El Frente de Todos (FDT) en la Legislatura porteña pidió este martes la interpelación del director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Gabriel Unrein, para que rinda cuentas sobre las designaciones de docentes e investigadores, entre las que se encuentran la del ministro de Seguridad con licencia Marcelo D’Alessandro y la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El requerimiento estuvo a cargo del presidente del bloque opositor porteño, Claudio Ferreño, para que el funcionario concurra a la Comisión de Seguridad del Parlamento local «a efectos de ser interpelado en relación al estado de situación actual del Instituto, particularmente respecto al cuerpo docente, la realización de concursos, las designaciones directas de profesores e investigadores».
La presentación hizo hincapié en las designaciones de la jueza federal como investigadora senior de la institución y también del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad D’Alessandro, como docente titular, así como del Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que ocupa el cargo de vicedirector.
Según señalaron desde el bloque del FDT, apuntan a «conocer los motivos que sustentan» la designación de Capuchetti, «considerando que no se han efectuado en base a un concurso público de oposición y antecedentes»
El vínculo laboral entre el Instituto y la magistrada fue divulgado la semana pasada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, quien precisó que Capuchetti «está contratada» desde 2019 por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Según señalaron desde el bloque del FDT, apuntan a «conocer los motivos que sustentan» la designación de Capuchetti, «considerando que no se han efectuado en base a un concurso público de oposición y antecedentes».
Asimismo, aludieron al nombramiento, a través de la resolución 12/23 del Instituto, de D’Alessandro, quien se «encuentra actualmente de licencia por una serie de escándalos respecto a posibles hechos de corrupción y maniobras junto a jueces federales y empresarios de medios que no resultan éticas para un funcionario público».
«Cabe preguntarse, en este sentido, si Unrein consideró esta serie de hechos a la hora de firmar las distintas resoluciones que los designan y, en particular, si realizó una valoración ética acerca de dichas designaciones teniendo en cuenta el rol del Instituto», concluyeron.
