Toledo y un camino que lleva a la quiebra a la tradicional empresa marplatense
La situación de Supermercados Toledo atraviesa un momento de creciente incertidumbre. Aunque la empresa no ha confirmado públicamente una eventual solicitud de quiebra, distintos movimientos vinculados con ella, vienen encendiendo las alarmas entre trabajadores, proveedores y sectores ligados a la firma. El escenario que genera mayor temor es que una posible caída de la compañía deje a unos 1.300 empleados frente a un futuro incierto y con serias dificultades para cobrar sus créditos laborales.
Según reporta el medio local, El Retrato, una de las alternativas que podría evitar ese desenlace sería la aparición de un comprador o inversor que adquiera la estructura comercial y permita mantener la actividad supermercadista, eventualmente bajo otra denominación. Sin embargo, mientras esa posibilidad no se concrete, la sucesión de desprendimientos de activos y la caída de las ventas generan interrogantes sobre cuál será el próximo paso.
Según información que circula en ámbitos vinculados con la empresa, Toledo estaría desprendiéndose de determinados bienes en un intento por reunir recursos y avanzar en la cancelación de obligaciones correspondientes a su antiguo Concurso Preventivo, iniciado en 2006.
La hipótesis que genera mayor preocupación es que la empresa pueda quedar en condiciones de plantear una eventual quiebra argumentando que la fuerte caída de las ventas torna inviable la continuidad de la explotación. Se trata, por ahora, de un escenario posible y no de una decisión formalmente anunciada.
En ese contexto aparece el principal interrogante: ¿qué ocurriría con los trabajadores? La respuesta no es sencilla. La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó aspectos del régimen indemnizatorio y creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el FAL no convierte al Estado en garante automático de las indemnizaciones de una empresa en crisis o en quiebra.
El número permite dimensionar la magnitud del problema es si, a modo de ejemplo, se tomara un salario promedio de $1.500.000 y una antigüedad promedio de 10 años, la indemnización por antigüedad resultaría, en una cuenta simplificada, de unos $15 millones por trabajador. Multiplicado por 1.300 empleados, el monto alcanzaría aproximadamente $19.500 millones.
Esa cifra no representa necesariamente la deuda laboral final, porque deberían analizarse preaviso, integración del mes, salarios pendientes, vacaciones, aguinaldo, topes indemnizatorios y las circunstancias particulares de cada vínculo, sin olvidar que la Ley 27.802 también introdujo modificaciones en el cálculo indemnizatorio. (InfoGEI)
