Los magistrados alertan sobre reformas precipitadas y exigen que la normativa se establezca fuera de periodos electorales

El presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y magistrado de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, junto al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, dieron inicio este lunes a la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, coincidendo en que la reforma de las normas electorales exige tiempo y certeza.

El encuentro continuará en la siguiente jornada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en La Plata, bajo el lema “Democracia y elecciones en la era de la transformación tecnológica y política”. En la apertura también participaron la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Valeria Moreno, y la consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Vázquez.

Precauciones de los magistrados electorales

Durante su alocución, Torres solicitó “una prudencia especial” a quienes diseñan, regulan y ejecutan los procesos electorales, tanto desde el Poder Legislativo como desde el Ejecutivo y los organismos electorales, “ante cualquier reforma del sistema”. Aseguró que “las modificaciones en materia electoral pueden ser necesarias, pero deben planificarse con cuidado, explicarse de forma adecuada y aplicarse de manera gradual”.

Advirtió, además, que “las reformas apresuradas, sobre todo cuando se implementan de inmediato tras su sanción, pueden generar incertidumbre, obstaculizar la capacitación ciudadana y sorprender a los actores políticos con nuevas normas o procedimientos”. Según explicó, cuando eso ocurre lo que está en juego no es solo la mecánica electoral, sino la confianza de la población y la integridad del proceso.

El magistrado subrayó que, desde la recuperación democrática de 1983, el sistema electoral argentino ha construido “un activo de gran valor: la confianza ciudadana”. “Independientemente de las diferencias políticas o de la conformidad con los resultados, nuestra reciente tradición democrática no ha registrado cuestionamientos significativos sobre la integridad del proceso electoral ni sobre la legitimidad de origen de los elegidos”, afirmó.

Prosiguió diciendo: “Esa confianza constituye un patrimonio institucional de enorme valor, pues la legitimidad de origen es la base de la gobernabilidad democrática”. Aclaró, sin embargo, que “la confianza no es un recurso inagotable; requiere ser salvaguardada mediante normas claras, administraciones profesionales e instituciones que actúen con independencia, transparencia e integridad”.

Torres recordó que, aunque su carrera no estaba vinculada directamente a la materia electoral, la Constitución le encomendó la presidencia de la Junta Electoral bonaerense. Lo ejerció, explicó, en un año “particularmente exigente”, coincidido con renovaciones de poderes municipales, provinciales y nacionales, incluida una elección presidencial con segunda vuelta. Se resolvieron comicios municipales con márgenes mínimos, como en Pinamar, donde “la diferencia fue un voto”, o en La Plata, donde se definieron por escasos sufragios. Desde esa experiencia, constató que tanto el sistema provincial como el federal “respondieron con solidez institucional”.

En ese contexto, repasó las iniciativas impulsadas por la Junta. Con la Resolución 150, el organismo obligó a todos los partidos y agrupaciones municipales de la Provincia a adoptar políticas activas y eficaces contra la discriminación por sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, salud, características físicas o cualquier otra condición protegida por la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, elaboró un anteproyecto de ley para garantizar el voto de los internos privados de libertad en las elecciones provinciales, un derecho ya vigente en los comicios nacionales pero excluido en la Provincia “por una previsión legislativa anacrónica”.

Torres añadió que la Junta detectó “cientos de precandidaturas ficticias” que no cumplían los requisitos legales y que sólo se presentaban para recibir fondos destinados a la impresión de boletas, lo que evitó “un gasto indebido del tesoro provincial por un monto millonario”. El caso fue remitido a las autoridades competentes y el organismo diseñó un procedimiento técnico para prevenir irregularidades similares. También puso en marcha el proyecto de Expediente Digital Electoral y estableció normas más claras, uniformes y transparentes para la presentación de listas de precandidatos en las primarias. Concluyó valorando jornadas como esta, “espacios de diálogo”.

Por su parte, Ramos Padilla, director del Centro de Estudios en Derecho Electoral que organizó la actividad y titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, rememoró las experiencias compartidas en 2023 y las elecciones desdobladas del año pasado en la Provincia, que resultaron “un éxito pese a los augurios adversos y las complicaciones anticipadas”.

