La Cámara Nacional Electoral ratifica la apertura de causa contra el intendente de Maipú por presuntos delitos electorales
La Cámara Nacional Electoral ratificó este martes la decisión de procesar a Lorena Andrea Otermín y Matías Rappallini por los sucesos acontecidos en las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019 en el municipio de Maipú, provincia de Buenos Aires.
Ambos investigados enfrentan cargos por los ilícitos de apropiación indebida de documentos de identidad nacionales e inducción fraudulenta a la abstención del voto, tipificados en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral.
Confirmación del procesamiento
Según la resolución, se les imputa haber orquestado la obtención de DNI de electores a cambio de remuneraciones, mediante gestiones municipales, subsidios sociales, alimentos, materiales de construcción y colchones. La mayoría de las personas que se declararon víctimas no recuperaron su identificación antes de la jornada electoral y, por ende, quedaron impedidas de ejercer su derecho al voto.
El documento señala que las conductas investigadas abarcaron actos de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y ofrecimientos ilícitos de dinero, bienes o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, con la intención de retener los documentos y obstaculizar el sufragio o forzar a los electores a apoyar a determinados candidatos.
En sus consideraciones, la Cámara Nacional Electoral subrayó que el objetivo esencial de un sistema electoral democrático es asegurar la libre manifestación de la voluntad soberana del pueblo. Remarcó que el voto constituye la base de la organización del poder y que la Constitución Nacional garantiza su carácter universal, igualitario, secreto y obligatorio.
Asimismo, el tribunal indicó que la acreditación de la identidad es un requisito indispensable para votar, y que el Documento Nacional de Identidad representa una herramienta fundamental para la participación ciudadana y el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.
Por consiguiente, se enfatizó que la finalidad última de la normativa electoral es preservar la integridad del sufragio como fundamento de la representación gubernamental y sancionar cualquier conducta que la comprometa.
Fuente: Ambito.com
