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Cristian Girard avala la Ley Impositiva 2027, que reducirá la patente para el 90 % de los automóviles

El gerente general del Organismo de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, compareció este miércoles ante la Asamblea legislativa bonaerense para exponer los principales efectos de la Ley Impositiva 2027 ante diputados y senadores pertenecientes a distintas bancadas que forman parte de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras. Días antes, el ministro de Economía, Pablo López, había realizado una presentación análoga sobre los lineamientos presupuestarios y la Ley de Financiamiento propuesta por el gobierno de Axel Kicillof para el cierre de su mandato.

El gravamen automotor constituye la novedad más favorable para los contribuyentes. Según la información difundida por ARBA, el 88,6 % de los automóviles experimentará una disminución nominal del impuesto. Se conservan los cinco rangos de alícuotas, que oscilan entre el 1 % y el 4,5 %, y el pago continuará fraccionado en diez cuotas a partir de marzo. Asimismo, se transferirán a los municipios 242.400 unidades modelo 2016, equivalentes a aproximadamente $53.700 millones de la emisión prevista para el próximo ejercicio.

De acuerdo con la presentación de ARBA, el 88,6 % de los vehículos abonará menos en términos nominales.

El inmueble urbano construido sufrirá una actualización promedio del 30,4 %. Los tramos de la base imponible se ajustarán en un 31 % y el impuesto quedará limitado a la inflación acumulada entre noviembre 2025 y noviembre 2026, cifra que rondará ese mismo porcentaje. Según ARBA, el 89,3 % de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000. Los predios baldíos presentarán un alza similar, aunque sin techo máximo, mientras que el inmueble rural registrará un ajuste medio del 29,3 %. En todos los casos, el organismo asegura que las cuotas permanecerán por debajo del índice inflacionario.

En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la tabla de alícuotas no se modificará. Lo que sí cambia son los umbrales de facturación, que aumentan un 31 %, lo que, según ARBA, permitirá que 38.000 pequeñas y medianas empresas accedan a una tasa reducida. La Gobernación argumenta que estos ajustes “acompañan la inflación” y que, en términos reales, no generan una mayor carga tributaria.

El proyecto incorpora un plan de pagos para los recaudadores del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, enfocado en las pymes, que contempla hasta 48 cuotas, descuentos en intereses entre el 20 % y el 60 % y la supresión total de multas y recargos. Asimismo, habilita la reactivación de planes de pago vencidos en todos los tributos, de modo que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas sin intereses por mora.

“Se trata de una norma que consolida los avances alcanzados en materia de progresividad hasta la fecha”, concluyó Girard al término del encuentro. El funcionario subrayó que no se prevén aumentos para ningún contribuyente gracias al techo vinculado a la inflación. Respecto a la patente, explicó que la reducción se debe a la caída de los precios de los automóviles: al no modificarse la tabla, numerosos propietarios pasarán a una alícuota inferior, consolidando la disminución observada este año, cuando tres de cada cuatro titulares pagaron menos.

El diálogo con los legisladores fue, según sus palabras, “muy cordial y fraternal”. Indicó que surgieron dudas sobre algunos números y que ARBA enviará información más pormenorizada. No obstante, puntualizó que, al no implicar un cambio sustancial respecto a 2026, no se registraron “observaciones de gran calado”.

La advertencia más enérgica se centró en la recaudación. Girard pintó un panorama de descenso superior al 10 % en la industria, al 15 % en la construcción y al 7 % en el comercio mayorista y minorista, sectores que representan cerca del 70 % de los ingresos provinciales. “No percibimos señales de reversión; por ello es probable que el próximo año experimentemos una caída pronunciada de la recaudación”, anticipó.

El esquema de pagos vigente, que ya atraviesa su segunda fase y ofrece bonificaciones a quienes liquiden al contado, ha registrado más de 91.000 adherentes entre particulares y empresas. Para el titular de ARBA, esa cifra constituye “un indicador de la complejidad de la situación”: “Cuando resulta difícil cumplir con las obligaciones tributarias, surge un plan de pagos con algún beneficio y la adhesión se dispara”.

El paquete económico

La Provincia estima un gasto total de $58,65 billones para el próximo ejercicio, frente a recursos proyectados en $56,5 billones. La diferencia genera un déficit financiero de $2,15 billones, equivalente al 0,5 % del Producto Bruto Geográfico. Para sus proyecciones, el Ministerio de Economía adoptó los supuestos del Presupuesto nacional: una inflación del 18 % a diciembre 2027 y un tipo de cambio de $1.848 por dólar.

La Provincia prevé un gasto total de $58,65 billones para el año próximo, frente a recursos estimados en $56,5 billones.

Al igual que el año anterior, Kicillof presentó la Ley de Financiamiento de forma separada del Presupuesto. De este modo, la Ley de Leyes puede aprobarse por mayoría simple, mientras que el endeudamiento requiere una votación propia con dos tercios en cada cámara. En la práctica, el acuerdo político se negocia sobre el paquete completo. En esta ocasión, la solicitud de autorización para asumir deuda asciende a pesos equivalentes a USD 1.000 millones, y el Gobierno precisó que se destinará a refinanciar obligaciones vigentes y a continuar con obras de infraestructura.

En el mismo proyecto apareció la novedad que más ha llamado la atención de los legisladores. “Se crea, para el ejercicio fiscal 2027, el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad”, establece el artículo 3. Recibirá el 8 % de los recursos que la Provincia obtenga mediante la emisión de deuda: si se coloca el máximo permitido, los municipios percibirán en pesos el equivalente a aproximadamente USD 80 millones, distribuidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de 2026.

Una vez que el paquete alcance la fase parlamentaria, se anticipa que los reclamos más intensos, tanto dentro del peronismo como en la oposición, girarán en torno a las obras que requieren los municipios y a la necesidad de recursos para los gastos corrientes.

El esquema presenta dos modificaciones respecto al fondo negociado con los legisladores en diciembre 2025, y en esos dos puntos se concentrarán las demandas. Por un lado, la Legislatura buscará que el fondo no quede restringido exclusivamente a la seguridad, sino que pueda destinarse libremente, permitiendo a cada municipio decidir el uso de los recursos. Por otro, se cuestionará la dependencia total del fondo respecto a la contratación de deuda provincial: el fondo actual cuenta con un piso garantizado, de modo que los distritos reciben recursos aun sin endeudamiento. Los legisladores pretenden replicar esa fórmula, con un monto asegurado que brinde a los intendentes previsibilidad para gestionar salarios o impulsar obras de infraestructura.

Se espera que los interlocutores del Poder Ejecutivo con la Legislatura sean los habituales: el diputado provincial Mariano Cascallares, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila.

Fuente: Ambito.com

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