Aseguró que ambas vivencias “demuestran el compromiso de las autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires por fortalecer el sistema democrático”. Solicitó “destinar recursos a la justicia electoral para que, mediante medios tecnológicos, podamos realizar elecciones ordenadas, transparentes y confiables”, al tiempo que planteó la necesidad de concebir el sistema electoral “no como un gasto”.

El juez defendió la democracia como sistema. “Ningún sistema es perfecto; la democracia también tiene sus deudas”, reconoció, pero sostuvo que “es el único mecanismo que permite al ciudadano, a través de un voto informado, participar e influir en las decisiones del Estado”. En ese sentido, advirtió sobre el costo de la desconfianza: si los sistemas electorales están plagados de denuncias de fraude, “no solo se deteriora la legitimidad del proceso electoral y de las autoridades electorales, sino que también se compromete la legitimidad del gobierno”.

Ramos Padilla se refirió al balotaje de Brasil. “Recientemente observamos un proceso electoral en Brasil” que enfrentó enormes dificultades, señalando que las más notorias estuvieron relacionadas con la desinformación y el uso de plataformas digitales para influir en el voto ciudadano. “Ese fenómeno no es nuevo; también ocurrió en Estados Unidos”, comentó, recordando que el propio Donald Trump tuvo un conflicto con Twitter. Añadió que Brasil y Argentina también poseen antecedentes, primero a través de medios audiovisuales y gráficos y ahora mediante redes sociales.

En ese marco, consideró que las primeras palabras de Lula da Silva tras su victoria “podrían ser la mejor introducción de este Congreso”, pues planteó la necesidad de fortalecer el sistema electoral y regular las plataformas para que el voto informado se sustente en principios como “igualdad, verdad y transparencia”.

Respecto a la regulación, admitió que actualmente “no contamos con la capacidad de regular” las plataformas y que el único intento en el país es un acuerdo de cooperación de la Cámara Nacional Electoral. Alertó que el tema aún no despierta el interés institucional y que “no podemos seguir ignorándolo indefinidamente”.

El magistrado también cuestionó el funcionamiento interno de los partidos políticos. “No es aceptable que las candidaturas se definan en lo que se conoce como un pasillo o una mesa chica; deben existir mecanismos democráticos dentro de los partidos”, sostuvo.

Sobre el debate en torno a la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el juez sostuvo que, si se pretende analizarlas desde la óptica del gasto, es necesario evaluar el sistema en su conjunto. Recordó que las PASO también cumplen una función ordenadora: solo los partidos que superaron el 1,5 % de los votos accedieron a las elecciones generales.

“Se intenta introducir el tema del gasto, pero (…) es crucial examinarlo en toda su evolución. Las PASO, al fin y al cabo, ordenan la oferta electoral. (…) Estas primarias también estructuraron la oferta política nacional y solo los partidos con desempeño superior al 1,5 % participaron en las elecciones generales”, puntualizó.

Ramos Padilla concluyó con una petición a los legisladores que asistirán al congreso. “Tanto la Cámara Nacional Electoral como los jueces electorales, lo que siempre solicitamos –no en nombre propio, sino en representación de la ciudadanía– es que estas decisiones se adopten en años no electorales”, afirmó. Explicó que no se trata de “incapacidad para abordar determinadas decisiones”, sino de que “la previsibilidad nos permite planificar procesos electorales más robustos y transparentes”, otorgándoles “mayor legitimidad al proceso electoral”.

La jornada prosigue hoy con un panel sobre la reforma electoral nacional y las perspectivas para 2027, con la participación de los legisladores nacionales Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza), Sebastián Galmarini (Frente Renovador) y Vanesa Siley (Unión por la Patria). A las 16 h, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, formará parte de un diálogo interinstitucional sobre la organización electoral en la Provincia junto a la ministra de la Suprema Corte Hilda Kogan, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y el fiscal de Estado Hernán Gómez. Mañana, la senadora provincial Malena Galmarini presentará la Declaración de Interés Legislativo y se realizará un panel sobre los debates pendientes del sistema electoral bonaerense con la diputada Sofía Vannelli, Diego Garciarena, Guillermo Montenegro y Matías De Urraza.

Fuente: Ambito.com