Empresa vinculada a Donald Trump bajo escrutinio por comercializar acceso anticipado a sus contenidos
El mandatario estadounidense, Donald Trump, vuelve a encontrarse en el centro de una controversia judicial que se ha intensificado recientemente, tras la presentación ante los tribunales de Nueva York del medio The Intercept y la organización Freedom of the Press, cuyo objetivo es impedir la operación de Truth API, una plataforma de suscripción puesta en marcha este mes por Trump Media and Technology Group, la entidad cotizada en el Nasdaq y propietaria de Truth Social.
Dicha herramienta otorga a firmas de inversión la posibilidad de consultar las publicaciones de las cuentas más influyentes de la red antes de que se difundan en el feed público. Aunque la ventaja se reduce a fracciones de segundo, ese intervalo puede bastar para que los algoritmos de alta frecuencia realicen miles de operaciones antes de que el resto del mercado asimile la información.
Truth Social, Trump y los planes de suscripción a las cuentas más influyentes
Los planes de suscripción oscilan entre 60.000 y 100.000 dólares al mes y contemplan el acceso a las diez cuentas con mayor número de seguidores en Truth Social. Entre ellas se incluyen Donald Trump, la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance, el director del FBI Kash Patel y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha incorporado la red social Truth como parte esencial de su estrategia de comunicación oficial, publicando allí anuncios relativos a la economía y a conflictos bélicos.
En la presentación de resultados del lunes, el director ejecutivo interino Kevin McGurn admitió que los suscriptores reciben las noticias con una ligera ventaja temporal respecto al público general. La compañía describió Truth API como un canal en tiempo real para obtener las publicaciones de mayor repercusión en los mercados.
Trump posee alrededor del 41 % de Trump Media and Technology Group a través de un fideicomiso revocable gestionado por su hijo mayor, Donald Trump Jr. Dicha participación está valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Los demandantes argumentan que los comunicados oficiales son información de dominio público y no deberían estar reservados para quienes puedan pagar por obtenerlos antes que el resto.
Fundamentos de la acción legal contra la empresa de Trump
La demanda señala como responsables a Donald Trump, al adjunto de gabinete Dan Scavino, a la asistente ejecutiva Natalie Harp y a la Oficina Ejecutiva del Presidente, calificando el acuerdo como “extremadamente corrupto”.
Los demandantes sostienen que Truth API infringe la Primera Enmienda al crear un acceso desigual a los comunicados presidenciales, y alegan que viola la Quinta Enmienda al condicionar dicho acceso a pagos que consideran desproporcionados.
Se alega además que Trump emitió entre 9.000 y 11.000 mensajes desde enero de 2025, muchos de los cuales no fueron acompañados por un comunicado oficial de la Casa Blanca. “Trump está intentando lucrarse mediante la privatización de información gubernamental”, sostuvo el editor jefe de The Intercept, Ben Muessig.
Desde Trump Media responden que las críticas revelan una falta de comprensión sobre la distinción entre datos públicos y no públicos, y acusan a activistas de izquierda de emplear el sistema judicial como arma. La Casa Blanca no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto. El caso cobró relevancia después de que los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaran el mes pasado a la Comisión del Mercado de Valores que evaluara si Truth API compromete la integridad de los mercados.
La acción legal se centra en un mecanismo que, según sus autores, no se originó con el lanzamiento de la suscripción. En varios episodios del presente año, los mercados de futuros mostraron ráfagas inusuales de actividad minutos antes de que anuncios críticos vinculados a la guerra con Irán aparecieran en la cuenta de Donald Trump.
Fuente: Ambito.com
