El co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, se mostró “sorprendido” por la “pretensión” del gobierno de Jujuy para que “nosotros denunciemos o hiciéramos mención a los excesos en el derecho de protesta” en esa provincia y ratificó que el organismo que preside acompaña las demandas de los manifestantes y reclama “el cese de la violencia estatal”.
En diálogo con Télam Radio, Tavani planteó que el conflicto en la provincia de Jujuy “ha generado violencia estatal indiscriminada, persecución, hostigamiento, criminalización y encarcelamiento a decenas y decenas de personas, detenciones arbitrarias”.
Y consideró que es un conflicto “que el propio gobierno jujeño había generado, viene generando y viene escalando sin solución de continuidad”.
De esta manera, rechazó la solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de esa provincia que, “instados, por supuesto, por el poder político” reclamó que “nosotros mediemos en ese conflicto sobreinterpretando prejuiciosamente lo que nunca dijimos”.
En este sentido, Tavani argumentó que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, “lo que hace es justamente defender derechos fundamentales y garantías fundamentales, denunciar sus violaciones allí donde se produzcan”.
“Pretenden imponerles sanciones, criminalizarlos, imputarlos, procesarlos y condenarlos por delitos gravísimos, cuando en realidad lo único que reclaman es el acceso a la tierra, al agua, al litio, el petróleo, mejoren sus salarios, sus condiciones de vida y de trabajo”.Eduardo Tavani
Al reafirmar que desde la APDH acompañan las peticiones “del pueblo que se expresa en las calles en ejercicio de derechos fundamentales”, el dirigente de derechos humanos pidió que el gobierno de Gerardo Morales “escuche esas demandas” y convoque a “una mesa de diálogo”.
Sin embargo, Eduardo Tavani alertó que el gobierno de la provincia “ha decidido perseguir y reprimir” al lanzar “una cacería” contra quienes reclaman en las calles y en las rutas.
“Pretenden imponerles sanciones, criminalizarlos, imputarlos, procesarlos y condenarlos por delitos gravísimos, cuando en realidad lo único que reclaman es el acceso a la tierra, al agua, al litio, el petróleo, mejoren sus salarios, sus condiciones de vida y de trabajo”, sostuvo el titular de la APDH.
Además, agregó que esas demandas sociales “allí en Jujuy o donde se den” están garantizadas “por normas supremas, tratados, pactos y convenciones internacionales que tienen el mismo rango que la Constitución”.
Y expresó la necesidad de que los funcionarios jujeños “entren en razones” para que “cesen este hostigamiento y esta persecución y de una buena vez se sienten a dialogar con su pueblo”.
“Una solución pacífica, concertada, acordada, que finalmente contemple todo lo que se reclama desde hace mucho tiempo, no desde ahora”, completó en este sentido.
