Colombia: condenan a 20 años a un excoronel por asesinatos de civiles presentados como bajas en combate
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó este viernes a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía, al considerarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. La sentencia lo responsabiliza por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados de manera fraudulenta como combatientes muertos en enfrentamientos.
El fallo fue dictado por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que resolvió imponerle una sanción ordinaria de privación efectiva de la libertad, la más severa dentro del esquema del tribunal.
Un fallo histórico contra un alto mando militar
Mejía estuvo al frente del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, en el departamento del Cesar, una unidad militar señalada por su participación en ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Esta práctica consistía en asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros abatidos para obtener reconocimientos, ascensos y beneficios institucionales.
Se trata de un fallo sin precedentes dentro de la JEP, ya que es la primera condena de este tipo contra un alto mando del Ejército que no aceptó los cargos formulados por el tribunal.
A diferencia de otros militares involucrados en la misma causa, que reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones restaurativas sin cárcel, Mejía se negó a admitir los hechos. Esa decisión derivó en la apertura de un juicio ordinario y en la imposición de la pena máxima prevista, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario común.
La sentencia, que supera las 1.100 páginas, también ordenó la captura inmediata del exmilitar, le negó beneficios como la prisión domiciliaria o cualquier modalidad alternativa de cumplimiento de la pena y le prohibió salir del país sin autorización judicial.
Según lo acreditado en el proceso, los crímenes ocurrieron entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira. El tribunal sostuvo que las ejecuciones respondieron a patrones de macrocriminalidad, que incluyeron la coordinación entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como el asesinato de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Entre las víctimas se identificaron campesinos, menores de edad y miembros del pueblo indígena kankuamo. De acuerdo con registros oficiales de la JEP, el fenómeno de los ‘falsos positivos’ dejó al menos 6.402 personas asesinadas en Colombia, uno de los episodios más graves del conflicto armado.
El juicio contra Mejía se inició en septiembre de 2024 en Valledupar y estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano que cumple funciones de fiscalía dentro de la JEP, que desde el comienzo solicitó la condena máxima. Durante el proceso, el excoronel negó las acusaciones y se definió como un “soldado de honor”, postura que fue cuestionada por la UIA y por las organizaciones de víctimas.
