La Corte Suprema de Buenos Aires impulsa su solicitud de autonomía y exige la cobertura inmediata de los puestos vacantes

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires avanzó un paso más en su gestión del presupuesto propio y remitió a la Cámara de Diputados una comunicación solicitando avanzar en la autonomía financiera y la autarquía económico‑financiera del Poder Judicial, iniciativa que había sido anunciada en abril. Simultáneamente, emitió dos resoluciones: una insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a crear numerosos juzgados, tribunales y cámaras, y a nombrar magistrados en organismos que existen legalmente pero permanecen inactivos; la otra impulsa la ampliación del Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Aunque la Corte no confirmó oficialmente la medida, fuentes de la Cámara de Diputados informaron que la solicitud fue ingresada, aclarando que no constituye formalmente un proyecto de ley. Lo recibido es una carta en la que la Corte solicita avanzar hacia la autarquía, y para que el tema sea tratado, la propuesta deberá ser presentada por un legislador o por el Poder Ejecutivo provincial.

Estos movimientos se producen en un contexto delicado. El gobierno de Axel Kicillof debe remitir a la Legislatura en los próximos días el proyecto de Presupuesto provincial para el próximo ejercicio, y el tribunal pretende que el debate sobre la autarquía forme parte de esa discusión. Mientras tanto, la demanda por la cobertura de las cuatro vacantes de la Corte sigue sin respuesta, en medio de las disputas internas del peronismo.

Un tribunal con tres magistrados de siete previstos

Actualmente la Corte cuenta con tan solo tres miembros activos: el presidente, Sergio Torres; el vicepresidente, Daniel Soria; y la jueza Hilda Kogan. Según el recuento realizado por el propio Torres, la primera vacante surgió con el fallecimiento de Héctor Negri en 2020. Le siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud.

Durante la presentación de la iniciativa, ante magistrados, funcionarios, representantes gremiales y académicos, Torres habló sin rodeos. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres cuando deberíamos ser siete. Este tribunal superior se halla, sin precedentes, desintegrado”, declaró. A su lado estaban Soria, Kogan y el procurador general Julio Conte Grand, además de jueces de Casación, miembros de la Cámara y representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El presidente del tribunal puntualizó que han transcurrido 2 292 días desde la primera vacante y casi 800 desde que la Corte quedó reducida. Remarcó que el artículo 146 de la Constitución provincial otorga al Ejecutivo 15 días, a partir de la generación de una vacante, para proponer un candidato al Senado, y contempla la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias si fuera necesario. Ese mandato, sostuvo, “ha sido sistemáticamente desatendido, acumulándose 152 incumplimientos”.

Las repercusiones, explicó, son tanto operativas como jurídicas. “La tarea que correspondería a siete jueces hoy la ejecutamos tres”, afirmó. Dado que el quórum y la mayoría se alcanzan con cuatro votos, la Corte no puede emitir sentencia por sí sola: necesita incorporar un juez ad hoc. El primero en ser llamado es el presidente del Tribunal de Casación Penal y, si no está disponible, se recurre a los demás según el orden establecido. Según Torres, ello genera “mayor dependencia”, retrasos en la circulación de votos y mayores dificultades para lograr mayorías.

“Una corte incompleta merma su capacidad de conducción. Una corte completa refuerza la institucionalidad. Posponer los nombramientos debilita el sistema; adelantarlo fortalece el Estado de derecho”, concluyó. Al final, instó formalmente al Ejecutivo y al Senado a atender “la urgente cobertura de las vacantes” para que la provincia recupere una Corte compuesta por sus siete miembros.

Torres también recordó que el problema no se circunscribe al máximo tribunal: en algún momento las vacantes en todo el sistema judicial bonaerense alcanzaron los 700. Señaló que en 2025 se concretaron 412 designaciones y solicitó mantener esa política en 2026, con el fin de cubrir los más de 200 cargos que aún permanecen vacantes.

Los intereses políticos detrás de las vacantes

Kicillof manifestó su posición en abril, al inaugurar el Polo Judicial de Olavarría. “Para ello necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó aprobar el Presupuesto, la situación con fuerzas de oposición cambiantes y dispersas. Estamos trabajando en la construcción de consensos. Si no se consiguen los apoyos, no se puede avanzar”, declaró el gobernador.

Desde la oposición se ofrece una interpretación distinta. Además de la dinámica legislativa, indican que influyen también las negociaciones internas del oficialismo: Kicillof tendría que pactar con los sectores de Cristina Kirchner y Sergio Massa al menos dos de los cuatro nombres, mientras que los otros dos se repartirían entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza.

