Santa Fe anuncia subasta inédita de activos confiscados al crimen, con una meta de recaudar hasta 800 millones de dólares
Santa Fe llevará a cabo durante el presente mes una nueva subasta de bienes incautados por actividades ilícitas, que reunirá un inventario de 224 unidades, entre ellas motocicletas, embarcaciones, bicicletas, automóviles y, como pieza destacada, un inmueble. Este constituye el sexto procedimiento de este tipo que se celebra en la provincia desde la asunción de Maximiliano Pullaro en 2023.
Los eventos se efectuarán los 15 y 16 de octubre en la Estación Belgrano, ubicada en la capital santafesina. La organización está a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).
La inscripción, obligatoria para participar, finaliza el 8 de octubre. Hasta la fecha, se han registrado 4 500 interesados. Las cinco ediciones precedentes generaron ingresos por $5 000 millones; para esta ocasión, la Casa Gris anticipa una recaudación entre $700 y $800 millones.
¿Qué activos serán objeto de la subasta?
En la sexta convocatoria de bienes recuperados del delito se ofrecerán 224 lotes, distribuidos de la siguiente manera: 91 motocicletas, 80 automóviles, 2 embarcaciones, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.
Los artículos estarán expuestos en la Estación Belgrano el jueves 15 de octubre, de 9 h a 16 h, y el viernes 16, de 8:30 h a 13 h. La subasta comenzará a las 16 h del mismo día, permitiendo a cada participante adquirir como máximo cinco lotes.
Los precios base se sitúan entre un 30 % y un 50 % por debajo del valor de mercado, ofreciendo un atractivo incentivo para la puja pública.
En el momento del remate, se exigirá el pago de una señal/comisión obligatoria; el saldo restante deberá liquidarse mediante transferencia dentro del plazo administrativo establecido por la agencia, previo a la entrega de la documentación registral.
Santa Fe fue pionera al crear la APRAD, una entidad pública centralizada dedicada exclusivamente al remate de activos decomisados y a la previa matriculación registral de los vehículos, garantizando la seguridad del comprador.
Los recursos obtenidos en estas subastas no se destinan al presupuesto general; la Ley 13.579 asigna los fondos a fines específicos, como el financiamiento de proyectos y políticas asistenciales, centros de prevención y tratamiento de consumos problemáticos, salud mental y el fortalecimiento de escuelas públicas.
Las subastas forman parte de una estrategia más amplia de Santa Fe contra el crimen organizado: no limitarse a detener a los delincuentes o confiscar drogas, sino rastrear el dinero, los bienes y las estructuras financieras de las bandas.
La provincia incorporó la investigación patrimonial como componente de la inteligencia criminal, creando organismos especializados en detectar economías ilícitas, delitos económicos y lavado de activos. La premisa es que la prisión no debe ser el único costo para un miembro de una organización criminal; también es necesario privarlo de su patrimonio.
Hasta la fecha, Santa Fe ha recaudado $5 000 millones en las cinco subastas anteriores.
La iniciativa pone especial énfasis en abogados y contadores que, según los casos investigados, dejan de ejercer una actividad profesional legítima y pasan a colaborar directamente con organizaciones criminales: administran bienes ilícitos, transmiten órdenes, ocultan beneficiarios, utilizan sociedades pantalla o blanquean dinero.
En este contexto, destaca el caso del abogado Iván Carlos Méndez. En abril de 2026, el juez federal de Garantías de Rosario homologó un acuerdo y condenó a Méndez a seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía.
Entre los delitos reconocidos se encuentran la asociación ilícita, el encubrimiento agravado y el lavado de activos agravado por haberse cometido como integrante de una banda.
Al respecto, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, declaró: «No basta únicamente con localizar y confiscar estupefacientes, derribar cuarteles, detener a los ‘soldaditos’ o patrullar las calles».
«Son acciones importantes, sin duda, pero además es necesario seguir la trazabilidad del dinero generado por ese negocio ilícito, identificar a los facilitadores que lo movilizan y convertirlo en bienes aparentemente legales«, agregó.
Concluyó: «Hay que localizar a quien administra el volumen de recursos que permite comprar armas, pagar vehículos y sostener a las bandas narco‑criminales».
Fuente: Ambito.com
