Regular redes sociales: ¿puede instrumentarlo el Gobierno?

El funcionario presidencial Gustavo Béliz reveló que se trabajaría en un «pacto» para el buen uso de redes sociales que se derivaría de un «estudio pionero» en el que participarán «30 universidades» con el objetivo de no «intoxicar» la democracia, mencionando además la «desinformación», el «odio» y aún la «sobreinformación» que generan las redes.

Este anuncio, vago e impreciso, fue expuesto en un foro gubernamental donde la temática central era otra y estaba cargado de connotaciones negativas contra el ejercicio de la expresión y la comunicación.

Tales aseveraciones reiteraron la posición usual del grupo gobernante cuando rotula la crítica u oposición como «discurso de odio» y no pudo ser interpretado sino como un intento de regulación de las redes, repudiado por toda la oposición política y entidades y ONGs no vinculadas con el albertismo- kirchnerismo.

ADEPA rechazó el anuncio al señalar que «este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas».

Independientemente de que se trate de «sugerencias de uso o autorregulación» debe «ponderarse cualquier efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana».

FOPEA dijo que «no es atribución de organismos del Poder Ejecutivo auditar, restringir o sancionar las expresiones de ciudadanos».

El funcionario presidencial Gustavo Béliz reveló que se trabajaría en un «pacto para el buen uso» de redes sociales

Regular las redes: ¿como funcionaría?

No existe ninguna iniciativa previa, proyecto de ley o documento que haga alusión a lo dicho por Beliz, salvo un hasta ahora desconocido programa denominado «Redes para el bien Común» del Consejo Económico y social.

Ese programa, según explicó el funcionario, se basaría en la adhesión de Argentina a un Pacto por la Información y la Democracia, que suscribieron varios países en 2019.

En realidad, se trata de una referencia a texto titulado Partenariat Information et Démocratie, promovido por el gobierno francés y otras ONG globales en el marco de la reunión ministerial de la Alianza por el Multilateralismo celebrada el 12 de noviembre de 2020.

Esta reunión derivó en la creación del Foro sobre la Información y la Democracia (FID) que se presenta como una «entidad internacional fundada por 11 organizaciones independientes de diferentes orígenes y regiones».

Según su propia declaración de principios esta ONG busca «facilitar respuestas regulatorias u autorregulatorias» del «espacio global de la información y comunicación» y a apoyar lo que denomina «la función social del periodismo».

Una de las organizaciones que integra el FID es Observacom, con sede en Uruguay, que tiene una nutrida participación de académicos argentinos que promovieron o apoyaron la Ley de Medios del gobierno kirchnerista y que se nuclean en la Universidad Nacional de Quilmes y otros centros, así como de especialistas latinoamericanos con posturas afines.

Gabriela Cerruti cuestionó a Rodríguez Larreta por las críticas al Gobierno por este nuevo proyecto

La explicación y la polémica de Cerruti contra Rodríguez Larreta

Si bien Béliz debió aclarar sus manifestaciones y dijo que sus dichos no significan «ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión», su exposición no parece despejar las dudas.

Con el estilo que la caracteriza, la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti dijo que lo que erosiona a la democracia es que «un jefe de gobierno instale noticias falsas», respondiendo selectivamente la preocupación manifestada por el alcalde opositor de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta.

Agregó la funcionaria y experiodista que se buscaba «un debate sobre el buen uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio, bullying o ansiedad».

Cerruti, que ha transformado el cargo en una plataforma de ataque destemplado y partidario contra quienes se expresan en contra del gobierno y que ha recurrido a evidentes «noticias falsas» en muchas de sus declaraciones, tampoco proporcionó mayores detalles.

Si Béliz habla de un «pacto», ¿a qué se está refiriendo? Es claro que un pacto de expresión no puede ser concertado con todos los millones de personas individuales que utilizan las redes sociales.

No es función de un gobierno señalar qué cosas son tóxicas o falsas en la expresividad

Las expresiones y la censura previa

Tampoco es función de un Gobierno señalar qué cosas son tóxicas o falsas en la expresividad. Además, se acepta que, al menos en las democracias y en particular en el ordenamiento constitucional argentino, la expresión no puede ser regulada «ex ante» (censura previa) ni crearse el delito de opinión

Existirán, en todo caso, delitos o ilícitos cometidos a través de los medios (desde la «prensa» a Internet) y que se juzgan con el Código Penal o Civil, sin perjuicio que éstos puedan ser adecuados a realidades digitales. Pero así como no puede haber «delitos de prensa», no puede tampoco haber «delitos de Internet» per se.

