Los representantes legales de la familia de Santiago Maldonado pidieron este jueves al pleno de la Cámara Federal que revierta el cierre de la investigación y los sobreseimientos que dispuso el juez Daniel Rafecas en torno al espionaje de gendarmes a familiares del artesano y otros activistas.
Los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea expusieron sus razones ante los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, en la audiencia de apelación por el cierre del expediente y el sobreseimiento de los funcionarios involucrados.
A mediados de julio, Rafecas definió que los seguimientos y escuchas a los familiares del artesano se habían concretado para prevenir la “alteración del orden público” en momentos en que se desarrollaban actos y movilizaciones por la desaparición de Santiago en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.
Rafecas sobreseyó al exnúmero tres del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, y también a Fabián Méndez, exjefe de Gendarmería en El Bolsón.
Matías Aufieri puso el foco en que si los gendarmes pretendían cuidar el órden público debían hacerlo según el protocolo respectivo, identificados como miembros de las fuerzas de seguridad y con la directiva de un juez.
“El espionaje es ilegal por donde se lo mire y además queremos que se explore qué otra información tenía reunida Gendarmería”, planteó Aufieri.
Una pericia sobre el celular del gendarme Méndez confirmó que un grupo de efectivos de esa fuerza efectuaba tareas de inteligencia sobre Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y sobre su pareja, Andrea Antico.
Además, según surge de cuarenta páginas de mensajes entre los gendarmes y su jefe, vigilaban los movimientos de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y también de referentes mapuches y activistas de la Patagonia.
“Planteamos todas las pruebas que consideramos que no fueron valoradas y las líneas de investigación que a nuestro juicio deben ser reabiertas”, explicó Aufieri.
“Nosotros cuestionamos la figura de alteración del orden público porque puede aplicarse a cualquier movilización y porque la mayoría de los mensajes no eran en torno a manifestaciones”, señaló el letrado de la querella iniciada por la legisladora Myriam Bregman.
Ante Boico, Irurzun y Farah, Aufieri puso el foco en que si los gendarmes pretendían cuidar el órden público debían hacerlo según el protocolo respectivo, identificados como miembros de las fuerzas de seguridad y con la directiva de un juez.
Con esta audiencia, la Sala II de la Cámara estaría en condiciones de resolver si confirma o rechaza lo dispuesto en primera instancia por el juez Rafecas.
