La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, comenzó este miércoles a recabar «denuncias de violaciones a los derechos humanos» en Perú, en el marco de la represión que se vive en ese país desde hace dos meses.
«Hay 64 ciudadanos asesinados en escenarios de manifestaciones pacíficas a manos de miembros del Ejército o integrantes de las fuerzas policiales», indicó la dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro durante una conferencia de prensa realizada en un estudio jurídico de Lima.
La delegación arribó el martes por la noche a Perú y comenzó a «recolectar información» que obtendrán de mantener un «contacto directo con las víctimas» de la represión ordenada por la presidenta peruana, Dina Boluarte.
«Al final del día va a haber un reporte con las tareas que se realizarán a diario y al final de la Misión vamos a hacer un informe con definiciones preliminares», remarcó el abogado Pablo Garciarena, perteneciente a la asociación Xumek.
Por su parte, el dirigente social Juan Grabois -quien también forma parte del grupo- resaltó que «el objetivo central» de la delegación «no es sólo tomar un registro» sino que la intención es que «cese la violencia contra los más vulnerables».
«Argentina tiene una tradición de defensa de los derechos humanos de muchos años, que surge del proceso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que enfrentaron la desaparición y torturas durante el terrorismo de Estado en Argentina. Nuestra obligación es reproducir ese ejemplo», subrayó.
Pese a afirmar que la delegación «no tiene el rol» de tomar posición sobre «asuntos de política interna», Grabois anunció que participarán «pacíficamente» de una manifestación que se realizará este miércoles en Lima para «acompañar el derecho a protesta».
El diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Marino ratificó que la Misión fue a corroborar que se respete «el derecho a la vida, a la defensa y al debido proceso» y no a intervenir en «asuntos internos».
«Venimos acá a velar por el respeto a los derechos humanos, que son derechos universales», subrayó.
Además de Navarro, Grabois y Marino, la delegación que estará hasta el 13 de febrero en suelo peruano también está integrada por el diputado Federico Fagioli (FDT), el referente social Ramiro Gueber (La Dignidad), la dirigente María José Cano (ATE), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.
En este contexto, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) convocó este miércoles a una movilización para el jueves a las 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio en apoyo a «la lucha del pueblo peruano».
«Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la masacre del pueblo. Libertad a Pedro Castillo. Asamblea Constituyente Libre y Soberana», enumeró el FIT-U en redes sociales.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
Tras las nuevas protestas del fin de semana en Lima, el Gobierno peruano declaró el estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, que conforman casi la práctica totalidad del centro-sur del país.
