Citan a tres exfuncionarios macristas para que declaren sobre el fallo del 2X1 a genocidas
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al exministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos Germán Garavano; al senador José Torello, exjefe de asesores de la Presidencia y al prófugo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, asesor judicial del Gobierno de Mauricio Macri, para que declaren ante ese cuerpo sobre el fallo del «2×1» para las condenas a genocidas, que fue dictado en 2017 por el máximo tribunal.
La comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), convocó también para el martes a las 13 a Santiago Otamendi, funcionario del Ministerio de Justicia; Horacio Diez, subprocurador del Tesoro; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la dictadura del Hospital Posadas.
Estos testimonios se darán en el marco del proceso que lleva adelante la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y que tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del FdT y de Juntos por el Cambio (JxC).
Fuentes parlamentarias estiman que los exfuncionarios de Macri finalmente no concurrirán a la Cámara baja para «no legitimar» el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema.
La citación a Garavano fue propuesta por el diputado del FdT Rodolfo Tailhalde, quien propuso además convocar al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno ‘Pepín’ Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia.
Para citar a Rodríguez Simón, la comisión enviará una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante a los fines de «garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la comisión».
También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia del macrismo Santiago Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte durante el Gobierno de Cambiemos sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad.
En tanto, para las 14,30 citó a Gladys Cuervo y Zulema Chester, ambas trabajadoras del Hospital Posadas; a Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía de Rosenkrantz, y al abogado Macelo Mazzeo, que había estado convocado a la ultima reunión de comisión pero no concurrió.
En esa última reunión, la comisión resolvió pedir al procurador general interino, Eduardo Casal, que se tomen las «medidas disciplinarias correspondientes» contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte.
Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso archivar dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la ciudad de Buenos Aires.
El argumento de Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
El martes 28, en tanto, se realizaría la audiencia sobre el expediente referido a los fallos relacionados con la coparticipación, para lo cual fueron citados el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich,
De todos modos, esa fecha podría cambiar debido a que ese día podría haber una sesión especial para abordar el tema de los tribunales federales de la provincia de Santa Fe para atender la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.
Los diputados analizan una batería de pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte, de los que se destacan los impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores oficialistas, relacionados con su fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y la resolución de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, que lo retrotrajo a su formación inicial de 20 integrantes y puso su presidencia en manos del también titular del máximo tribunal, en esta instancia Rosatti.