En qué consiste la propuesta de autarquía

La iniciativa de autarquía anunciada en abril pretende que el máximo tribunal pueda elaborar su propio proyecto presupuestario, con la participación previa del Ministerio Público. Asimismo, le permitiría fijar el escalafón y las remuneraciones del personal, con la finalidad de acercar los salarios a los de la Justicia nacional: el objetivo es recuperar el 85 % de esa brecha en los primeros tres ejercicios.

“No existe independencia real sin autonomía financiera”, sostuvo Torres al presentar la propuesta. Argumentó que, al depender del Ejecutivo para definir su presupuesto, el Poder Judicial “ve comprometida inevitablemente su capacidad de decidir con imparcialidad”.

Los datos expuestos ilustran la problemática. Históricamente, el Poder Judicial representa entre el 3,5 % y el 4,5 % del gasto provincial, con una tendencia a la baja en términos relativos. El 92 % de su presupuesto se destina a salarios, dejando un margen reducido para infraestructura o tecnología. Y la diferencia salarial con la Justicia nacional supera, en promedio, el 50 %. “El desafío del Poder Judicial no es el exceso de gasto, sino su estructura rígida y la carencia de herramientas para gestionar sus recursos”, subrayó.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la AJB y los colegios de abogados de toda la provincia, un conjunto cercano a 100 000 profesionales vinculados al sistema judicial bonaerense. También cuenta con el aval de la Junta Federal de Cortes (Jufejus) y de los poderes judiciales de más de quince provincias. Se presenta en paralelo con una ley marco de negociación colectiva para los trabajadores judiciales.

Más de sesenta nuevos órganos judiciales

De manera simultánea, mediante la Resolución 2917/26, la Corte solicitó al Ejecutivo y a la Legislatura la creación de más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral. La petición surge de un informe de la Secretaría de Planificación del tribunal, que analizó la cantidad de causas iniciadas y en trámite en los últimos años, las proyecciones demográficas, los cambios procesales y tecnológicos, y las modificaciones del mapa judicial.

En el fuero Penal, la Corte pidió doce nuevos Juzgados de Garantías: uno en Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno‑General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro, y dos en Cañuelas. A ello se suman dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal en La Plata, uno de cada tipo en Junín, y Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes. Asimismo, reiteró la solicitud de una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías de La Matanza y pidió otra para la de Quilmes.

En el fuero Civil y Comercial, ante el aumento de causas de familia, la Corte reiteró la petición de una nueva sala en la Cámara de Apelación de San Isidro. También solicitó un juzgado en La Matanza y dos en Malvinas Argentinas, con competencia sobre los partidos de San Miguel y José C. Paz.

El fuero de Familia concentra la mayor cantidad de requerimientos: tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno‑General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate‑Campana y tres en Escobar. A partir del análisis de la carga de trabajo de los Juzgados de Paz, donde crecieron las causas de familia, el tribunal pidió además crear juzgados del fuero en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy.

En lo Contencioso Administrativo, la solicitud incluye un juzgado en La Matanza, otro en Quilmes y dos en La Plata. En el fuero Laboral se piden nuevos Tribunales de Trabajo en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno‑General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

En cambio, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil la Corte optó por esperar. Con la reciente entrada en vigor del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, la Ley 27.801, considera prudente aguardar el impacto de su aplicación antes de decidir la creación de organismos.

El tribunal subrayó que todas las nuevas unidades solicitadas deben acompañarse de la expansión de la infraestructura edilicia y la asignación de los cargos necesarios, a fin de evitar la sobrecarga de los edificios existentes y la dispersión de inmuebles adquiridos o alquilados.

Juzgados creados que aún no funcionan

La misma resolución exige que se inicien o finalicen los procesos de nombramiento de magistrados para organismos que ya fueron creados por ley pero permanecen inactivos. Entre ellos se encuentran los Juzgados de Garantías de Avellaneda‑Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas, y los Juzgados Correccionales de Moreno‑General Rodríguez y Pergamino. También se incluyen el Tribunal en lo Criminal y el Juzgado de Ejecución Penal de Moreno‑General Rodríguez, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, y el Juzgado Civil y Comercial de Moreno‑General Rodríguez.

La lista se completa con los Juzgados de Familia de Tigre y Berazategui, los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de Moreno‑General Rodríguez y Merlo, y los Tribunales de Trabajo de La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre. La Corte reiteró, además, la solicitud de convocar un concurso para el Tribunal de Trabajo de Mor…

Fuente: Ambito.com