La Internacional Progresista repudió la ‘agresión’ contra el pueblo jujeño
La organización Internacional Progresista (IP) advirtió este viernes que «el pueblo de Jujuy está siendo agredido» por el gobernador Gerardo Morales, tras la represión desatada esta semana contra manifestantes que rechazaban la reforma de la Constitución local, y afirmó que las modificaciones a la carta magna «ponen en peligro sus derechos, su soberanía y su dignidad».
«El pueblo de Jujuy está siendo agredido. El pueblo de la provincia de Jujuy está siendo agredido por el gobernador Gerardo Morales, por las fuerzas de seguridad que ha desatado sobre él y por las reformas que ha forzado y que ponen en peligro sus derechos, su soberanía y su dignidad», sostuvo el organismo internacional a través de un comunicado.
URGENTE 🇦🇷 «Nuestra solidaridad con trabajadorxs, comunidades y pueblos Indígenas que se han movilizado a las calles de Jujuy». Declaración de la @ProgIntl_ES sobre la brutal represión en la provincia del Norte de Argentina.
https://t.co/POW2LTvMYV— Internacional Progresista (@ProgIntl_ES) June 23, 2023
En esta misma línea, la IP condenó la «violenta represión» contra el pueblo de Jujuy y aseguró que la misma llevó a que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresara su grave preocupación por «el manejo de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado».
«Denunciamos como ilegítima la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales, tanto en sus medios como en sus fines»Comunicado de la IP
Asimismo, la organización denunció que la reforma constitucional «viola tanto la Constitución nacional argentina como los tratados internacionales que protegen a las comunidades locales» y sobre todo «los recursos que tienen bajo sus pies, como el litio».
«Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores, las comunidades y los pueblos indígenas que se han movilizado en las calles de Jujuy para exigir salarios justos, condiciones dignas y el derecho democrático a rechazar la reforma ilegítima del gobernador Morales», concluyeron.