Ante la imposibilidad alcanzar un «pacto» con millones de usuarios para establecer pautas expresivas y ante la paradoja de un gobierno cuyas contradictorias o falaces aseveraciones lo convierten en un activo generador de «noticias falsas«, las manifestaciones de Béliz fueron tomadas como un intento autoritario de regular la expresión o la difusión de noticias desfavorables para el gobierno.

Para algunos sectores, el Gobierno busca desviar la atención y que no se hable del problema de la inflación

¿Intento de desviar la agenda informativa para no hablar de inflación?

Otros sectores, más cínicos, interpretan que podría tratarse de una manifestación más de verborragia irreflexiva oficial o, por el contrario, de un intento calculado de desviar la agenda informativa para restar fuerza a noticias o debates sobre temas como la inflación, la furibunda interna del oficialismo o el acuerdo con el FMI.

Sin embargo, cualquiera de estos casos revela que, en el fondo, los integrantes del heterogéneo grupo político que actualmente comparten (a los codazos) el poder tiene una concepción que los hermana por encima de toda diferencia: la incomodidad con los medios, el periodismo, la información crítica y la expresión ciudadana cuando les es desfavorable.

No importa que se trate de un diario de papel, un portal o un tuit individual. Y no importa que se trate de Máximo Kirchner («basta de celulares y redes»), Mario Ishii («el pueblo se levantará contra los medios») o la propia Cerruti («el periodismo no chequea la información»).

O el mismo Presidente, quien compartió tuits contra periodistas o señalando que el periodismo era «una vergüenza nacional». 

Tiempo atrás, la defenestrada ministra de Seguridad habló de «ciberpatrullaje» de redes sociales. También se creó un «observatorio» denominado NODIO para detectar las manifestaciones de «odio» en los medios y redes.

«La libertad de expresión es un derecho humano. Cualquier medida que regule el uso de las redes sociales supone una violación de este derecho fundamental», señaló la diputada Karina Banfi, especialista en temas de libertad de expresión.

Algunos países comenzaron a debatir sobre Internet y el uso de las redes sociales

La función de las redes sociales: el debate legítimo

Existe, por supuesto, un debate legítimo sobre Internet y el uso de las redes sociales que implica internarse en territorio aún desconocidos o en ebullición permanente.

Son los mismos debates que se dieron cuando aparecieron nuevos medios: la radio, el cine o la televisión y que incluso hoy no están saldados por completo

¿Cómo financiarlos? ¿Socavan a los medios anteriores y en ese caso qué debe hacerse? ¿Qué tipo de responsabilidad expresiva generan? ¿Promueven conductas disvaliosas? ¿Cómo afectan la credibilidad pública o la confianza en las instituciones?

En el caso de las redes es muy legítimo preguntarse si una empresa privada como Meta o Twitter pueden ejercer la censura o la cancelación (aun contra un presidente) o cómo se generan cuentas o informaciones falsas para realizar operaciones políticas de inteligencia por parte de un político local de tercera línea o por la inteligencia de Vladimir Putin.

O bien cómo salvaguardar derechos de propiedad intelectual y qué con tipo de herramientas y expeditividad debe contar la justicia para sancionar delitos o ilícitos a través de las redes.

Esto último, por supuesto, incluye auténticos «delitos de odio», categoría muy precisa de base étnica o religiosa y con algún apoyo en la fuerza militar y que fue generada por el accionar comunicacional en pavorosos genocidios como los de Ruanda o la ex Yugoslavia.

Sin embargo, los bolivarianos y simpatizantes latinoamericanos del «socialismo del siglo XXI» han tergiversado esa categorización para considerar «odio» a cualquier manifestación opositora o que no se adecue al relato que buscan imponer.

Entre nosotros, esta tergiversación sido raudamente adoptada como herramienta de debajo vuelo político por el albertismo-kirchnerismo para cancelar, deslegitimar y a veces perseguir voces disonantes o críticas.

Los debates sobre comunicación e información en redes e Internet deben ser dados «desde abajo» por la sociedad civil en un contexto alejado de cualquier oportunismo o uso político subalterno.

Y sin utilización por parte de gobiernos que se monten en ellos sólo para limitar la libertad de expresión y evitar la difusión de críticas o información desfavorables, es decir, para degradar la democracia.