La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a fines del año pasado la elevación a juicio de la causa en la que se investiga al exmilitar Roberto Brunello, quien será juzgado tras haber permanecido ochos años prófugo por crímenes de lesa humanidad cometidos en el sur de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
Al exmilitar se lo acusa de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de 42 víctimas, además de los abusos deshonestos a una de las mujeres secuestradas.
«Brunello era el jefe de la compañía a cargo de los secuestros llamada Compañía Combate Mayor Keller del Batallón de Comunicaciones 181, que era la unidad militar del V Cuerpo del Ejército a cargo del área 511 y que abarcaba la zona de Bahía Blanca y el sur de la provincia de Buenos Aires», explicó en diálogo con Télam Pablo Fermento, uno de los fiscales auxiliares de la causa.
Fermento detalló que la unidad militar que lideraba Brunello estuvo a cargo del secuestro de «decenas de ciudadanos de la región que permanecieron en cautiverio y sometidos a interrogatorios en el centro clandestino que funcionó en las instalaciones del batallón».
«A su vez este centro clandestino actuó en la mayoría de los casos como intermediario con el centro clandestino de detención y tortura La Escuelita y con la cárcel, para el caso en que las víctimas eran blanqueadas», precisó. El acusado también integró la plana mayor del mismo batallón, bajo la doble calidad de oficial de Inteligencia y oficial de Personal.
Entre los cargos que se le imputan se encuentra el caso de una víctima que sufrió diferentes situaciones de abusos sexuales e intentos de violación en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181.
Se trata de uno de los únicos dos casos que hasta el momento pudieron ser llevados a juicio -de un conjunto de varias imputaciones por delitos sexuales- tras el rechazo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad, para convocar a declarar a diversos acusados por esos hechos.
«Los principales argumentos de la Cámara Federal tienen que ver con la absorción de los abusos sexuales en el delito de tormentos y con la interpretación de que rige también en estos casos la instancia privada de las víctimas», explicó Fermento.
Sin embargo, el funcionario judicial sostuvo que, para la fiscalía, los abusos sexuales como «práctica sistemática del plan criminal sobre las mujeres reúne una entidad y una lesividad que no permite entenderlos directamente abarcados por las torturas», dado que «los propios testimonios de las víctimas dan cuenta de estos diferentes planos de padecimiento».
El hecho de exigir la instancia privada frente a «prácticas que ya se conocen y tomaron estado público en el expediente sólo acarrea la consumación de la impunidad», añadió.
«Cabe aclarar que la cámara decretó que faltaba la instancia privada incluso en el caso de víctimas que fueron asesinadas luego de sufrir los abusos, o que murieron sin llegar a declarar», subrayó Fermento.
Brunello había sido llamado por el Juzgado Federal bahiense a prestar declaración indagatoria en 2013, momento en que se dio a la fuga y tras lo cual permaneció prófugo durante ocho años, hasta que el 8 de noviembre de 2021 fue capturado por personal del Departamento Unidad Federal de Casos Especiales de la Policía Federal en un complejo habitacional del partido de Escobar.
«El avance de la acusación contra Brunello sufrió una importante demora por haber permanecido ocho años prófugo, a pesar de numerosos esfuerzos por dar con su paradero», indicó Fermento y agregó que «los imputados que fueron acusados al mismo tiempo que Brunello actualmente se encuentran en etapa de debate oral y público».
De esta manera, el fiscal hizo referencia al juicio por la Megacausa Zona 5, que lleva adelante el Juzgado Federal bahiense desde febrero del año pasado y que es el debate oral y público por crímenes de lesa humanidad más grande llevado a cabo en esa jurisdicción, con 38 imputados por los delitos perpetrados contra 334 víctimas.
Es por ello que el fiscal anticipó a Télam que si bien la Unidad de Derechos Humanos pidió la elevación a juicio contra Brunello el pasado 28 de diciembre, por la magnitud de esa megacausa, cuya realización demandará «buena parte del 2023», puede que el proceso no se inicie «antes de 2024».
Al ser consultado por las demoras en los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, Fermento expresó que «la sensación es que no se termina de comprender que estamos en una etapa naturalmente de punto final biológico en lo que tiene que ver con el juzgamiento de las responsabilidades penales».
«Los juicios en la generalidad del país tramitan con cierta lentitud, sumado a las previsibles demoras en las sentencias definitivas, y que hacen prever que muchos de los acusados morirán o se incapacitarán antes de llegar a ese momento», profundizó.
El fiscal enfatizó que «resulta imperioso también que esta necesidad de avanzar en los debates no conspire contra otros planos de participación del servicio de justicia como lo es el de la búsqueda de enterramientos y del destino de los desaparecidos, incluyendo a los niños y niñas apropiados en cautiverio».
