fue aprovechado por los mandatarios para enviar un mensaje político al Gobierno nacional y sus posibles sucesores a partir de diciembre.

Las provincias apuntan a recaudar al menos 17.000 millones de dólares en concepto de producción del litio y generación de baterías.

«Chile está yendo para atrás, y en buena hora, porque van a venir más inversiones a la Argentina». De esa forma sintetizó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, una de las posibilidades que se abren para su administración en un contexto de demanda de litio acelerada a nivel global. Del otro lado de la cordillera, el gobierno de Gabriel Boric busca la nacionalización del metal.

 

«También retrocede Bolivia, hay que avanzar por el camino de los Acuerdos de Libre Comercio, no me gusta la idea del triángulo de litio», dijo, en una manifestación clara de cualquier intento de integración regional con los países limítrofes que también explotan el litio.

«Las políticas de la mesa del litio tienen que coordinarse con la política nacional, como el impulso a la electromovilidad y las baterías, un negocio que mueve u$s35.000 millones. Teniendo el litio y las automotrices nos podemos quedar con la mitad de ese negocio».

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, completó sin mayores eufemismos: «Estamos en contra de lo que significa la OPEP. Hoy tenemos litio, también cobre. Si trabajamos de forma responsable vamos a aportar mucho para bajar la inflación y dar trabajo».