Hoy la jueza del tribunal de Juicio y Apelaciones de Entre Ríos, María Carolina Castagno, resolverá sobre la apelación que presentó el abogado Rubén Pagliotto, en representación de Leonor Barbero y sus tres hijos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, en contra de lo que resolvió el juez Raúl Flores, que el viernes pasado no aceptó el desalojo del predio denunciado como usurpado.
Flores había rechazado el planteo de esa parte del conflicto de desalojar el predio rural, ocupado por Dolores Etchevehere y un grupo de personas del denominado Proyecto Artigas, que respalda Juan Grabois.
Lo que Castagno debe decidir es si ratifica lo actuado por Flores o da lugar al desalojo del campo y lo restituye a la viuda de Luis F. Etchevehere y sus tres hijos varones.
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"La jueza debe decidir si revoca y deja sin efecto y restituye el inmueble usurpado en virtud del artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que es sabio porque prevé que en los casos de usurpación los damnificados o el fiscal o querellante pueden solicitar al juez una audiencia y pedir que cese el delito de usurpación, restituyendo el inmueble", dijo Pagliotto a LA NACION.
Para el abogado del exministro Luis Miguel Etchevehere, la jueza "va a resolver en base a derecho y en ese sentido son importantes los folios reales del registro público de la propiedad inmueble, que consignan que desde 1960 Las Margaritas SA detenta la posesión legítima, pacífica e ininterrumpida del campo Casa Nueva".
Ayer, la jornada transcurrió con menos exposición de las partes, tanto desde quienes permanecen afuera del campo, productores rurales que acompañan a Luis Miguel Etchevehere y el resto de su familia, y quienes están dentro del establecimiento, Dolores Etchevehere y los seguidores de Grabois.
El jefe de Operaciones de la Policía provincial, Gustavo Schierloh, dijo que en el lugar hay apostados entre 150 y 200 efectivos para hacer una tarea preventiva, y que "la policía no toma postura por ninguna de las dos partes, sino que cumple las órdenes judiciales".
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Se refirió a la situación de tensión que se produjo días pasados cuando más de una docena de vehículos pretendieron ingresar al campo con víveres para los miembros del Proyecto Artigas, y dijo que ante esa situación acudieron al juez Raúl Flores, que aún estaba a cargo de las acciones judiciales, para que de las directivas respecto a autorizar o impedir el ingreso de comida, bebidas y máquinas para los seguidores de Grabois y Dolores.
"Nosotros -dijo el jefe policial-, bajo orden judicial dejamos ingresar esos alimentos. Revisamos para que no ingrese nada indebido al interior del casco y se hizo un pasamano del personal policial para efectuar más rápido la acción y evitar cualquier inconveniente entre la gente que llevaba los alimentos y los ruralistas. Son medidas que tomamos para evitar circunstancias desagradables y tensión", contó.
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Fuente de la noticia (La Nacion)