Se desarrolla la octava jornada de alegatos de la fiscalía en el juicio ‘Vialidad’
En su octava jornada de alegatos los fiscales del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, siguieron fundamentando que entre los años 2003 y 2015 se benefició al contratista Lázaro Báez en lo que denominaron como «la corrupción más grande» del país.
«Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron», recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de este viernes, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con Néstor y Cristina Kirchner.
Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran «contratistas contratantes, una misma parte».
En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz.
Sobre el segundo tramo del alegato de Luciani, el fiscal enumeró las adquisiciones de campos y estancias del grupo Báez y sumó que, en la provincia de Santa Cruz, adquirió 415 mil hectáreas y cerca de 300 propiedades en todo el país, asumiendo que ese patrimonio se financió con dinero ilícito.
Luego fue el turno del fiscal Sergio Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la persecución política que se aplica a través de este proceso penal.
«El ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe; el ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción», sostuvo Mola.
Esta es la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya anticiparon que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
